El peligroso mensaje del TEPJF

En México, el Tribunal Electoral del Poder Justicia de la Federación (TEPJF) tiene el poder de revertir o anular los resultados de una elección. ¿El problema? A los siete magistrados que lo conforman parece encantarles la cercanía con el poder político en turno.

Y es que no solo se trata de la decisión tomada este jueves por el Tribunal, en la que se revoca el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el cual se imponían limitaciones a las expresiones del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, giras y eventos durante el proceso electoral en marcha. El historial de cercanía de los jueces electorales con los actores políticos más importantes del momento no es nueva.

Según refiere el diario El País es un detallado recuento de la historia del TEPJF, este órgano enfrenta actualmente escándalos de corrupción y acusaciones de conflictos de interés “que debilitan la principal fortaleza de un juez, su independencia”. De acuerdo con el medio de origen español, la credibilidad del presidente del tribunal “está en entredicho pues enfrenta señalamientos de enriquecimiento inexplicable. Además, durante los dos últimos años, los magistrados han inclinado aún más la balanza de cercanía partidista con contrataciones de exfuncionarios muy cercanos a la administración de Enrique Peña Nieto”.

“La mayoría de sus integrantes ha dictado sentencias insostenibles en términos jurídicos y que evidencian una clara subordinación al poder en turno”, señala Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, en entrevista con ese medio.

Porque razones para sospechar, hay suficientes. Por ejemplo, el hecho de que siete días después de que López Obrador jurara el cargo como Presidente de la República en 2018, un grupo conformado por Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia; Arturo Zaldívar, juez de la Suprema Corte y quien semanas después se convertiría en titular del Poder Judicial, y un senador de Morena, se reunieron con la entonces presidente del TEPJF para buscar que Janine Otálora invalidara las elecciones de gobernador de Puebla de julio, donde el PAN se había impuesto a Morena por un margen sumamente cerrado. Y aunque Otálora no favoreció los intereses de Morena en torno a la elección de Puebla, la magistrada renunció a la presidente del tribunal el 23 de enero de 2019. Reconocía el inicio de “una nueva época”, en la cual daba un paso atrás para “adaptarse a los cambios”. Su lugar fue ocupado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien llegó al cargo en la misma fecha que Otálora pero impulsado por la bancada del PRI en el Senado.

Según refiere el diario, la llegada de Fuentes Barrera aceleró un reordinamiento al interior del organismo. De acuerdo con documentos revisados por El País, en tan solo 18 meses el presidente interino Fuentes Barrera dispuso cambiar al 51 por ciento del personal de la institución. La mayoría de los 798 movimientos de personal fueron ajustes de mandos medios y superiores.

Muchos de los perfiles elegidos por Fuentes Barrera tienen vínculos con grupos políticos -destaca el medio-, sobre todo con el PRI. Incluso, en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto propuso a Fuentes Barrera en una terna para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. La vacante fue ocupada por el polémico Eduardo Medina Mora, quien renunció a su prestigioso puesto luego de verme inmerso en una trama de presunta corrupción. 

“Esta es una de las muchas caras de la partidización del Tribunal. Es gravísimo para un tribunal que debería ser y parecer lo más independiente posible respecto de los partidos”, consideró el académico Javier Martín Reyes, quien se desempeñó como asesor de Otálora dentro del tribunal.

Otros personajes de cuestionable procedencia que fueron aprobados por Fuentes Barrera son Gabriela Chágary Lammel como directora general de Relaciones Institucionales y Vicente Barrera Rodríguez como asistente del coordinador general de asesores. Antes de llegar al Poder Judicial, ambos pertenecieron al equipo de comunicación de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, Luis Raúl Flores Arreola fue designado jefe de unidad en la Dirección General de Sistemas. En el gobierno de Peña Nieto, Flores fue el secretario particular de Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública (SFP) y Fiscal General durante la administración priísta.

Pero los vínculos no son solo con el PRI. En 2020, María Creel Garza Ríos, hija de Santiago Creel, quien fuera secretario de Gobernación del presidente Vicente Fox, fue dada de alta como dictaminadora dentro de una secretaría administrativa.

¿Ahora con Morena?

Hoy, las decisiones más recientes del TEPJF han favorecido al poder en turno y el presidente lo aplaudió.

«Celebro que el Tribunal Electoral haya tomado esa resolución de que no se limite, no se censure esta conferencia mañanera, según entiendo en ese sentido va la resolución del Tribunal; actuaron bien”, declaró este jueves.

Eso sí, de acuerdo con el mandatario, eso no significa que le estén dando por lado, sino que finalmente están “actuando con libertad”.

“Celebro que las instituciones vayan actuando con libertad, con independencia”, comentó. “Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos para que no se piense que son empleados del presidente como era antes, no los conozco”. El que ya los conoce –de acuerdo con fuentes consultadas por El País– es su asesor jurídico, Julio Scherer.