El negocio de Sedena y el “Señor de los Buques”

¿Qué pasó?

• La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió en diciembre de 2019 con Ecocarburante SA de CV un contrato por hasta 496 millones de pesos para el suministro de 27 millones de litros de diésel automotriz ultra bajo azufre destinado a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

• Esto ocurrió a pesar de que un oficio del coronel Alberto Pérez Valenzuela documentó incumplimientos en los plazos de entrega que generaron desabasto y retrasos en la obra; la Sedena otorgó en 2020 un segundo contrato directo por 12.9 millones de pesos para 180 mil litros mensuales, así como una modificación al primero en abril de ese año, evidenciando la prisa por asegurar el suministro aún tras las fallas iniciales.

• Una investigación de MCCI demostró que Ecocarburante forma parte de una intrincada red empresarial de “huachicol fiscal” que incluye a Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes. Mediante actas notariales y documentos internos se verifica que estas firmas comparten apoderados y accionistas: por ejemplo, Miguel Castellanos Cruz representó tanto a Ecocarburante como a Mefra Fletes, empresa transportista propiedad de Roberto Blanco Cantú -alias ‘Roberto Brown’- vinculado a mega decomisos de 18 millones de litros en Baja California y Tamaulipas y señalado como “El Señor de los Buques” por su papel en el trasiego de combustible.

• El entramado societario se consolida con la participación de Eric Daniel Zamora Delgadillo, copropietario de Ecocarburante e investigado por presunta evasión fiscal por 632 millones de pesos, y con la inyección de 175 millones de pesos de Impulsora de Productos Sustentables al capital de Ecocarburante, lo que concentró el 81 por ciento de las acciones en Edgar Marín Meza Moreno (copropietario de Impulsora) y dejó el 19 por ciento restante a Zamora Delgadillo.

¿Por qué importa?

• Este flujo de recursos refuerza el señalamiento de que una entidad castrense ha contratado al último eslabón de una cadena criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

• Un paralelo claro se observa con el esquema del “huachi-diésel” documentado por Código Magenta, en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su subsidiaria privada CFEnergía contrataron a empresas vinculadas a la red Bartlett-Abdalá para el abasto de diésel de contrabando.

• En ambos casos, una entidad pública se convierte en el cliente final de una red que comienza con el desvío de combustible en ductos o buques tanque y culmina con su entrega a instituciones del Estado, legitimando así un negocio ilícito.

El contexto:

• El trasfondo de estos contratos cobra mayor relevancia en el contexto de los recientes decomisos federales de hidrocarburos: a finales de marzo la Fiscalía General de la República confirmó que, en operativos simultáneos en Tamaulipas y Baja California, se aseguraron más de 18 millones de litros de gasolina y diésel, transportados por vehículos vinculados a Mefra Fletes y bajo la cobertura de empresas fachada.

• Autoridades de inteligencia señalan que estas redes operan con el respaldo logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha diversificado sus ingresos hacia el huachicol fiscal y el contrabando marítimo.

• El gobierno federal ha intensificado una política de presión a la industria multimillonaria del huachicol fiscal. El pasado fin de semana (28 y 29 de junio de 2025), el gabinete de seguridad federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, llevó a cabo dos operativos de gran envergadura que complementan los recientes decomisos de marzo y ponen de manifiesto la sofisticación de estas redes criminales.

• En un operativo simultáneo en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión y 12 cateos que culminaron con la detención de 32 presuntos integrantes de una organización dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. Entre lo asegurado destacan 12 inmuebles utilizados como centros de operación, 14 contenedores tipo tanque, 48 vehículos (incluyendo tractocamiones y pipas), armamento de alto poder, cajas de medicamentos controlados y 16 millones de pesos en efectivo. Incluso se rescataron especies exóticas que quedarán bajo resguardo de la Profepa, evidencia del alcance financiero de la red.

• De manera paralela, en Saltillo, Coahuila, el 29 de junio, un cateo conjunto de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Coahuila desmanteló un predio usado como bodega de combustible ilícito en Saltillo. En el sitio se localizaron y aseguraron casi 2 millones de litros de hidrocarburos -entre gasolina y diésel- almacenados en 20 pipas, siete bombas, tractocamiones y contenedores diversos. Además, se detuvo a 11 personas presuntamente responsables del acopio y distribución del combustible ilegal.

• Este fenómeno no es exclusivo de México. En mayo de 2025, FinCEN emitió una alerta sobre esquemas de contrabando de crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos, donde cárteles mexicanos utilizan empresas pantalla para exportar petróleo robado de Pemex hacia refinerías estadounidenses, generando miles de millones de dólares en ganancias ilícitas y alimentando la violencia y la corrupción transnacional.

• La contratación de Ecocarburante por parte de Sedena ejemplifica cómo la última etapa de esa cadena -la entrega formal del producto robado a un organismo público- opera como pieza clave para cerrar el ciclo del huachicol y legitimar sus ganancias.