El narco Estado impone su Ley

A quien le quedara la mínima duda de que el régimen de la Cuarta Transformación es un narco Estado, un gobierno desplazado o un gobierno en colusión con el crimen organizado, que se asome a lo que sucedió este fin de semana en Michoacán.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, conmocionó a México. Munícipe independiente, sin partido, y muy querido por sus gobernados, buscaba recuperar para su terruño el Estado de Derecho. Clamaba por el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, para frenar a los cárteles que, desde las montañas aledañas, aterrorizaban a Uruapan; pero ese llamado jamás se escuchó en Palacio Nacional.

El asesinato de Carlos Manzo se dio en plena plaza pública, en medio del festejo del Día de Muertos, cuando el alcalde de Uruapan celebraba con su familia, con sus conciudadanos. Los sicarios buscaban dejar claro el mensaje: ‘los dueños del territorio somos nosotros, los capos, no el gobierno. Y aquel que no nos respete, correrá esa misma suerte’.

Vergonzoso para el cada vez más evidenciado Ejército mexicano el presumir que se le habían asignado al alcalde 14 elementos de la Guardia Nacional. ¿Dónde estaban al momento del magnicidio? Cómo tampoco inhibieron al asesino los policías municipales que tenía para su protección.  Entre todos los uniformados no se hizo uno, quizás porque muchos de ellos despachaban en la acera de enfrente, cooptados por la cartera de quien mandó asesinar a su jefe.

El viernes fue ultimado en el mismo Michoacán -en La Ruana- Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, el líder de las autodefensas michoacanas, quien también fue victimado por los cárteles en 2023. Entraron a su domicilio, y los acribillaron a él y a su esposa.

Lo que se confirma con estos asesinatos es que Michoacán es un territorio totalmente en control de los cárteles. Ahí mismo, en Michoacán, fue asesinado el pasado 20 de octubre Bernardo Bravo Manríquez, el líder de los limoneros de Apatzingán, quien venía reclamando el cobro de piso que el crimen organizado exigía por sus cosechas. Lo silenciaron, al igual que a Carlos Manzo.

Trágico y al mismo tiempo triste es el panorama en el que lo más que alcanzará a balbucear hoy en su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, será que “ya se integró una carpeta de investigación”, que este asesinato “no quedará impune” o “ya les explicará mañana Omar García Harfuch”.

Para nadie es un secreto que la inquilina de Palacio Nacional no tenía en buena estima al alcalde Carlos Manzo. No le gustaba a la presidenta que el munícipe le reclamara mayor acción contra los cárteles, frente a tanta tolerancia oficial. Catorce horas tardó la jefa del Estado mexicano en subir a sus redes sociales las condolencias a la familia del malogrado alcalde. Fue más pronta la reacción del gobierno norteamericano, en un mensaje por redes del subsecretario de Estado, Christopher Landau, que la penosa y muy tardía reacción de la inquilina de Palacio Nacional.

Como tampoco era un secreto el enfrentamiento entre el alcalde independiente, Carlos Manzo, y el gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien el victimado acusaba de tratos con el crimen organizado.

Y no es para menos, las estadísticas la delatan. Con la muerte de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya carga sobre sus espaldas la muerte de 10 presidentes municipales que han sido asesinados en su primer año de gobierno. Casi uno mensual.

El 6 de octubre de 2024 fue ultimado Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo.

El 15 de octubre de 2024 le tocó el turno a Román Ruíz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, en Oaxaca.

El 15 de diciembre de 2024 le quitaron la vida a Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, en San Luis Potosí.

La racha del 2025 se inició el 15 de mayo con el asesinato de Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, en Oaxaca.

Y el 2 de junio se dio la muerte de Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, en Guerrero.

A Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en Michoacán, la victimaron el 3 de junio.

Y dos días después, el 5 de junio, fue asesinado Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, en Michoacán.

El 21 de junio fue ultimado Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, en Guerrero.

Y el 20 de octubre le tocó el turno a Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, en Hidalgo.

El décimo alcalde victimado en lo que va de este gobierno fue Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre.

Después de este pasmo del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿les quedarán ganas a los ciudadanos decentes de salir a buscar un puesto de elección popular?

Quizás la pasta de la que estaba hecho el movimiento de justicia del alcalde Carlos Manzo lo describió mejor que nadie ayer -en la misa de cuerpo presente- su viuda Grecia Quiroz García, quien lejos de bajar la guardia reiteró: “El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México. Al único que se atrevió a levantar la voz. Al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy”.

Ese mensaje debe calar hondo, porque el asesinato de Carlos Manzo sólo viene a confirmar que los mexicanos estamos huérfanos -todos- de autoridades limpias y competentes, porque carecemos de un gobierno que reclame para sí el monopolio de la violencia, que por desgracia ya le arrebataron aquellos criminales que les llenaron los bolsillos a policías, militares, jueces, pero sobre todo, a quienes les aportaron lo suficiente en sus  campañas electorales como para jamás preocuparse por ser molestados ni con el pétalo de una indagatoria.

Por cierto, ¿qué pasó con las investigaciones sobre el asesinato de los dos funcionarios cercanos a Clara Brugada? ¿Por qué se silenció desde el más alto mando todo lo relacionado con el escándalo de Adán Augusto López y “La Barredora”? ¿Por qué ya no sabemos más de los almirantes huachicoleros y de su tío el ex secretario de Marina, Rafael Ojeda?

Lo dicho, se le dedica más tiempo a perseguir a un empresario que rechaza pagar la extorsión que le aplican desde Hacienda o a un disidente al que se le condena en la mañanera por una disputa civil entre particulares, que a resolver lo verdaderamente importante. Y eso pasa por responder la única pregunta que hoy es importante: ¿Quién gobierna México? 

Que alguien le responda esa pregunta al pequeño hijo de Carlos Manzo, el que sostenía en sus brazos, minutos antes de ser abatido.