El monopolio de la virtud

La Cámara de Diputados fue, una vez más, el escenario de una trifulca legislativa. Ahora le tocó el turno al debate de la eliminación de los donativos deducibles para las organizaciones de la sociedad civil (la discusión para crear un nuevo “monopolio”).

Se dio en la discusión sobre las modificaciones al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que pretende cancelar la excepción en materia de donativos deducibles a cerca de 10 mil organizaciones de la sociedad civil.

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador detecta un lunar urgente de extirpar en la pantorrilla, una preocupación legítima.

Pero lejos de proponer una pequeña cirugía ambulatoria para extirpar lo afectado, decide amputar la pierna. La vida del paciente está en riesgo.

Uno de esos ejemplos, mal operados, es el de la cancelación del llamado Seguro Popular, para abrirle paso al llamado Instituto Nacional del Bienestar, el famoso Insabi. Una operación mayor que está muy lejos de lograr las metas que prometió.

Ahora le toca el turno a la iniciativa para cancelar los donativos de particulares -nacionales y extranjeros- a cualquier organización de la sociedad civil.

Estamos hablando de cerrar la llave a la filantropía privada, a los apoyos económicos que empresas y personas físicas les otorgan a organizaciones, que ayudan lo mismo a fundaciones educativas y asistenciales que no tienen acceso o no reciben fondos públicos suficientes y que se ven obligados a extender la mano hacia los particulares para fondear su ayuda al prójimo.

Incluya en esta lista a la Cruz Roja, al Teletón, a las fundaciones asistenciales para hospitales, escuelas y universidades -como la Fundación UNAM y o el Politécnico- o las fundaciones empresariales que apoyan causas muy dignas, como la Fundación Alfredo Harp, por citar un ejemplo.

Los donativos, con recibo deducible, actualmente están regulados por el SAT y tienen un tope del 7 por ciento de los ingresos acumulables para personas físicas, y el mismo 7 por ciento sobre su utilidad fiscal en las personas morales.

Para que se tenga una idea, en 2019, las deducciones por ese tipo de donativos a la filantropía alcanzaron los 19 mil 821 millones de pesos.

Eso es apenas un dos por ciento de los 955 mil millones de pesos que Hacienda deja de recibir por beneficios fiscales de ley, exenciones autorizadas, deducciones reglamentadas y regímenes especiales.

Estos donativos que se buscan cancelar tienen como destino 9 mil 366 organizaciones civiles, que tienen autorización de Hacienda para extender recibos fiscales, con lo que se aceita la maquinaria de la asistencia social para beneficio de millones de mexicanos.

Gracias a esos donativos se pueden otorgar decenas de miles de becas en todos los niveles de educación, se puede reforzar la investigación en universidades o en hospitales, edificar, dar asistencia social a quienes menos tienen -comedores, clínicas populares, o incluso edificar y operar museos-, o promover actividades ecológicas y de especies en extinción.

Sin duda que, como en todo, deben existir abusos tanto entre aquellos que aportan y que reciben un deducible, como aquellos que reciben el donativo y extienden esos recibos.

Pero eso no justifica se cancele todo el aparato nacional de filantropía para que sea el Gobierno el único ente autorizado para otorgar esa ayuda (llámese monopolio).

Tomen como ejemplo uno de los organismos asistenciales que serían lesionados al aprobarse la nueva ley. Se trata de la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, un renglón torcido dentro del gobierno de la Cuarta Transformación.

Si por confesión propia del sector salud son incapaces de surtir de medicamentos al 75 por ciento de esos niños con cáncer, ¿por qué impedir que organizaciones privadas de la sociedad civil le alleguen recursos a esa organización humanitaria, que busca resolver -aunque sea en parte-, lo que por falta de recursos, incapacidad o ineptitud el gobierno no puede cumplir?

Lo cierto es que esta iniciativa, que viene de una legisladora de Morena, pero que es ampliamente apadrinada por el presidente López Obrador, tiene un curioso origen.

Simplemente, el inquilino de Palacio Nacional busca frenar los donativos que vienen del extranjero a organizaciones de la sociedad civil que él considera son financiamientos políticos para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero la novedad es que esos organismos internacionales que aportan recursos a ONGs mexicanas no exigen recibo de deducibilidad. No lo necesitan. Con o sin cancelación del recibo deducible, continuarán apoyando a esas causas.

Pero por ese prurito de que los donantes son presuntos enemigos del gobierno en turno, la absurda decisión es cancelar todo -lo bueno y lo malo- asumiendo que todos los mexicanos que buscan hacer filantropía tienen oscuras intenciones.

Estamos en pleno debate de la recreación de un monopolio para el manejo de la energía eléctrica, cuando se destapa una nueva discusión, ahora para crear el monopolio de la virtud.

¿De verdad creerá el presidente López Obrador, que solo su gobierno tiene el derecho a monopolizar la asistencia social?

¿Los buenos de aquel lado y los malos de este lado?

¿O es que no quiere competencia a sus programas clientelares con los que busca afianzar la victoria de Morena en el 2024?