El Mensaje Landau

Cuando Christopher Landau habló el martes ante el Council of American Ambassadors, sus declaraciones sobre el México en el que fue embajador por dos años sacudieron a la muy selecta audiencia diplomática.

Lo menos que dijo quien hasta hace unas semanas fue el enviado de Washington en nuestro país es que Andrés Manuel López Obrador es un presidente pasivo ante los cárteles de la droga. 

Peor aún, el embajador Landau dijo que, ante la inacción del gobierno de la Cuarta Transformación, el 40 por ciento del territorio mexicano está ya bajo el control de algún cártel.

Y en una metáfora que se escucha por primera vez, el embajador Landau consideró que el presidente López Obrador ve el combate al narcotráfico como una distracción que compara con la guerra de Vietnam en los 60. Nada se gana combatiendo.

El embajador Landau puso como ejemplos el “momento terrible” en el que el gobierno de la Cuarta Transformación capturó a Ovidio Guzmán y lo dejó en libertad porque el Ejército mexicano fue superado en armas.

Y también el ataque descarado, en el corazón de la Ciudad de México, contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch. “Para mi sorpresa, el gobierno central mexicano básicamente no hizo nada”, dijo el embajador Landau.

Quien vea en esas duras declaraciones una opinión casual, está equivocado. Un hombre de Estado como el embajador Landau lanzó esos pronunciamientos como vocero no oficial desde Washington, ante esa selecta audiencia diplomática internacional, para enviar un mensaje muy directo al gobierno mexicano.

Y ese mensaje tiene que ver con la alarma que está provocando en los círculos militares, y de la inteligencia norteamericanos, la creciente influencia del narcotráfico en México y sus potenciales efectos en los Estados Unidos.

Las severas, pero muy realistas posturas del embajador Landau se dan en los mismos días en que el gobernador de Texas, Greg Abbott demandó que los cárteles de la droga en México sean calificados oficialmente como “terroristas”.

Ello, considerando que comercian no solo con drogas y armas hacia territorio norteamericano, sino que trafican sexualmente con mujeres y niños, asesinando incluso a personas inocentes.

La calificación de “terroristas” para los cárteles mexicano no es un asunto semántico. Si los narcotraficantes mexicanos son definidos oficialmente como grupos “terroristas”, ese solo hecho le daría al gobierno norteamericano todo el derecho -de acuerdo a sus políticas internacionales- de operar e intervenir directamente en territorio mexicano.

Si a las declaraciones del embajador Landau, de que el gobierno mexicano está impávido, congelado frente a los embates de los cárteles, se le suma la petición del gobernador Abbott de etiquetarlos como “terroristas”, el camino está preparado para justificar acciones directas de los norteamericanos en nuestro país.

Seríamos un equivalente a una Angola, Afganistán, Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria, donde fuerzas armadas norteamericanas combaten a los grupos terroristas que estima ponen en riesgo la seguridad de los norteamericanos.

Si sumamos la creciente alarma en los Estados Unidos por los crecientes envíos desde México de Fentanilo, la droga sintética más letal, el asunto de los cárteles trasciende de una crisis de seguridad a una crisis sanitaria, que cobra anualmente la vida de unos 70 mil norteamericanos.

La queja del gobierno norteamericano es que en el combate a esta nueva droga -que desplaza por precio y por facilidad de manejo a la marihuana, la cocaína e incluso la heroína-, es una misión que si no es enfrentada por el gobierno mexicano, serán los norteamericanos los que vengan a poner en orden los puertos por donde se trafican los precursores para fabricarla.

Desde Palacio Nacional, pasando por la Cancillería mexicana, por el Ejército y por la Marina, los mensajes del embajador Landau y del gobernador Abbott deben de ser tomados con extremo cuidado.

Son, sin duda, la antesala de un aviso de una potencial intervención directa, si el gobierno de la Cuarta Transformación insiste en su absurda e irresponsable estrategia de “dejar hacer y dejar pasar” todo lo que en México haga el crimen organizado.