El intermediario que conectó a la familia Jensen con el CJNG

¿Qué pasó?

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos fortaleció su caso contra la familia Jensen, acusada de introducir ilegalmente 4,170 cargamentos de crudo robado a Pemex entre enero de 2018 y enero de 2025, operación que habría generado 300 millones de dólares y que ahora se procesa también como apoyo material a una organización terrorista: el CJNG.

• De acuerdo a información obtenida por el diario El País, la pieza que faltaba era un intermediario: un testigo colaborador identificado como CI-1, ex empresario petrolero con base en México, que fungió como bróker entre los Jensen y la cúpula del CJNG encargada del negocio del huachicol, en particular Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, y César Morfín Morfín, “Primito”, ambos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro. 

• CI-1 colabora con la DEA desde mediados de 2024. Bajo estatus de testigo protegido, entregó detalles del esquema: control de carreteras, cobro de extorsiones en nombre del CJNG y sobornos a funcionarios federales, estatales y locales para permitir el traslado de combustibles robados. 

• Como parte de la operación encubierta, el testigo se reunió con James y Maxwell Jensen en un restaurante de Dallas, en abril de 2025, portando micrófonos. Allí les habló explícitamente de su relación con el CJNG y mencionó por nombre a sus líderes, pocas semanas después de que el presidente Trump clasificara al cártel como “organización terrorista”, elemento que los fiscales usan para argumentar que los Jensen sabían con quién hacían negocios. 

• La causa penal se inscribe en la llamada Operación Muerte Líquida, un esfuerzo multiagencia (DEA, FBI, Departamento de Seguridad Interior, Departamento del Tesoro y otras oficinas federales) para perseguir el contrabando de crudo robado a Pemex por redes ligadas al CJNG.

• ¿Por qué importa?
• El caso Jensen marca un precedente jurídico: el Departamento de Justicia lo describe como el primer expediente que etiqueta la operación de huachicol fiscal como “apoyo material para una organización terrorista”, elevando el costo penal y político para empresas que participen -incluso indirectamente- en cadenas de suministro contaminadas por crudo robado. 

• La investigación muestra que el negocio del robo de combustibles ya no es sólo un delito de orden local: está montado sobre estructuras empresariales y financieras en Estados Unidos -compañías como Arroyo Terminals LLC y Maxim Crude Oil LLC, cuentas en bancos estadounidenses y corporaciones de papel- que permiten lavar y reciclar ganancias del crimen organizado mexicano.

• La contundencia de la respuesta estadounidense -acusaciones por terrorismo, decomiso de activos, coordinación multiagencia- contrasta con la debilidad de la persecución en México: pese a las alertas sobre pérdidas millonarias en Pemex y la identificación de líderes huachicoleros, en el lado mexicano predominan decomisos aislados y escasas sanciones a funcionarios y empresarios, lo que exhibe un déficit estructural de Estado de derecho. 

Los detalles:

• Antes de convertirse en operador del CJNG, CI-1 era -según los documentos- un “legítimo y prominente empresario” del sector energético, que pagaba alrededor de 2,000 dólares por tanque a distintos cárteles para poder mover combustibles en México. Con el tiempo, asumió un rol activo: tomó control de tramos carreteros y se encargó de recaudar extorsiones para el CJNG, recursos que usaba para sobornar autoridades. 

• El testigo detalló un mecanismo sistemático de fraude aduanero: agentes aduanales mexicanos falsificaban documentos para exportar crudo robado como si fueran “desechos” o “aceite residual”, lo que permitía eludir regulaciones e impuestos en la frontera. No se trata sólo de una familia de empresarios, sino de una cadena institucional de corrupción binacional. 

• CI-1 declaró que el petróleo contrabandeado era sustraído a Pemex con la colaboración de funcionarios corruptos de la propia empresa, y señaló que, además de los Jensen, identificaba al menos a otra compañía estadounidense que compraba sistemáticamente crudo robado, cuyo nombre aparece omitido en los documentos judiciales. 

• Las declaraciones del testigo no sólo conectan a los Jensen con “El Tanque” y “Primito”: también trazan un mapa de mandos del CJNG ligados al huachicol, al mencionar a Héctor Álvarez Álvarez (El H), Carlos Roel (Chuy 7), así como a operadores conocidos solo por sus alias “El X”, “Nareda” y “Chimuelo”, lo que amplía el alcance potencial de futuras acusaciones y sanciones. 

• Registros corporativos muestran que Maxim Crude Oil LLC y otras entidades relacionadas con la familia Jensen se domiciliaron en Texas y quedaron vinculadas en documentos oficiales a Zachary G. Jensen y otros miembros del clan, ilustrando cómo estructuras empresariales aparentemente ordinarias fueron usadas como vehículos para mover y almacenar el crudo robado. 

El contexto:

• El llamado huachicol fiscal abarca desde la extracción clandestina de hidrocarburos y su adulteración, hasta su contrabando y subdeclaración en aduanas. Estimaciones recientes sitúan en unos 9,000 millones de dólares anuales la pérdida para la Hacienda mexicana por este fenómeno, que combina crimen organizado, evasión tributaria y corrupción institucional. 

• Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro advierten que cárteles como el CJNG, Sinaloa, Golfo y Familia Michoacana han convertido el robo de crudo en una fuente central de financiamiento, abasteciendo un mercado negro transfronterizo que golpea por igual las finanzas de Pemex y de empresas energéticas estadounidenses. 

• La administración de Donald Trump designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, lo que abrió la puerta a cargos por “apoyo material” al terrorismo y a decomisos agresivos de activos. El caso Jensen capitaliza ese marco: los fiscales alegan que los flujos de dinero y crudo entre la familia y el cártel equivalen a financiamiento directo de una organización terrorista.