El indebido proceso

No hay defensa posible. Y tampoco se trata de defender lo indefendible. Pero en toda acción de la justicia existe el llamado “debido proceso” y Rosario Robles podrá apelar que en su juicio apareció el conflicto de interés.

Y lo que era un simple rumor acabó confirmado por la misma legisladora morenista, Dolores Padierna. 

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el que decretó la  vinculación a proceso a Rosario Robles y la remitió por dos meses al penal de Santa Martha Acatitla, sí es sobrino de la diputada morenista.

¿En donde puede presumirse el conflicto de interés que enturbiaría el debido proceso, porque operaría en contra de la ex Secretaria de Sedesol y de la SEDATU, acusada de desviar 5 mil millones de pesos con la llamada Estada Maestra? Pues recordemos la historia.

Corría el año 2004, el cuarto del primer sexenio panista de Vicente Fox. Un año antes de que se destaparan las candidaturas presidenciales para el 2006.

La presidenta del PRD era Rosario Robles, quien estaba ligada sentimentalmente a Carlos Ahumada, un constructor de origen argentino naturalizado mexicano, quien logró jugosos contratos durante los años anteriores en que Robles fue jefa de gobierno interina en el Distrito Federal.

En ese año, 2004, el jefe de gobierno del Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador, el carismático líder de izquierda que era el dolor de cabeza político de Fox y del PAN, de empresarios ultraconservadores y también del PRI. Una “amenaza para México”, decían.

Las encuestas ya ubicaban entonces a López Obrador como el puntero indiscutible, no sólo para ser el candidato del PRD a la presidencia, sino como el favorito para ganar la silla de Los Pinos.

La consigna de la derecha de entonces era descalificar al líder de izquierda para bajarle la popularidad e incluso inhabilitarlo, para dejarlo políticamente injugable.

Y la oportunidad se presentó el 3 de marzo en el programa El Mañanero, que conducía Brozo para Televisa.

Ahí, el diputado panista Federico Doring mostró un video en el que René Bejarano –el esposo de Padierna- aparecía recibiendo de Carlos Ahumada –la pareja sentimental de Robles- grandes fajos de billetes que eran sujetados por ligas. Se dijo entonces que el dinero era para campañas políticas del PRD, que presidía Robles.

Simultáneo a lo que sucedía en el programa de Brozo, en otro canal era entrevistado René Bejarano. Y se produjo el enlace de los dos pantallas buscando que el inculpado respondiera a lo que se veía en el video. A partir de entonces, a Bejarano, el esposo de Padierna, se le conoció como “El Señor de las Ligas”.

A ese video-escándalo se le sumaron dos más. Uno de Carlos Imaz, entonces delegado de Tlalpan y esposo de Claudia Sheinbaum, también recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Y otro más de Bejarano, negociando con Carlos Ahumada la asignación de puestos públicos.

Cuando se investigaron los orígenes de los videos se concluyó que todo fue planeado por Carlos Ahumada, la pareja sentimental de Rosario Robles.

Y el hecho que golpeó la credibilidad del precandidato López Obrador y del Sol Azteca le costó a Robles la presidencia del PRD.

Posteriores revelaciones de Carlos Ahumada acusarían al ex-presidente Carlos Salinas de Gortari y al abogado Diego Fernández de Cevallos como los operadores para filtrar los videos a la televisión.

Rosario Robles habría sido el enlace y se acusó que -junto con Carlos Ahumada- habrían recibido la promesa de una fuerte suma de dinero.

Bejarano acabó desaforado como asambleísta y después de un proceso judicial fue enviado en noviembre del 2004 al Reclusorio Sur, donde siete meses después fue absuelto de las acusaciones, obligando a la PGR a darle una disculpa pública.

Y ahí está el epicentro del conflicto de interés. El que un hijo de la hermana de Dolores Padierna sea quien ahora tenga en sus manos el destino judicial de Rosario Robles, inculpada de ser la creadora y filtradora de aquellos videos que enviaron a la cárcel a su tío, René Bejarano, a la cárcel.

Se le vea por donde se le vea, el hecho califica para un debate del “debido proceso” y aunque la asignación de jueces sea al azar, la sospecha mancha el expediente del primer caso grande anti-corrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación.