El gobierno se muestra indiferente ante el asesinato de Arcos

“Chilpancingo no aparece dentro de los municipios con el mayor número de homicidios”. Cuestionada por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, la presidenta Claudia Sheinbaum recurrió al mismo argumento que utilizó para minimizar la violencia en Sinaloa. En el modelo de seguridad del gobierno federal, Chilpancingo no es prioridad.

Sin embargo, el homicidio de Arcos pone de relieve la fuerte penetración del crimen organizado en los más altos niveles de la vida pública en Guerrero. El asesinato de Arcos fue utilizado para enviar un mensaje: fue decapitado y su cabeza fue colocada en el cofre de un automóvil.

Días antes, Arcos pidió protección a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Los necesitamos para poder salir adelante”, dijo Arcos en entrevista con Radio Fórmula cuando le preguntaron si necesitaba resguardo de fuerzas de seguridad federales.

La presidenta Sheinbaum declaró esta mañana: “No nos queremos adelantar hasta tener toda la información”. También dijo que su gobierno promoverá una ley de coordinación de inteligencia entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las fiscalías para acelerar la judicialización de casos como el de Arcos. Una reacción tardía.

El asesinato del alcalde de Chilpancingo representa un fracaso evidente de los esfuerzos de inteligencia del gobierno federal y de la mesa del gabinete de seguridad. El 3 de octubre, el secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia, fue asesinado a dos cuadras del Palacio Municipal. Fue un ataque directo. Los peritos encontraron dos disparos en la cabeza y dos disparos en la espalda. Anteriormente, el 27 de septiembre, Ulises Hernández, un ex director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la policía estatal y quien sería designado secretario de Seguridad de Chilpancingo, también fue asesinado.

Arcos, candidato de la coalición PRI-PRD y miembro del grupo político de Ángel Aguirre, tenía apenas seis días en el cargo. Ganó la elección por solo 1,800 votos al candidato de Morena. El alcalde asesinado sucedió a Norma Otilia Hernández, la ex alcaldesa morenista que fue captada en video en una reunión con Celso Ortega, líder de la organización criminal de ‘Los Ardillos’.

Guerrero se ha vuelto terreno fértil para el conflicto entre cárteles locales: ‘Los Ardillos’, ‘Los Tlacos’, ‘El Cártel del Sur’ y algunas células de la ‘Familia Michoacana’. Los grupos criminales disputan la protección del Estado, redes de extorsión e incluso negocios aparentemente legales como el transporte público. El estado se ha vuelto un feudo político de la familia de Félix Salgado Macedonio, el senador de Morena que entró con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Dos décadas atrás, Salgado Macedonio fue el alcalde de Acapulco que presidió la toma del puerto durante el arribo violento del Cártel de los Beltrán Leyva. Desde entonces, Guerrero ha padecido niveles extraordinarios de violencia.

Claudia Sheinbaum ha presidido un arranque de sexenio marcado por asesinatos de alto perfil, violencia criminal insurgente y masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas y por grupos paramilitares. El caos en Sinaloa, derivado de un conflicto entre las facciones de ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’, ha dejado 150 asesinatos y 195 desapariciones forzadas. En Guanajuato, miembros del Cártel Santa Rosa de Lima asesinaron a doce personas en Salamanca en un mismo día. En Chiapas, militares dispararon contra un vehículo de redilas y mataron a seis personas migrantes.

Hasta ahora, ninguno de estos casos ha merecido acciones extraordinarias del gabinete federal de seguridad. La masacre de seis migrantes en Chiapas ni siquiera ha motivado a un cambio de liderazgo en el Instituto Nacional de Migración, cuyo director, Francisco Garduño, tiene un proceso abierto por negligencia por la muerte de 40 migrantes ocurrida en Ciudad Juárez en marzo de 2023.

La violencia criminal no es un fenómeno limitado a las regiones de provincia en que los cárteles mantienen un amplio control territorial. También alcanza a la capital del país y a funcionarios federales de primer nivel. Milton Morales, el ex titular de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de México y antigua mano derecha del ahora secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue asesinado el 21 de julio. El crimen no ha sido esclarecido, pero ocurrió en un momento clave para la conformación del equipo de primera línea del nuevo zar de la seguridad nacional.

El asesinato de Alejandro Arcos tampoco es un caso aislado, pero representa una nueva manifestación de la indiferencia del gobierno federal frente a la violencia homicida que consume al país.