El gobierno de Trump pone el foco en las redes político-criminales de Matamoros

La presidenta Claudia Sheinbaum exige que la prensa le dé crédito a su gobierno por la cruzada contra la corrupción: la acusación contra Hernán Bermúdez Requena y las causas contra los hermanos Farías Laguna, altos mandos de la Marina, tienen su origen en el despacho de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, de manera implícita, el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de clarificar que estas acciones son una función de la presión de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca sostiene que existe “una alianza intolerable” entre el crimen organizado y el gobierno de México.

La narrativa fue ratificada el fin de semana, cuando Mario López, diputado federal por el Partido Verde y ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas fue retenido por autoridades fronterizas de Estados Unidos. Después de horas (se presume que fue interrogado), regresó a México. Le negaron la entrada. Hasta el momento, López no ha demostrado que su visa continúa vigente.

Conocido como ‘La Borrega’, López no ha sido ajeno a cuestionamientos de presuntos vínculos con grupos criminales. En Matamoros, la organización dominante es la facción de los Ciclones del Cártel del Golfo. En esta ciudad fronteriza, cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en marzo de 2023. Dos de ellos fueron asesinados. El caso movilizó a agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas y derivó, meses después, en el arresto en San Pedro Garza García, Nuevo León de José Alberto García Vilano, alias ‘La Kena’, líder de los Ciclones. García Vilano fue parte del grupo de criminales entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad en febrero de 2025. Enfrenta una acusación federal en la Corte del Distrito Sur por narcotráfico y lavado de dinero.

El equipo de Mario López ha negado que el diputado federal fue arrestado o que su visa haya sido suspendida. En una primera versión, el ex alcalde de Matamoros dijo que autoridades le retiraron la visa porque “estaba muy maltratada”.

La versión es poco creíble, dados los antecedentes. Alberto Granados, actual alcalde de Matamoros, también fue retenido en un cruce fronterizo en abril de 2025. Su visa fue cancelada, de acuerdo a reportes de prensa. Esto marcó la primera oleada de cancelaciones de visa a políticos mexicanos bajo sospecha de estar vinculados con el crimen organizado. El siguiente caso mediático fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su pareja sentimental y también funcionario del gobierno estatal, Carlos Torres.

Matamoros representa un foco de atención particularmente relevante para el gobierno de Estados Unidos, considerando el papel que juega esta frontera en el multimillonario negocio de huachicol fiscal. El 30 de julio de 2024, fue asesinado en esta ciudad Julio César Almanza Armas, el ex presidente de la FECANACO Tamaulipas. Días antes, denunció una red de corrupción en las aduanas abocada al contrabando de hidrocarburos.

En diciembre de 2023, tres congresistas texanos (Vicente Gónzales, demócrata; Henry Cuéllar, demócrata; Dan Crenshaw, republicano) enviaron una carta a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en la que solicitaron acciones contundentes en el marco del T-MEC para frenar el huachicol fiscal. Los legisladores argumentaron que esta industria ilegal representa una violación al tratado comercial.

“El 16 de octubre de 2023, sicarios obligaron a una docena de camiones transportando combustible a arrojar su gasolina en un campo en Matamoros, Tamaulipas, México, frente a Brownsville, Texas, la ciudad más poblada de mi distrito”, escribió Vicente González.

“Este desvergonzado acto criminal debilita gravemente acuerdos comerciales que son vitales para el crecimiento económico de las comunidades fronterizas. Los acuerdos comerciales como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se establecieron para garantizar que las mercancías sigan fluyendo libremente entre nuestros dos países, sin obstáculos de criminales que solo quieren enriquecer sus bolsillos a costa de nuestras empresas y ciudadanos”, agregó.

“El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos deben actuar rápidamente para proteger los envíos de combustible y otras mercancías que entran a México y detener las acciones de los cárteles que continúan poniendo en peligro nuestro acuerdo comercial existente”, se lee en la carta.

La retención de Mario López añade presión a una clase política tamaulipeca marcada por el estigma de Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del Huachicol’ que financió campañas políticas en todo el país y que fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona tejió importantes redes con el grupo que hoy detenta el control del gobierno estatal y de las posiciones legislativas de Morena al Congreso federal por Tamaulipas.

Mario López también representa el segundo diputado federal de la coalición en el poder que ha sido objeto de escrutinio de autoridades norteamericanas en esta semana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la diputada de Morena por Baja California, Araceli Brown, por sus supuestos vínculos financieros con la facción de ‘Los Mayitos’ del Cártel de Sinaloa.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum exige crédito por atacar las redes de la ‘narcopolítica mexicana’, Washington ha respondido de manera indirecta: la agenda se dicta desde el norte.