El gobierno construye un cuestionado aparato de espionaje

¿Qué pasó?

• El gobierno federal, a través del grupo mayoritario de Morena en el Congreso, prepara un paquete de reformas legislativas que permitirían la creación de un aparato de vigilancia masiva sin controles democráticos ni adecuados mecanismos de rendición de cuentas.

• Estas propuestas incluyen la instauración de un nuevo “Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”, reformas a la Ley de la Guardia Nacional que legalizan la interceptación de comunicaciones por parte del Ejército y la implantación de una Plataforma Única de Identidad obligatoria basada en la CURP biométrica.

• Para organizaciones civiles como ARTICLE 19 y R3D, estas medidas configuran “una infraestructura digital autoritaria” que amenaza la intimidad y las libertades fundamentales de la población.

Contenido de las Reformas:

• Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Según el Ejecutivo, este ordenamiento regula la operación del Centro Nacional de Inteligencia y crea un Consejo Nacional de Inteligencia adscrito a la SSPC, con facultades para compartir información en tiempo real con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales y municipales. La iniciativa promete respeto al derecho a la privacidad, limitando la interceptación de comunicaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y requiriendo “autorización previa del juez” para cualquier operación.

• Reformas a la Ley de la Guardia Nacional y leyes conexas. Se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional para intervenir en tareas de inteligencia y vigilancia de comunicaciones, prácticas que hasta ahora se han realizado de manera irregular y sin supervisión judicial efectiva. Además, se impone el uso obligatorio de la CURP biométrica en servicios públicos y privados, y se crea una Plataforma Única de Identidad para rastrear y validar datos personales de todos los mexicanos en tiempo real.

• Modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población. En el foro legislativo realizado en San Lázaro, colectivos de familiares de desaparecidos rechazaron la iniciativa de Segob, advirtiendo que ésta obligaría el registro inmediato de reportes y la creación de protocolos de seguridad que facilitarían la vinculación de bases de datos biométricos sin salvaguardas claras, advirtiendo un riesgo de “vigilancia masiva” de la ciudadanía.

ARTICLE 19: “Profundiza la regresión autoritaria”

• La combinación de estas iniciativas establece un sistema donde las agencias militares y de seguridad acceden a metadatos y contenido de comunicaciones, sin límites precisos en el tiempo, el alcance ni la supervisión independiente. La obligación de compartir datos con fines preventivos, junto con la Plataforma Única de Identidad, facilita la construcción de perfiles masivos de ciudadanos, incrementando el riesgo de abuso y de criminalización de la disidencia política o el activismo social. ARTICLE 19 advierte que la legalización de estos mecanismos profundiza “la regresión autoritaria y la erosión de disposiciones en materia de transparencia y datos personales”.

• Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, ha señalado que “estas leyes en materia de seguridad e inteligencia crean un sistema de vigilancia masiva de toda la población, propio de un Estado policial autoritario”, advirtiendo que, sin contrapesos institucionales, estas facultades se dirigen más a controlar que a proteger. Varios defensores de derechos digitales coinciden en que, lejos de mejorar la seguridad, este andamiaje tecnocrático profundiza la opacidad y la impunidad.

Contexto político: ofensiva de poder

• Las iniciativas de vigilancia masiva se inscriben en un impulso legislativo más amplio de Morena para concentrar el poder. En materia electoral, la Presidencia anunció una reforma para recortar el presupuesto del INE, disminuir el financiamiento a partidos y modificar el sistema de diputaciones plurinominales, lo que opositores califican como un intento de “control total de los resultados electorales”.

• En el ámbito judicial, las elecciones celebradas el 1 de junio permitieron a Morena colocar a sus candidatos en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, consolidando así su dominio sobre el Poder Judicial y minando la imparcialidad del sistema de justicia.

• Además, la propuesta de reforma al amparo, aún en discusión, busca restringir la procedencia de recursos legales contra reformas constitucionales, lo que debilita aún más los frenos y contrapesos en un contexto donde el Ejecutivo y la mayoría legislativa actúan de manera concertada.

Erosión democrática y clima de censura

• El paquete de reformas se aprueba en un ambiente marcado por un creciente acoso a periodistas y defensores de derechos humanos. Senadores del PAN y PRI advirtieron que la reforma electoral y judicial “consolidará un régimen autoritario” y facilitará la censura y la persecución política contra voces críticas.

• Este escenario de “infraestructura digital autoritaria” se alimenta de la concentración legislativa de Morena y de una narrativa de “seguridad” que justifica el debilitamiento de mecanismos democráticos esenciales.

• En conjunto, estas reformas configuran un cambio profundo en la arquitectura del Estado mexicano: de un esquema republicano basado en controles y equilibrios, se avanza hacia un modelo donde la vigilancia masiva se normaliza como herramienta de gobierno, desdibujando los límites entre seguridad y autoritarismo.