El Ejército, Tamaulipas y una presunta ejecución extrajudicial

El Ejército mexicano tiene un grave problema de ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Un video publicado por el periódico El País y por Univisión Noticias ha exhibido, nuevamente, a las Fuerzas Armadas como ejecutores de una política de exterminación transexenal.

En las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 18 de mayo de 2023, aparecen miembros del Ejército sometiendo a civiles que portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El video muestra una camioneta estrellarse contra un muro de contención. Rápidamente un convoy militar baja del vehículo a las personas a bordo. Hasta ahí, todo bien, una operación dentro del protocolo, una estampa más de la llamada guerra contra las drogas mexicana que se exacerbó en 2006.

Sin embargo, después la cámara capta algo inusual: los detenidos, ya esposados, son colocados junto al muro de contención. En ese momento, el Ejército repele una presunta agresión, pero no se aprecia ningún vehículo civil en las imágenes del enfrentamiento. En ese contexto, los civiles esposados parecen recibir disparos de los elementos militares. Minutos después, los soldados siembran armas en los cadáveres. El informe militar del operativo reportó que los detenidos murieron como parte del “fuego cruzado”. Los videos obtenidos por El País y Univisión Noticias ponen en tela de juicio esta conclusión.

“Aunque se siga lo contrario, el Ejército es el mismo de antes Sus elementos cometen ejecuciones y luego siembran armas para encubrir”, denunció el Centro Prodh, una organización de la sociedad civil en defensa de Derechos Humanos que ha sido crítica de la militarización y que ha sido espiada por el Centro Militar de Inteligencia con el software Pegasus.

“No son casos aislados. Tampoco casos del pasado”, concluyó Catalina Pérez Correa, profesora de Derecho del CIDE y miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra, otra organización crítica de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En febrero, también en Nuevo Laredo, el Ejército asesinó a cinco jóvenes que iban saliendo de una discoteca. No estaban armados. Un sobreviviente del ataque testificó ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización de la sociedad civil que ha denunciado abusos de derechos humanos de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas. Su presidente, Raymundo Ramos, también ha dijo objeto de espionaje militar.

El caso de Nuevo Laredo revela la naturaleza de la política de seguridad mexicana: se privilegia el exterminio sobre la investigación y la judicialización de los casos de crimen organizado de alto perfil. Esta ha sido la constante desde el sexenio de Felipe Calderón. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha continuado esta medida con la militarización del mayor cuerpo de seguridad pública del país, la Guardia Nacional.

El fracaso de las instancias de investigación también ha quedado patente en el caso de Nuevo Laredo: la fiscalía tardó horas en llegar al lugar de los hechos.

“Es un fenómeno sistemático y generalizado. Los responsables son los altos mandos”, publicó en Twitter Jacobo Dayán, un activista y académico especializado en procesos de paz.

A pesar del discurso oficial de que “ya no hay masacres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha admitido que la situación de Nuevo Laredo podría tratarse de una ejecución extrajudicial: “Sí parece un ajusticiamiento”, aseguró en la conferencia mañanera. “No puede permitirse”, concluyó.

La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional promete cooperar. “Se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de Derecho”, se lee en un comunicado del Ejército. Estas palabras, aseguran los críticos de la militarización, se las lleva el viento. La política de seguridad mexicana está atrapada en un ciclo de ilegalidad e impunidad.