El Ejército negro

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación de los hechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos”. Éstas fueron las palabras que utilizó la Secretaria de Gobernación para reconocer que el gobierno había cometido un error que le costó la vida a dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. El discurso de Olga Sánchez Cordero marcó un antes y un después en la postura oficial respecto a los crímenes de lesa humanidad que las fuerzas de seguridad del Estado han perpetrado en el país. La disculpa cambió muchas cosas, pero dejó intacta la más importante: la relación del Presidente de México con el Ejército.

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a la Secretaría de Defensa Nacional al centro de su proyecto de pacificación, la Guardia Nacional. En un acuerdo que se votó de manera prácticamente unánime en el Senado, se le otorgó al Ejército la facultad de reclutamiento, capacitación y operación de la que será la policía federal de jure en todo el territorio nacional. Además, se estipuló una política sin precedentes: los miembros de la Guardia Nacional, estando bajo mando militar, serán los encargados de recopilar evidencias y levantar reportes periciales de los delitos del fuero federal.

El Estado mexicano ha hecho del Ejército la columna vertebral de su estrategia de seguridad, una institución que hace nueve años entró a una universidad privada, le disparó a dos de sus estudiantes, los golpeó mientras estaban heridos, desactivó la cámara de seguridad que los vigilaba, los mató a sangre fría, modificó la escena del crimen, les plantó armas y después mintió públicamente al respecto diciendo que las víctimas eran sicarios que estaban armados. Todo está documentado en la película “Hasta los dientes”, dirigida por Alberto Arnault Estrada, un amigo de la infancia de Javier Arredondo.

¿Esto caso exhibe el modus operandi generalizado del Ejército mexicano o fue un caso aislado en el que se rompieron todos los protocolos? Eso es imposible de saber porque desde el 2014 la Secretaría de Defensa Nacional se ha rehusado sistemáticamente a informar sobre los enfrentamientos de militares con civiles. Quienes han hecho alguna de las once solicitudes de información han sido rechazados bajo el argumento de que no se recopilan datos de muertos y heridos en estos enfrentamientos.

De ser cierto, eso implica que el Ejército, que ha desplegado a más de cincuenta mi elementos en el territorio nacional desde el 2006 (según cifras oficiales), opera en la opacidad total. De acuerdo a un reporte del diario El País, de 2006 a 2018, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional se enfrentaron con civiles en 4,495 ocasiones, diez veces más que miembros de la Policía Federal o la Marina en ese mismo periodo.

La magnitud de esta cifra no sólo habla de la normalización del Ejército como la policía de facto del país, sino de que la Secretaría de Defensa Nacional se ha vuelto indispensable para que el Presidente civil mantenga la gobernabilidad del país.
Esto ha ampliado la percepción de que el Ejército es intocable, independientemente de que el Presidente tenga por nombre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, esta aura de invulnerabilidad se ha puesto a prueba. La resolución RRA 0030/19 del Instituto Nacional de Acceso a la Información ordena a la Secretaría de Defensa Nacional a atender antes del 11 de abril las solicitudes de información sobre enfrentamientos del Ejército con civiles.

Para Alejandro Madrazo Lajous, uno de los autores del documento de investigación “Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas”, hay riesgo de que esta resolución sea incumplida. El argumento del investigador del CIDE, retomado por el diario El País, es que los privilegios del Ejército llegan al grado de que la Secretaría de Defensa Nacional ha desacatado órdenes judiciales.

La resolución del INAI, un organismo constitucionalmente autónomo, tiene el potencial de arrojar luz sobre la relación del Ejército con el Presidente López Obrador porque si se desacata, el problema legal se volvería político.

AMLO y el pacto militar

Andrés Manuel López Obrador no es un político de rectificaciones. Su carrera y sus preferencias de política pública no están caracterizadas por los giros de 180 grados. Sin embargo, su relación con el Ejército es la más notable excepción.

En campaña, AMLO fue el candidato más crítico con la actuación de las Fuerzas Armadas como policías de última instancia. Sus declaraciones públicas durante el proceso electoral hicieron eco de la investigación de Catalina Pérez Correa, la investigadora del CIDE que documentó el alto índice de letalidad de los enfrentamientos de militares con civiles y su efecto incremental en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. De hecho, López Obrador prometió sacar al Ejército de las calles. Fue una propuesta explícita de su plataforma electoral.

Incluso después del 1 de julio, el Presidente electo mantuvo su posición crítica en relación a los militares: el 11 de julio anunció la cancelación de la compra de ocho helicópteros Seahawk MH-60R con un valor conjunto de 1,360 millones de dólares. Esto sería el preámbulo de un conflicto público por la sucesión de Salvador Cienfuegos como Secretario de Defensa Nacional.

Ésta es la gran paradoja del protagonismo que se le asignó al Ejército en la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó en este proceso de sucesión para motivar un cambio de agenda tan radical en el Presidente que ganó con el mayor margen de legitimidad electoral en la historia de la democracia mexicana?

César Gutiérrez Priego tiene una teoría. El hijo de José de Jesús Gutiérrez Rebollo, el famoso general de división que fue condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada, sostiene que desde el sexenio de Ernesto Zedillo todas las sucesiones en la Secretaría de la Defensa Nacional vienen de la misma línea que escogió al General Enrique Cervantes. En una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, dijo que existe una cúpula militar que ha tomado todas las decisiones de política de seguridad interior de los últimos veinticinco años. “Yo los invitaría a revisar los contratos de adjudicación y venta de armamento hacia la Secretaría de Defensa Nacional para que se den cuenta quiénes son los dueños de esas empresas”, aseguró Gutiérrez Priego. “ Es la única secretaría de Estado a la que no le importan las auditorías y maneja de forma discrecional el presupuesto”, agregó.

Esta acusación hace referencia a un punto clave: el crecimiento del gasto militar. Desde el 2006, cuando Felipe Calderón desplegó al Ejército en el territorio nacional, hasta 2015, el gasto militar se incrementó en 93 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales.

Según un reporte de InSight Crime, México se volvió en el destino natural de los contratistas militares estadounidenses cuando la administración de Barack Obama empezó a reducir la escala de la intervención militar en Irak y Afganistán.

En el 2008, la agencia Reuters reportó que, según un oficial de la embajada de Estados Unidos en México, la mayoría de los 1,800 millones de dólares que se destinaron a la Iniciativa Mérida tenían como destino final contratistas privados. “La falta de transparencia de los contratistas de defensa, una industria controversial, tiene preocupado a quienes creen que estos entes podrían estar su rol en la elaboración de las políticas antinarcóticos de Washington en América Latina”, puede leerse en el reporte de InSight Crime.

El sesgo de opacidad de la guerra contra las drogas en México es una parte esencial de una política pública cuyos resultados son puestos en tela de juicio por la misma DEA, que ha desistido de su estrategia de descabezamiento de cárteles.

Aún en la llamada Cuarta Transformación, que ha tocado los intereses de la élite empresarial mexicana y el Poder Judicial de la Federación, el Ejército se apega al status quo.

Si los militares no hacen política, es porque no lo necesitan. De acuerdo a Alejandro Hope, un asesor de seguridad que trabajó en el CISEN durante la administración de Calderón, ningún Secretario de la Defensa Nacional ha sido removido de su cargo desde 1946. Miguel Alemán Valdés inauguró la presidencia civil, pero eso requirió de un pacto que sigue vigente aún en tiempos de la alternancia democrática.