El cerco contra Peña Nieto: Parte 1

Una empresa fantasma que conecta a Odebrecht con OHL y con AHMSA, el fraude del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, las transferencias multimillonarias desde la Banca Privada de Andorra para adquirir propiedades en Miami y los negocios de Arturo Peña Nieto con la firma inmobiliaria Homex.

Estos son los elementos que rodean a la ambigua y hermética investigación de la Fiscalía General de la República en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

A un año de la elección del Estado de México y en medio de una incipiente guerra civil dentro del PRI, que determinará si el partido será un aliado o un opositor de Morena en el proceso electoral de 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido revivir los expedientes de quien todavía es considerado como uno de los principales tomadores de decisiones dentro del Grupo Atlacomulco.

La investigación en contra de Enrique Peña Nieto busca conectar los puntos de una pléyade de escándalos inconclusos del sexenio anterior y promete trastocar intereses profundamente arraigados en la élite política y empresarial mexicana.

Éste es el primer capítulo de una serie documental producida por Código Magenta que pretende darle sentido político a las acusaciones de sobornos, de financiamiento ilegal de campañas políticas y de presuntos pactos de impunidad que han acompañado a la figura de Enrique Peña Nieto durante su exilio en España.

“El cerco sobre Peña Nieto se ha estrechado por razones naturales”. Con estas palabras, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sugería al diario El País en febrero de 2020 que el ex presidente de México podría convertirse en el objetivo de una amplia investigación federal. La primera de su tipo en la supuesta cruzada anti corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dos años y medio después, a través de un escueto comunicado, la FGR ha hecho público que existen tres indagatorias en contra de Enrique Peña Nieto: la primera, potencialmente vinculada a la constructora española OHL; la segunda, conectada a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, que podrían estar relacionadas con los negocios de su hermano, Arturo Peña Nieto, con el empresario inmobiliario Eustaquio de Nicolás; y la tercera, por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde España, la reacción del entorno del ex presidente Peña Nieto fue inmediata y por partida triple.

Primer mensaje: César Camacho, ex gobernador del Estado de México y uno de los operadores políticos del Grupo Atlacomulco, declaró esta semana que el PRI está considerando formalizar una alianza con el PAN y con el PRD para contender por la gubernatura del Estado de México. Esto rompe con la posibilidad de que Alfredo del Mazo, gobernador actual y primo de Enrique Peña Nieto, llegue a un acuerdo con los operadores políticos de la Cuarta Transformación para favorecer a la virtual candidata de Morena, Delfina Gómez.

Segundo mensaje: una persona cercana al ex presidente le dijo al columnista Mario Maldonado que nunca ha existido “un pacto de impunidad” entre Peña Nieto y López Obrador. Si lo hubo antes, ya dejó de existir.

Tercer mensaje: a través del periodista Alejandro Aguirre, el entorno de Peña Nieto ha difundido la versión de que el ex presidente cuenta con un expediente de videos que, de ser filtrados, podrían comprometer seriamente al gobierno y a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El rompimiento entre López Obrador y Peña Nieto sucede a la ofensiva mediática y legal del gobierno federal, y del gobierno de Campeche, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien es compadre del ex presidente, y quien, a petición del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, coordinó el bloqueo de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados.

La investigación contra Peña Nieto y el acoso político contra Moreno Cárdenas tienen un objetivo común: fragmentar al PRI para dinamitar la Alianza Va por México y sumar a ciertos sectores y liderazgos del partido al proyecto presidencial de la 4T en 2024. El caso más emblemático es el del senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien de manera abierta busca remover al dirigente nacional del PRI.

Resulta revelador que uno de los audios seleccionados por Renato Sales, fiscal de Campeche y ex colaborador de Osorio Chong, para desprestigiar a Alejandro Moreno Cárdenas haya sido una conversación del dirigente nacional del PRI, hablando sobre una presunta negociación extrajudicial con altos funcionarios del aparato judicial de la 4T para garantizar la inmunidad legal de los priistas. 

Hasta ahora, los detalles públicos sobre la investigación federal contra Peña Nieto son escasos. Por diseño, la fiscalía mexicana ha colocado un manto de ambigüedad sobre los datos públicos del expediente. Esto ha despertado un profundo escepticismo sobre la seriedad de la investigación. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, calificó el anuncio de la FGR como “una farsa” y “un circo”. Ricardo Monreal, el desafiante coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pidió públicamente no sumarse al linchamiento de Enrique Peña Nieto y a respetar la presunción de inocencia.

Sin embargo, si el caso de la FGR sigue adelante, las consecuencias podrían ser impredecibles. Un affaire legal que toque a instancias como los operadores de sobornos de Odebrecht y de OHL en México, a figuras como el abogado Juan Collado y a los empresarios Eustaquio de Nicolás y Alonso Ancira podría conducir a un choque de trenes dentro de la élite mexicana, en la antesala de una elección presidencial.

Éste es el hilo conductor de la trama de una serie documental que apenas comienza: El cerco contra Peña Nieto.