El caso Segalmex está paralizado en tribunales

¿Qué pasó?

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) representa el mayor foco rojo de irregularidades administrativas y financieras en la 4T, ya que ninguna de las 38 denuncias por los 9.5 mmdp de recursos públicos desaparecidos han derivado en sentencia.

¿Por qué importa?

• Ignacio Ovalle, antecesor de Leonel Cota y primer titular de Segalmex en este sexenio, cuenta con la protección implícita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

• En medio de la investigación por irregularidades en la dependencia, fue reubicado en el aparato burocrático como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

El contexto:

• De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en esta administración se han detectado irregularidades por 13 mil millones de pesos en Segalmex. Esta dependencia representa un foco rojo de corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un potencial daño patrimonial superior al del esquema conocido como “La Estafa Maestra” (7 mil 600 millones de pesos).

• Sin embargo, esto no se ha traducido en procesos o sentencias judiciales contra los responsables. Aunque se han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la ASF solo ha emitido demandas por el 1.1 por ciento de las irregularidades detectadas.

Los detalles:

• En agosto pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo haber hallado irregularidades en Segalmex por 9.5 mil millones de pesos. La FGR ha recibido 38 denuncias de instancias de gobierno por presunto daño patrimonial a la dependencia.

• Hasta el momento, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero ha solicitado y obtenido 15 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Segalmex, por lo que dicha bomba de corrupción estaría  a punto de estallar.

• Por alguna razón, la fiscalía no incluyó en la lista de los implicados al ex director Ignacio Ovalle, quien todavía estaba al frente de la dependencia durante el periodo en que se cometió el presunto delito.

• En abril pasado fue sustituido por Leonel Cota Montaño y nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el cual está adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

• De acuerdo con el portal Animal Político, el caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada por el presunto uso indebido de recursos públicos por un monto de 950 millones de pesos en operaciones bursátiles ilegales. René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa fue vinculado a proceso tras haberlas autorizado.

• A través de la dirección de Administración y Finanzas de Segalmex, a cargo de Gavira Segreste, se operó una red de corrupción que abarcó también a Diconsa y Liconsa, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

• Según reportes de La Jornada, las auditorías de la ASF mostraron que René Gavira firmó y autorizó la asignación de contratos millonarios a empresas fachada en coordinación con el ex director comercial de Segalmex, Manuel Lozano Jiménez. El mismo proceso se llevó a cabo con empresas que no tenían la capacidad o giros comerciales que requerían Diconsa y Liconsa.

• El desglose de las irregularidades detectadas en 2021 fue de: 9 mil 36 millones 845 mil 576 pesos para el caso de Segalmex; mil 942 millones 904 mil 70 pesos en el caso de Liconsa y mil 826 millones 902 mil 238 pesos en Diconsa.

• El pasado 1 de noviembre se presentó el más reciente movimiento en el caso, luego de que la FGR anunciara una nueva vinculación a proceso en contra de René Gavira, en esta ocasión, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad al momento en que un servidor público ilícitamente otorga autorizaciones con contenido económico.

• “En 2019, René ‘G’ probablemente firmó la renovación de un contrato en calidad de Apoderado Legal y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, en el que le permitió del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos”, señaló la dependencia en su momento.

• La Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Gavira Segreste y fijó un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

• Asimismo, ordenó nuevamente la imposición de medidas cautelares de firma quincenal, prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a testigos, como ya había sucedido en abril pasado tras ser vinculado por el fraude bursátil.

• Pese a los desvíos multimillonarios, las 38 denuncias penales presentadas por diversas dependencias en torno al caso por posible delincuencia organizada, así como los 618 expedientes de investigación abiertos por presuntas responsabilidades administrativas por la ASF, en ningún caso se incluye al ex director Ovalle y mucho menos hay sentencias al respecto.

• “Los montos observados por ambas instituciones (ASF y SFP) suman más de 9 mil 500 millones, (pero) es importante aclarar que cuando se habla de fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo.

• “Lo observado no es necesariamente de daño patrimonial, sino de aclaraciones, y por eso estos montos se encuentran en proceso de aclaración, documentación y en su caso de recuperación”, expresó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, durante su más reciente informe rendido el 18 de agosto en la ‘mañanera’.