El capo y el general

“Hemos derribado a uno de los grandes capos, lo vieron ayer”. Desde el púlpito de la Cámara de Representantes, en el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump se adjudicó el éxito del operativo mediante el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el líder indiscutible de la organización criminal transaccional más violenta y poderosa del mundo, de acuerdo a la propia estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Washington y en la Ciudad de México coinciden en que, sin la presión de Trump, la eliminación de “El Mencho” no hubiera sido posible. El capo se sentía intocable.

Por eso, las palabras de Trump no son fortuitas. Un alto oficial del gobierno mexicano le dijo a Los Angeles Times que la misión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo como principal objetivo político evitar una intervención militar unilateral del gobierno de Estados Unidos. Semanas atrás, el Departamento de Guerra publicó la Estrategia de Defensa Nacional. El documento es claro: el Pentágono se reserva el derecho a actuar de manera autónoma, sin consultar al gobierno de México, si los cárteles de la droga continúan siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

A principios de febrero, el Departamento de Justicia de Estado Unidos difundió un memorándum interno para impulsar la “eliminación total” de los cárteles. En esas fechas, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos sostuvo un encuentro con 34 líderes militares del Hemisferio Occidental, incluidos los secretarios mexicanos de Defensa y de Marina, con el objetivo explícito de discutir estrategias de cooperación para el combate a las organizaciones criminales transaccionales.

Todo esto, ademas, coincidió con un agresivo comunicado que envió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado para rechazar tajantemente la “estrategia incrementalista” del Estado mexicano contra los cárteles. En realidad, se trató de un ultimátum del secretario Marco Rubio y del vicecanciller Christopher Landau a la administración de Claudia Sheinbaum.

Quien acusó recibo de inmediato fue el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, un militar que hace poco era visto por Washington como una figura no confiable. Hace un año, el 27 de febrero de 2025, el gabinete de seguridad mexicano fue convocado a una reunión en Washington con la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, y con los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth. En un principio, el general Trevilla no fue invitado a la reunión de alto nivel. Una persona con conocimiento del encuentro aseguró a Código Magenta que los funcionarios estadounidenses expresaron dudas sobre la integridad de Trevilla.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Trevilla se encargó de la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, una unidad que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de inteligencia militar, así como la planeación de operaciones contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo. Su contraparte en el aparato de inteligencia civil era el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, un funcionario fuertemente cuestionado por su presunta relación con Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, y por haber recomendado a Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, como secretario de Seguridad Pública en Tabasco.

Tres días antes de la elección presidencial de 2018 que llevó a López Obrador al poder, un medio local de Piedras Negras, Coahuila publicó una fotografía en la que Trevilla aparecía junto a Ulises Sánchez Garibay, alias “El Inge”, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y lugarteniente de Miguel Ángel Gallego, “El Migueladas”, un capo importante de la estructura de “Los Cuinis”, el brazo financiero y de conexión política del CJNG. La fotografía fue tomada en La Huacana, Michoacán, en el contexto de la disputa de autodefensas contra cárteles en la región. Trevilla había sido trasladado de una zona militar en Coahuila a Apatzingán, donde fue el comandante de la 43 Zona Militar.

Un vocero del Ejército aseguró a la revista Proceso que la imagen fue captada en una reunión con un número amplio de autodefensas y que Sánchez Garibay, quien entonces no tenía orden de aprehensión, se hizo pasar por un activista de derechos humanos. Un mes más más tarde, “El Inge” fue arrestado. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró el asunto, ante los ojos de Washington, la marca quedó en el expediente de Trevilla.

Sin embargo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, ofreció garantías de que Trevilla tenía las credenciales para discutir asuntos sensibles sobre la agenda bilateral en materia de seguridad. El general terminó viajando a Washington junto a Morales, el fiscal General Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Antes del encuentro con los oficiales estadounidenses, la administración de Claudia Sheinbaum anunció la entrega de decenas de capos de primer nivel para que fueran juzgados en tribunales norteamericanos. Entre ellos estaban dos figuras de primer nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación: Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, y Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG y el asesor más cercano de Nemesio Oseguera Cervantes.

Desde entonces, Trevilla ha intentado recomponer su imagen ante el aparato de seguridad de Estados Unidos, particularmente ante el Comando Norte del Ejército norteamericano. El abatimiento de “El Mencho”, realizado con inteligencia estadounidense obtenida por drones tipo Predator, se realizó bajo la tutela de un nuevo Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, una instancia militar que depende del Comando Norte. El operativo contra Oseguera Cervantes fue la primera ocasión en la que el Pentágono tomó la batuta en una misión para neutralizar a un capo de la droga en México. Anteriormente, este tipo de misiones eran coordinadas por la CIA, la DEA o Homeland Security Investigations.

El contraste no podría ser mayor en relación al evento en el que Ismael “El Mayo” Zambada fue extraído de un rancho, en Sinaloa, para ser entregado a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de El Paso, Texas. En el caso de Zambada, la captura fue producto de una operación clandestina con injerencia de HSI. El resultado: una guerra civil paramilitar entre las facciones del Cártel del Pacífico. En el caso de “El Mencho”, el operativo se realizó en el marco del mayor nivel de cooperación bilateral en materia de seguridad desde la Iniciativa Mérida. Pese a la reacción violenta del cártel en más de 20 estados del país, permaneció un acuerdo tácito de que los civiles no pueden ser tocados.

De acuerdo a publicaciones promovidas en medios mexicanos por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Trevilla ha sostenido encuentros con altos oficiales del Comando Norte y ha diseñado un modelo de intercambio de información con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El general mexicano se ha dedicado a mandar un mensaje contundente: la Sedena está cerca de Washington; la Sedena fue la única responsable de la neutralización de “El Mencho”.

Ya sea por temor, instinto de supervivencia o por una decisión estratégica de Estado, Trevilla ha propiciado cambios de fondo en la política de seguridad nacional: el cabildeo ante Presidencia y ante el Senado a favor de aprobar la entrada de fuerzas especiales de Estados Unidos; cambios en la primera línea de mando del Ejército; la cooperación para admitir sobrevuelos de aeronaves de reconocimiento de agencias de inteligencia norteamericanas y la autorización de elementos militares estadounidenses en centros de comando mexicanos. Atrás quedaron los días en que Trevilla era visto como parte del círculo íntimo del general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional que, en octubre de 2020, fue acusado de narcotráfico y protección al Cártel H-2 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

En 2021, agencias de inteligencia identificaron la ubicación de “El Mencho” en el municipio del Grullo, Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de no arrestar al capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiso evitar una respuesta violenta de Oseguera Cervantes o fue una decisión en función de pactos inconfesables? Parece increíble que el presidente de México haya tomado esta decisión apenas meses después de que un comando de Jalisco Nueva Generación irrumpió en el corazón de la Ciudad de México para intentar asesinar al entonces secretario de Seguridad Pública de la capital, Omar García Harfuch, actual zar de la seguridad nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Aparentemente, Trevilla tomó una decisión: antes de que sea demasiado tarde, el Ejército debe alinearse con Washington. Dicho esto, la Secretaría de la Defensa Nacional debe responder preguntas concretas que, al menos en el entorno de García Harfuch, hacen dudar de las intenciones del Ejército: ¿La presidenta fue debidamente informada de un operativo de esta magnitud? ¿Altos funcionarios de Defensa Nacional se han beneficiado de esquemas de traslado de efectivo de los casinos manejados por Jalisco Nueva Generación? ¿“El Mencho” murió por heridas de batalla o fue ejecutado para garantizar su silencio?

Sin una respuesta concreta a estas preguntas, sólo se puede concluir que el giro de Trevilla, el acercamiento a Washington, es performativo. Un acto de supervivencia.