El Canelo y la Ley Eléctrica

La Ley de la Industria Eléctrica fue como la última pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez. No aguantó ni los tres rounds.

El decreto, promulgando la controvertida legislación, fue publicado en el Diario Oficial apenas el 9 de marzo y tres días después, el 11 de marzo, ya quedó sin efecto.

Un juez federal concedió dos suspensiones de Amparo a empresas privadas de energías renovables, con lo que se dio marcha atrás a todo lo que promovía la nueva legislación de tintes monopólicos.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, dejó en claro que la Ley de Energía Eléctrica, apenas aprobada por el Senado, es violatoria a las leyes de libre competencia.

El pretender otorgarle a la CFE la preferencia en la generación y distribución de electricidad, haciendo a un lado al resto de las empresas del sector, es un atentado contra la Constitución que garantiza el libre mercado.

Manuel Bartlett, el director de la CFE que subió al cuadrilátero al presidente Andrés Manuel López Obrador, no midió el alcance jurídico de su propuesta. Nació con olor a derrota.

Como tampoco lo hicieron los senadores de Morena, que en su mayoría votaron la legislación, hoy calificada oficialmente como inconstitucional.

Pero el nocaut es fulminante, porque el fallo no se limita a darle la razón jurídica solo a las empresas promotoras de los Amparos, que son Zuma Energía, EDF y Naturgy.

La suspensión tiene efectos para todas las empresas del sector de energía, buscando evitar que se le dé ventaja competitiva solo a unos cuantos, dejando fuera del marco legal de libre competencia al resto de los generadores.

Por supuesto que el Congreso y el Poder Ejecutivo pueden interponer una queja ante un Tribunal Colegiado, que deberá resolverse en 48 horas.

Pero si el juez Gómez Fierro dicta en cualquier momento la suspensión definitiva, ya no habría marcha atrás. La ley tendría que ser derogada.

Para todo fin práctico, ésta pelea fue ganada por los inversionistas nacionales e internacionales por nocaut en tres rounds.

Y ni el gobierno de la Cuarta Transformación ni la CFE tendrán para dónde hacerse, aunque se replieguen a protegerse de espaldas a las cuerdas.

Siempre habría sido mejor para el gobierno federal y para la CFE sentarse a renegociar contratos y precios con los generadores privados.

Pero decidieron la confrontación, intentando asestarles un golpe bajo, que acabó en un efecto “boomerang” contra la CFE.

Pero ni el presidente ni el director de la paraestatal escucharon las opiniones menos beligerantes que proponían una pelea más técnica, una negociación que les evitara la derrota judicial.

Por supuesto que eso no borra el hecho de que, como lo repite una y otra vez el presidente López Obrador, algunos de esos contratos de energía privados pactados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de verdad son leoninos.

Los precios y las condiciones en las compras, tanto de gas como el suministro de energía, bajo condiciones de multimillonarios subsidios, hicieron de esos cuestionables acuerdos, jugosos negocios de largo plazo para algunos privilegiados.

El golpe jurídico de este Amparo provisional es apenas la primera disputa de una serie de acciones defensivas, instrumentadas por todos aquellos a los que se les quiere desconocer lo pactado.

Desde corporaciones multinacionales como Iberdrola, Alstom, Enel Green Power, AES Corporation y Siemens, hasta poderosos fondos de inversión como BlacRock, Blackstone y Carlyle, preparan desde Estados Unidos y Europa contraofensivas para defender sus intereses pactados en los contratos firmados antes del 2018.

Y los generadores mexicanos como Femsa, Walmart, Grupo Bimbo, Bosch, Grupo México, Acciona, Minera Autlán y Mexichem, así como decenas de parques de eólicos y de energía solar, también se alistan a dar la pelea definitiva.

Ojalá que lejos de buscar otra confrontación, desde la revancha de descalificar al sistema judicial o de mandar al diablo a las instituciones, el presidente López Obrador asimile la lección. Ya dio la primera muestra con el acuerdo de la semana pasada con Braskem.

Manuel Bartlett no será un presunto violador de mujeres como Félix Salgado Macedonio, pero sí es un violador consuetudinario de acuerdos que no pueden ser borrados, así como así, sin pagar una enorme penalización tanto económica como en el nivel de confianza.

Sin duda, hay que eliminar los contratos leoninos de los que hay pruebas suficientes que fueron firmados bajo esquemas ventajosos, incluso plagados de corrupción.

Pero, de eso a insistir en pasar por encima de la ley, violentando la Constitución, solo ahuyentará todavía más la confianza y el bajo nivel de inversión extranjera, que tan escasa está en estos tiempos de pandemia global.