El aparato de espionaje en el gobierno de López Obrador

¿Qué pasó?

• En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las instancias de seguridad pública, procuración de justicia e inteligencia civil y militar han incrementado el uso de tecnologías para la vigilancia y rastreo de celulares y computadores, de acuerdo a una amplia investigación realizada por el medio Animal Político.

• Sin embargo, estos esfuerzos han suscitado controversias por su falta de legalidad y por su baja efectividad: prácticamente no han derivado en detenciones, decomisos o sentencias significativas.

• Específicamente, la investigación de Animal Político encontró lo siguiente:

1. El Ejército y 337 fiscalías, policías y comisiones de búsqueda estatales gastaron cerca de 460 millones de pesos para contratar 168 licencias de dispositivos para vigilar geolocalizaciones y extraer archivos. Estos esfuerzos no derivaron en una sola detención.

2. La Fiscalía de la Ciudad de México vigiló la ubicación de ciudadanos privados en 48 mil ocasiones. Esto no derivó en la resolución de algún delito. Los esfuerzos de vigilancia fueron desplegados durante la gestión de Ernestina Godoy.

3. En la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República gastó 142.9 millones de pesos para rastrear celulares, pero sólo justificó su uso en 0.24 por ciento de 135 mil casos.

¿Por qué importa?

• El uso masivo de tecnologías de vigilancia sin justificación judicial plantea, en la mayoría de los casos, serias preocupaciones sobre la privacidad, el abuso de poder y la transparencia en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

• Además, se pone de relieve el uso faccioso de las instituciones de inteligencia del Estado mexicano. En noviembre de 2023, The New York Times publicó un reportaje en el que confirmó que la oficina a cargo de Ernestina Godoy intervino las comunicaciones de opositores políticos al gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellos Santiago Taboada, ex a candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Lilly Téllez, senadora panista.

Contexto:

• Compra de Geomatrix: La FGR adquirió el software Geomatrix para vigilar celulares, realizando 390 mil 500 consultas entre 2018 y 2021.

• Falta de transparencia: La FGR no proporcionó información clara sobre el número de víctimas rescatadas o personas detenidas gracias a estas tecnologías, a pesar de los múltiples pedidos de transparencia.

• Legalidad cuestionada: El uso de estas tecnologías sin la adecuada autorización judicial contraviene el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige autorización judicial para intervenciones de geolocalización.

• Críticas a la legislación: Expertos consideran que la legislación actual permite interpretaciones que facilitan el abuso de las intervenciones de geolocalización sin la debida supervisión judicial.

• Gasto excesivo: La FGR gastó 142.9 millones de pesos en tecnologías de rastreo, cuestionándose la eficiencia y necesidad de tales gastos frente a los magros resultados obtenidos.

• Reacciones y opiniones: Organizaciones defensoras de derechos digitales critican la falta de control y la posible violación a los derechos de privacidad de los ciudadanos.

• Necesidad de reformas: La situación expone la urgencia de reformar las leyes y políticas de vigilancia para garantizar un balance entre seguridad y respeto a los derechos humanos.