¿Dónde quedó el Grupo Monterrey?

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Francisco Contreras, presidente de Concamin; y Juan Bosco de la Vega, presidente del CNA; fueron los grandes ausentes de la cena que sucedió a la cumbre de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en Washington.

El presidente de México incluyó en su comitiva, entre otros, al hombre más rico de México y dueño del monopolio de telecomunicaciones más importante del país, Carlos Slim; a los presidentes y accionistas mayoritarios de las televisoras, destacadamente a Bernardo Gómez, de Televisa; así como a quien preside el consejo de administración del banco de capital mexicano más relevante del país, Carlos Hank González.

La listo no contempló a ninguno de los empresarios que negociaron el Nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), ni a representante alguno de las principales cámaras empresariales del país. Tampoco acudieron los accionistas ni directivos de las principales empresas del llamado Grupo Monterrey, quienes históricamente han tejido una relación cercana con la iniciativa privada estadounidense.

El viaje a Washington representa la línea de separación más evidente entre los distintos grupos empresariales del país y su relación con el gobierno federal. Con la excepción de figuras como la de Patricia Armendáriz, de Financiera Sustentable, o de Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; la delegación de hombres de negocio que acompañó a López Obrador a la cena de Estado con Donald Trump incluye preponderantemente a nombres del ancien régime de la élite empresarial mexicana.

Se trata de un grupo que ha construido su fortuna, en gran medida, en una economía interna con altos niveles de concentración industrial, cuyos oligopolios se explican por concesiones del Estado o acceso permanente a contratos públicos.

Oficialmente, el encuentro diplomático de ayer tuvo el objetivo primordial de subrayar la voluntad política de los gobiernos de México y Estados Unidos a favor del T-MEC. Paradójicamente, la cena de Estado no necesitó de la intervención de ninguno de los actores del Grupo Monterrey, el hub industrial de exportación por excelencia del país.

“Respeto a todos los empresarios que fueron, son de primera línea, pero a ninguno de ellos los vi en todas las negociaciones del tratado”, dijo Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, en entrevista con MVS Radio. “Lamento mucho que en este gran evento no tuvieron la atención de convocarnos a quienes trabajamos (en el T-MEC). Es una señal de qué hay una línea roja entre el gobierno y la iniciativa privada organizada”.

La exclusión de Salazar Lomelín, ex presidente de Coca Cola-FEMSA, representa la máxima expresión de esta línea roja. El hecho de que un actor clave de la negociación del T-MEC haya sido marginado por el gobierno de López Obrador subraya la diferencia o la pérdida de influencia política de los tres principales conglomerados regiomontanos: FEMSA, Grupo Alfa y Cemex.

El desencuentro entre Presidencia y FEMSA es público: López Obrador le atribuye a este conglomerado y a su presidente, José Antonio Fernández Carbajal, la construcción de una campaña de desprestigio contra el gobierno. La deferencia del presidente de México con su homólogo estadounidense, Donald Trump, contrasta con la cercanía de Fernández Carbajal con el establishment del Partido Demócrata: semanas atrás, Hillary Clinton aceptó una invitación del presidente de FEMSA para pronunciar el discurso de commencement de la graduación del Tecnológico de Monterrey.

La relación del gobierno federal con Grupo Alfa y con Cemex no necesariamente se inscribe en una narrativa de conflicto. Sin embargo, estas compañías han perdido ascendencia en relación a las decisiones de política económica de la administración de López Obrador. El caso de Alfa obedece, según el testimonio privado de algunos accionistas, a los vínculos del presidente de la compañía, Armando Garza Sada, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente con la oficina del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Prueba de ello: José Antonio Meade se incorporó al consejo de Alfa cuando se retiró de la política.

David Martínez, presidente de Fintech y una figura de referencia en los consejos de administración de las empresas del Grupo Monterrey, tampoco asistió a la cena en Washington. Las prioridades de quien es considerado el mexicano mejor conectado en Wall Street están en otro lado: ayer, el gobierno de Argentina anunció un paso trascendental en su proceso de reestructuración de deuda, que fue negociado por Fintech.

La ausencia del Grupo Monterrey y su fuerte presencia en el hub industrial de exportación más importante del país contrastan con la agenda del evento posterior al encuentro de Trump y López Obrador: la ratificación de nuevas inversiones en el marco del T-MEC y el que podría ser el principio del fin del conflicto por el mercado eléctrico. El anuncio que realizó Sempra Energy en la cena de ayer en relación a una nueva inversión por 1,900 millones de dólares en una planta de gas licuado en Baja California fue leído en la industria energética mexicana como una rama de olivo en una disputa en la que habían intentando influir, sin éxito, los empresarios regiomontanos.

Carlos Bremer, presidente de Grupo Financiero Value, fue el único empresario de Monterrey que asistió a la cena en Washington. No obstante, no se le considera como un actor central del Grupo Monterrey, dado que no detenta posiciones en los consejos de administración de los principales conglomerados regiomontanos.

La marginación de la élite empresarial de Nuevo León no tiene precedentes en la historia reciente de la democracia mexicana. Lejos quedaron los días en que Lorenzo Zambrano, el legendario director de Cemex, asesoraba personalmente a Felipe Calderón, o en los que Armando Garza Sada era el invitado de honor a los eventos oficiales de Los Pinos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La 4T cambió las cosas para el Grupo Monterrey.