Desabasto de medicinas: una crisis generada desde la 4T

¿Qué pasó?

Una investigación realizada por las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa reveló que el desabasto de medicamentos, sobre todo oncológicos, se derivó por el cambio en las políticas de contratación implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué importa?

• A mediados de 2019, en diversos puntos del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió una serie de quejas en las que se pedía asegurar el tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo de niños con cáncer, ante el desabasto de medicamentos especializados.

• Dicha situación se hizo más evidente con el desarrollo de la pandemia por Covid-19 en nuestro país. ‘La gota que derramó el vaso’ fue el robo de 38 mil medicamentos, de una bodega de la Ciudad de México, ocurrido en octubre del año pasado.

El contexto:

De acuerdo con el informe ‘Operación desbasto’, la escasez de medicamentos se originó por una serie de políticas mal planteadas, cuyo objetivo era luchar contra la corrupción en la compra de insumos médicos y ahorrar costos en el proceso. Sin embargo, el cambio drástico y la falta de experiencia de los involucrados al final provocó que las medicinas no llegaran a su destino.

Los detalles:

• Según la investigación, en un intento por reducir los costos de los insumos, se le delegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de realizar todas las compras a nivel federal, incluidas las medicinas.

• Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya hacía una labor similar con la compra consolidada de medicinas, no sólo para sus clínicas y hospitales, sino también para otras instituciones, tanto estatales como federales. Solo entre 2013 y 2018 se tuvo un ahorro de hasta 21,361 millones de pesos.

• Pero con el cambio de timón llegaron los problemas, ya que además de prescindir del personal anterior, la Oficialía Mayor de la SHCP, entonces dirigida por Raquel Buenrostro, también perdió la habilidad técnica para llevarlas a cabo, dando muestras de su inexperiencia.

• Tan es así, que la primera compra del actual gobierno federal se hizo fuera de tiempo e incompleta, pues el 62 por ciento de las claves de medicamentos se declararon desiertas, es decir, no se realizó ninguna oferta de compra, por lo que la mayoría de los contratos se entregaron por adjudicación directa.

• Posteriormente, a la estrategia anticorrupción le siguió la aplicación de un veto presidencial en contra de las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país, como son Grufesa, Dimesa y Maypo, acusadas de acaparar el mercado.

• Desafortunadamente, las autoridades federales no contemplaron que a lo largo de los años dichas compañías ya poseían una red de distribución, logística, almacenaje y personal, la cual deberían reemplazar al asumir todos los costos.

• En su afán por transparentar el proceso, al tiempo de garantizar el abasto de medicamentos, se le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) encargarse de las compras, lo cuál representaría un gasto que anteriormente no se tenía cuando el IMSS las realizaba de forma gratuita.

• “La UNOPS nada más va a comprar los medicamentos, pero no se va a asegurar que estos sean distribuidos de manera adecuada. Tenemos dos problemas: se va a pagar más por algo que ya se hacía en el país de manera regular.

• “Al final, lo que nos va a costar que la UNOPS haga lo que antes hacía el IMSS es aproximadamente 85 millones de dólares”, expresó Irene Tello Arista, directora ejecutiva de ‘Impunidad Cero’, en entrevista con Carlos Loret de Mola.

• Debido a que con la intervención de las Naciones Unidas en el asunto no se remedia el problema de la distribución, Tello Arista considera que el problema del desabasto persistiría no sólo para lo que resta del año. “Probablemente, para el resto de la administración si no rectifican estas decisiones”, expresó.