Democracia con bozal

Solía decir el célebre politólogo mexicano, Jesús Reyes Heroles, que en política la forma es fondo.

Y esa frase lapidaria cobró vigencia el martes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los gobernadores de todo el país para la firma de un Acuerdo Nacional por la Democracia.

La intención es la de garantizar elecciones limpias y libres el próximo 6 de junio, en las que se renuevan 15 gubernaturas, sus congresos locales y la Cámara de Diputados.

La propuesta presidencial, en principio, luce justa y correcta. El manoseo político electoral en algunos Estados se da a cielo abierto, con la complicidad de los gobernadores o de sus altos funcionarios, quienes apadrinan y financian las campañas de sus favoritos. Los que van de la mano de su partido o los que defienden sus intereses.

Pero para que exista un acuerdo tiene que existir el consenso de dos o más actores.

Y en este caso, el documento firmado en el patio de la Tesorería en Palacio Nacional, careció del consenso necesario entre los 30 gobernadores presentes. Se ausentaron Enrique Alfaro, de Jalisco, y Quirino Ordaz, de Sinaloa.

Primero, porque la queja de los gobernadores fue que no participaron ni en la discusión, ni en la redacción del supuesto acuerdo, que aunque lleno de buenas intenciones, acabó por ser una imposición del mandatario.

La mayoría de los gobernadores denunciaron que ni siquiera conocían el texto antes de firmarlo. Y lo que es triste, no existió la oportunidad de abrir un diálogo con el presidente López Obrador para enriquecer el contenido de lo que se pactaba.

Algunos mandatarios estatales lamentaron que la reunión fuera a puerta cerrada y se limitara a un discurso presidencial, aderezado por las intervenciones de tres mujeres líderes políticas: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

Ninguna posibilidad de debate, de abrir un espacio, si no a la disidencia sí al menos a la corrección o profundización del texto. Casi una Mañanera electoral plasmada en papel y tinta, para ser suscrita incondicionalmente por los gobernadores.

Peor aún, que dentro de este acuerdo para garantizar la democracia no se hubiera incluido al Instituto Federal Electoral, que está designado por ley para ser el árbitro y garante de cualquier proceso electoral. El presidente López Obrador lo descalificó de antemano en una frase.

“El INE tiene que hacer su trabajo, como corresponde, pero estamos en una etapa nueva. Repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

Sorprendió todavía más, que frente a la ausencia del presidente del INE, sí en cambio fueran convocados el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina.

¿Debían de participar en este Acuerdo por la Democracia las dos instancias de las Fuerzas Armadas, que son esencialmente -por sus estructuras verticales de mando- entidades autoritarias, no democráticas, y que no tienen injerencia alguna en los procesos electorales?

Pero si estas formas acaban por eclipsar la buena intención del fondo, lo es más aún que en los hechos el presidente que promueve ese “manos fuera” del proceso electoral es quien violenta esa imparcialidad.

En sus conferencias mañaneras, el mandatario aboga a favor de alguno de los suyos, condenando en contraparte a los partidos de oposición o fustigando al árbitro electoral, que es el INE.

Para muestra, ahí está la defensa desaforada que el inquilino de Palacio Nacional hizo de su amigo, el cuestionado candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de cinco presuntas violaciones a mujeres, quienes lo señalan abiertamente.

¿Eso no es meter mano en el proceso electoral? ¿No es acaso esa defensa presidencial una intentona de blindar al candidato cuestionado de cualquier descalificación, incluso de otros poderes como el judicial?

Y ni que decir de los constantes -aunque sin duda muchos de ellos muy justificados- cuestionamientos sobre los partidos de oposición, como el PRI y el PAN, involucrados en presuntos actos de corrupción en los últimos sexenios.

¿No es esa crítica presidencial una parcialización del proceso en tiempo electoral, cuando las descalificaciones jamás alcanzan a su partido, Morena?

El brevísimo cónclave democrático con los gobernadores no cumplió con la expectativa despertada. Los asistentes salieron de Palacio Nacional con mal sabor de boca.

Sobre todo, cuando en los casi dos años y medio de gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente viene evitando el encuentro con los representantes de la República.

Ahora los convocó, pero sin derecho de palabra, ni de réplica.

Quizás valdría la pena preguntar a los gobernadores, ausentes de Jalisco y Sinaloa, el por qué no hicieron acto de presencia. Sin duda fue porque intuyeron el escenario y le sacaron la vuelta a la democracia con bozal.