Del Toro Salvaje

Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia tienen dos cosas en común:

La primera, son líderes sindicales que han regresado al protagonismo político en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La segunda, su defensa penal está en manos del mismo abogado, Marco Antonio del Toro

Marco Antonio del Toro es considerado el mejor abogado penalista del país por una sencilla razón: no ha perdido un solo caso en toda su carrera.

Si Elba Esther Gordillo pudo recuperar los activos que le embargó la PGR es porque su abogado hizo el juicio perfecto. Esto no es más que el resultado de una sentencia que dictó un juez federal hace meses y que dejó a los fiscales del sexenio anterior con las manos vacías. Un trofeo más para la vitrina de Marco Antonio del Toro.

Su despacho, Del Toro Carazo Asociados, se ha convertido en una garantía de protección para los intereses políticos, empresariales y sindicales de más alto perfil en este país.

Vicente  Fox fue su llave de entrada a la élite mexicana. Marco Antonio del Toro lo defendió durante su campaña presidencial y lo asesoró en el escándalo de financiamiento ilegal conocido como Amigos de Fox.

Dos años después, en el 2002, César Nava, el entonces director jurídico de Pemex, lo contrató como consultor privado en el caso del Pemexgate.

Ha representado a la Federación Mexicana de Futbol, a su ex Presidente, Justino Compeán y a la Directiva del Club Atlas.

Sus clientes corporativos incluyen a Grupo Carso, de Carlos Slim; y a la aseguradora ING, a la que asesoró en el caso de Grupo Fertinal.

Del Toro Carazo Asociados se estableció en Guadalajara en 1989. Es en esa ciudad donde su nombre se volvió un sinónimo de defensa para políticos acusados de corrupción.

Representó al ahora gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval; al ex alcalde de Zapopan, Daniel Ituarte y al ex subprocurador del Estado de Jalisco, Víctor Manuel Landeros Arvizu, por mencionar los casos más representativos.

También ha defendido a funcionarios de la administración estatal de Ulises Ruiz en Oaxaca.

Marco Antonio del Toro tomó el caso penal de Javier Duarte, pero renunció a su defensa en marzo de este año. Aunque no se ofreció explicación alguna, se dijo que la estrategia jurídica era ganadora. Su retiro coincidió con un momento de creciente presión política para que se sentenciara al ex gobernador de Veracruz.

Del Toro no ha sido ajeno a los enfrentamientos y a las advertencias del poder:

Su trayectoria lo coloca como uno de los litigantes más influyentes del país, a lado de Alonso Aguilar Zinser, que representa a Rodrigo Medina; de Ulrich Richter, que logró regresar a Humberto Moreira a México; de Fernando Gómez Mont, que llegó a ser Secretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón; o del mismo Diego Fernández de Cevallos, quien tomó la representación legal de Ricardo Anaya en la campaña electoral de 2018.

Se podría decir que Marco Antonio del Toro tiene un perfil completamente político. En agosto del 2006, por ejemplo, cuando todavía no se sabía quien sería el próximo presidente de México, el abogado publicó un desplegado haciendo un llamado a los magistrados electorales a ratificar el triunfo de Felipe Calderón.

En su práctica profesional, sin embargo, ha ocurrido lo contrario. Del Toro se ha apegado a derecho.  Uno de sus argumentos centrales, que le ha ayudado a ganar muchos casos, es que la percepción pública debe separarse de la realidad jurídica. Que una cosa son los tiempos políticos y otra los tiempos legales.

Sobre el caso de Elba Esther Gordillo, que por cierto describe como una de las acusaciones más débiles que ha visto en toda su carrera,  dijo lo siguiente en una entrevista para El Universal:

“Los mexicanos tienen que ser lo suficientemente inteligentes para evitar ser engañados con acusaciones que terminan siendo sin sustento”.

El verdadero éxito de Marco Antonio del Toro está en encontrar las fallas del sistema.

“Un buen abogado analiza el expediente y si hay deficiencias en la acusación las hace valer. Si el Ministerio Público se equivocó lo deberá llevar él en su conciencia, no yo”.

Y ese es justo el problema de nuestro frágil sistema de justicia. La PGR está rebasada y completamente politizada.

Del Toro es enfático en decir que no se puede cuestionar la presunción inocencia de nadie, ni de Elba Esther Gordillo ni de Napoleón Gómez Urrutia.

Tiene razón. En muchos casos, la sentencia de la opinión pública resulta en la impunidad de los tribunales.

El abogado que vive de defender políticos de alto perfil dice que el cambio en el país empieza por los principios básicos del debido proceso. Algo sabe de eso.