Del Derecho a lo chueco

El gobierno de Canadá ya entró al litigio internacional por el conflicto entre dos de sus empresas –IEnova y Trans Canadá Energy– con la Comisión Federal de Electricidad.

El diferendo es el pago de casi 890 millones de dólares por causas de los contratos firmados para la construcción del gasoducto entre Brownsville, Texas, y Tuxpan, Veracruz.

La nueva administración de la CFE, con Manuel Bartlett al frente, intenta desconocer lo que consideran un pago desproporcionado. Pero no entraremos en los detalles del diferendo.

Desde hace meses en Código Magenta venimos advirtiendo con cifras y datos duros que la construcción del nuevo sistema nacional de gasoductos fue el gran negocio de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Pero no se pueden desconocer unilateralmente los acuerdos pactados, así sea por cuestionables gobiernos anteriores, so pena de que la arbitrariedad jurídica impacte severamente en los niveles de confianza y de inversión extranjera en México.

Una cosa es investigar y desenmascarar la corrupción, castigando como se debe a los culpables, sean políticos o empresarios, nacionales o extranjeros –vean Odebrecht- y otra muy distinta ignorar los contratos firmados que son garantía del Estado de Derecho que debe imperar para poder pactar negocios.

El primero que dio la muestra de esa política de “Solo lo que digo yo es lo único que es legal” fue Jaime Rodríguez Calderón, quien al sentarse como gobernador de Nuevo León desconoció los acuerdos del gobierno anterior con la armadora de autos Kia.

Pero los coreanos hicieron valer los acuerdo pactados, firmados en tiempo y forma. Si existía algo que al “Bronco” no le gustara, que se lo reclamara a su antecesor Rodrigo Medina. O que se sentaran a pactar de buena fe –sin pleito– las nuevas condiciones, como acabó por suceder.

Después de todo Kia tomó la decisión de instalarse en Nuevo León –y no en otra entidad– porque precisamente ofreció el mejor paquete de incentivos.

Algo similar sucedió con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que al entrar a gobernar la Ciudad de México desconoció –sin mediar el diálogo de por medio– un contrato para la instalación de aplicaciones digitales a decenas de miles de taxis auspiciada por Libre, una empresa mexicana financiada con capital extranjero.

Con todo para entrar en operaciones, con 180 mil tablets en bodega, listas para modernizar a los taxistas capitalinos, el gobierno de la Ciudad de México desconoció los contratos firmados por el gobierno de Miguel Mancera. Así de simple.

Y como la mayoría de esa inversión viene de los Estados Unidos, estamos en la antesala de que el gobierno de México –no el de la Ciudad de México– enfrente un litigio internacional por el desconocimiento del contrato. Algo similar a lo que sucedió con los tenedores de bonos del suspendido aeropuerto de la Ciudad de México.

Por si eso fuera poco, la decisión de Manuel Bartlett de entrar en litigio internacional con los canadienses equivale a pegarse un tiro no en el pie, sino en la yugular del suministro de energéticos limpios y baratos.

El gasoducto Brownsville–Tuxpan surtirá el 40 por ciento del gas de importación. Ese gas viene de Texas, donde existen los precios más baratos de ese energético. ¿Estamos empeñados en seguir comprando gas licuado muy caro o combustóleo contaminante?

La parálisis en el suministro esperado frenaría no solo proyectos privados ya programados que exigen más gas natural, sino que iría en contra de la promesa presidencial de buscar más gas para evitar crisis como la de la península de Yucatán.

Debate aparte merece el involucramiento de Enrique Ochoa como presunto responsable de la aplicación de esas cláusulas de fuerza mayor que hoy se buscan litigar, cuando el ahora legislador ya no era director de la CFE en 2017, fecha en que los canadienses invocaron lo que hoy reclaman.

Por eso insistimos en que el gobierno de la Cuarta Transformación debe tener cuidado en el estilo personal de interpretar el Estado de Derecho. No vaya a ser que por eso acabemos todos chuecos.