De Apatzingán a San Pedro

Ya sea el asesinato de un prominente abogado en la Ciudad de México, el homicidio de un presidente municipal en Hidalgo, la ejecución de un líder limonero en Apatzingán o la desaparición forzada operada a plena luz del día por un comando paramilitar en San Pedro Garza García, cada vez son más evidentes los indicios de que México se ha convertido en tierra de nadie. En este país, cualquier persona puede ser asesinada o desaparecida con total impunidad. Todos los casos mencionados ocurrieron en la última semana. El Estado, cuya tarea primordial es garantizar la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, ha perdido su propósito esencial.

Los nombres de las víctimas, David Cohen, Miguel Bahena, Bernardo Bravo, se desvanecen en el aire cuando termina el ciclo de noticias de 24 horas. La violencia criminal, la crisis de homicidios, se ha vuelto parte de la normalidad mexicana. Para el gobierno, la falta de memoria colectiva protege a los poderosos de la rendición de cuentas. El discurso de la administración de Claudia Sheinbaum se repite cada vez que surge un cuestionamiento por asesinatos de alto perfil: se trata de casos aislados, argumentan; el índice de asesinatos está bajando, aseguran.

Sin embargo, las palabras del gobierno chocan contra la realidad del aumento de las cifras de desapariciones o contra la tesis del experto en seguridad nacional, Eduardo Guerrero, de que la pacificación es frágil porque depende de la construcción de un monopolio criminal en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos sostiene que el 35 por ciento del territorio mexicano está bajo control de los cárteles, nadie fuera del gobierno lo contradice. Lo mismo sucede en Tierra Caliente, sede de un conflicto paramilitar con drones artillados y minas terrestres entre cárteles y grupos de autodefensa, que en San Pedro Garza García, un municipio con un ingreso per cápita de 107 mil dólares anuales, sede de importantes corporativos multinacionales y el nuevo hub de blanqueo de capitales en México.

El caso sampetrino es emblemático para entender los problemas estructurales de la crisis de seguridad en México. En 2009, antes de asumir el cargo como alcalde, Mauricio Fernández Garza pactó un blindaje artificial con el Cártel de los Beltrán Leyva. El político panista confesó el acuerdo en una grabación que entonces fue revelada por el periódico Reporte Índigo. Arturo Beltrán Leyva, quien en ese momento libraba una sangrienta guerra criminal contra el Cártel de Sinaloa, se refugió en San Pedro Garza García. Desde ese momento, la seguridad municipal se administró mediante una codependencia entre el alcalde y el grupo criminal denominado ‘La Oficina’, una célula que, hasta la fecha, obtiene rentas criminales producto de la extorsión, el narcomenudeo y la “protección” a criminales de cuello blanco como factureros u operadores de huachicol fiscal. En alguna ocasión, un ex secretario de Seguridad Pública de Nuevo León le dijo a Código Magenta que, prácticamente, todos los asesinatos cometidos en San Pedro están relacionados a esta red de extorsión. El caso mediático más reciente de alto impacto: el homicidio de Julio César Luna, propietario de Tacos del Julio.

Este contexto sugiere que el municipio más rico del país, el que alberga a la élite del otrora prominente Grupo Monterrey, es manejado por un grupo de seguridad acusado de vínculos criminales en denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Si esto sucede en San Pedro, ¿qué está pasando en el resto del país? ¿Quiénes manejan la seguridad de México en todos sus niveles? ¿Quién vigila a los vigilantes?

En 2015, en el tercer trienio de Mauricio Fernández Garza como alcalde de San Pedro, el panista designó a un viejo operador de seguridad como enlace con el Cártel de ‘La Oficina’ de los Beltrán Leyva: José Luis David Kuri. De acuerdo a una fuente de esa administración municipal, Kuri actuaba a la sombra de las autoridades. El rol de este operador confirmó lo que muchos sospecharon durante años: en San Pedro, se estableció un ‘Grupo Rudo’ que realizaba ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Un comando armado por encima de la ley.

Después de seis años del gobierno independiente de Miguel Treviño, Mauricio Fernández recuperó la alcaldía de San Pedro en 2024. En esta ocasión, el presidente municipal eliminó a los intermediarios y designó directamente a José Luis David Kuri como secretario de Seguridad Pública. Los escándalos emergieron de inmediato. Uno de sus mandos policiales, Lorenzo de León Pruneda, renunció a su cargo porque se reveló que había estado preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Otro de los mandos, Fernando Martínez Huizar, titular de Asuntos Internos, fue captado en video en Tacos del Julio, días antes del asesinato de Julio César Luna, solicitando pagos por extorsión. Además, Código Magenta exhibió que existe una denuncia en su contra por violación en la Fiscalía de la Ciudad de México. Joaquín Villegas, escolta de José Luis Kuri, estuvo preso por homicidio y formó parte de un grupo SWAT de la Policía Estatal con vínculos al Cártel de los Beltrán Leyva.

El escándalo más reciente ocurrió el viernes 17 de octubre. Fuerza Civil de Nuevo León informó sobre un arresto en el municipio rural de Anáhuac de dos personas con 300 mil pesos en efectivo (cuya procedencia no pudo ser comprobada) y un chaleco balístico. El comunicado refiere que la detención se realizó de manera aleatoria porque una camioneta estaba parada en la carretera Monterrey-Laredo. No obstante, fuentes del aparato de seguridad aseguran que fue un trabajo de inteligencia y que los detenidos eran policías de San Pedro: José Miguel Compeán García y José Juan López Uribe. Esta es una prueba adicional de las irregularidades que rodean a la Secretaría de Seguridad Pública sampetrina.

El pasado sábado 11 de octubre, la colaboración criminal entre el grupo de ‘La Oficina’ y un sector de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro se manifestó en un video captado por vecinos de la Colonia Bosques del Valle, un exclusivo sector residencial: un comando de hombres armados, con el rostro cubierto, sin uniforme, privó de la libertad a un civil. José Luis David Kuri, secretario de Seguridad, alegó que los encapuchados no eran secuestradores, sino miembros de Fuerzas Especiales de la Policía de San Pedro. Código Magenta tuvo acceso al testimonio de una de las víctimas que fue privado de la libertad, golpeado, amenazado y torturado. Su versión de los hechos contradice completamente la versión de las autoridades.

Código Magenta también pudo conocer el relato de hechos del padre de la víctima, quien ha solicitado la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, a cargo de Omar García Harfuch, y de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Tememos por nuestra seguridad, tenemos miedo”, advierten.

Considerando esta situación, el padre de la víctima envió una advertencia contundente sobre el riesgo de utilizar “grupos rudos” para el manejo de la seguridad pública.

Este caso no representa un fenómeno aislado. Se trata de un problema sistémico. Precisamente ayer, 21 de octubre, el Comité contra las Desapariciones de la Organización de Naciones Unidas, en su informe anual frente a la Asamblea General abrió el procedimiento del Artículo 34 para México. El Estado mexicano dijo no compartir la decisión del Comité, dado que el Artículo 34 “debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos”. El gobierno negando la realidad que aqueja al país, de Apatzingán a San Pedro, en todas sus latitudes.

La impunidad es un virus que se ha esparcido por todo México. El miedo se alimenta de las fallas y la indiferencia de un sistema de procuración de justicia que se resiste a ser reformado. También se nutre del silencio cómplice. En San Pedro, un reporte de inteligencia militar sobre el manejo de la seguridad municipal y sobre los nexos de la policía con ‘La Oficina’ llegó a las manos de un grupo de personas cercano al alcalde, el ahora difunto Mauricio Fernández Garza. A pesar de la contundencia de la información, nadie se atrevió a confrontarlo.

Sucedió lo contrario mil kilómetros al suroeste de San Pedro, en Apatzingán, Michoacán, donde un valiente líder empresarial, cansado de las extorsiones criminales de los cárteles, alzó la voz en nombre de su gremio, los productores de limón. Por ello, Bernardo Bravo fue brutalmente asesinado.

En su deber más elemental, el Estado mexicano le debe justicia, al igual que al abogado David Cohen, al alcalde Miguel Bahena, a los asesores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, y a las decenas de miles de víctimas de asesinato y desaparición forzada en este país. El combate a la impunidad, la transformación de la realidad, empieza por no olvidar nombres como los de Bernardo Bravo. Por alzar la voz en su memoria. ¿Lo entenderán las élites políticas y empresariales de San Pedro Garza García y del resto del país?