El corte de la Corte

Isidro Avelar es magistrado en Jalisco. Fue acusado de de haberse reunido con las hijas del “Mencho”, el narcotraficante más buscado por el Departamento de justicia de Estados Unidos.

Jorge Figueroa, otro juez de Jalisco, habría recibido un soborno por la sentencia que liberó a Rafael Caro Quintero.

Y a Juan Villanueva, el juez que amparó a Roberto Sandoval, se le señala de haber recibido un departamento y una pensión como pago del ex gobernador de Nayarit.

¿Qué tienen en común estos personajes? Que son tres de los diez jueces denunciados por Ricardo Monreal en una carta dirigida a Arturo Zaldívar, el Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

Monreal habla en serio. Si hay algo en lo que Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de mayoría en el Senado están de acuerdo es en reformar al Poder Judicial.

Un día después de que se filtró la carta, El Universal publicó esto en primera plana:

El informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura detalla irregularidades de 5,428 millones de pesos en la administración del Ministro Presidente Luis María Aguilar.

El Poder Judicial no atendió las 797 observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación.

Y no sólo es Ricardo Monreal quien pide más credibilidad, transparencia y austeridad para los jueces.

Él es Juan Carlos Pérez Góngora, el Presidente de México Justo, una asociación civil que propone crear un cuerpo de vigilancia paralelo al Poder Judicial y a la Suprema Corte.

México Justo está asesorado precisamente por un ex Ministro Presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel. Su tesis es muy sencilla: el Poder Judicial tiene que cambiar a través del Consejo de la Judicatura Federal, no mediante la intervención de otro poder. De hecho, la propuesta más relevante de esta asociación implica arrebatarle facultades al Ejecutivo Federal:

La idea de México Justo es reformar desde la sociedad civil. Incluso se plantea crear una Suprema Corte a la sombra, un consejo de 11 juristas destacados de la academia para evaluar las sentencias del máximo tribunal de Justicia de este país. Sin embargo, su reforma más relevante pasa por el Consejo de la Judicatura Federal.

Andrés Manuel López Obrador es el primer Presidente en la historia de la democracia mexicana que ha instalado a su partido como mayoría en las dos cámaras del Congreso.

Esto, inevitablemente, generará fricciones con el Poder Judicial, considerado como el último contrapeso a una de las Presidencias más poderosas en décadas. En el entorno de la Corte están conscientes de ello, por eso tienen un consejo para López Obrador:

Genaro Góngora Pimentel fue uno de los magistrados que llegó a la Suprema Corte gracias a la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994, que desechó por completo el antiguo tribunal de 26 ministros y creó una nueva Corte con once miembros.

Este antecedente le abre un abanico de oportunidades a López Obrador:

Puede mantener el status quo. Puede apoyar una reforma radical como la que propone Ricardo Monreal o una reforma moderada como la de México Justo. O puede también impulsar una nueva  constitución, como lo han sugerido algunos de sus asesores: Diego Valadés, Alejandro Encina y Cuauhtémoc Cárdenas. Nada está descartado.