Corrupción sin rostro

El ex presidente de Brasil, Michel Temer, fue arrestado la semana pasada bajo la acusación de estar involucrado en una amplia red de corrupción, detectada por la Operación Lava Jato.

Temer no es el primero. Ya en marzo del 2016 el emblemático Luis Inacio Lula da Silva se entregó luego de que un juez lo sentenció a 12 años de cárcel bajo los cargos de corrupción dentro del mismo operativo que destapó, entre otros casos, el de la constructora Odebrecht.

Y su sucesora, Dilma Rousseff, se vio obligada a dejar la presidencia de Brasil acusada de estar involucrada en actos de corrupción de Petrobras, la petrolera brasileña, y en otros juicios promovido por Lava Jato.

En el Perú, el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine purgaron una condena de 9 meses en prisión preventiva, de julio del 2017 a abril del 2018, acusados también de recibir financiamiento para su campaña de la brailseña Odebrecht. Siguen el proceso en libertad.

Y el ministerio de justicia del Perú espera que en cualquier momento sea contratado el despacho de abogados que agilice la extradición del también ex presidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia en Estados Unidos denunciado también por el caso Odebrecht.

Uno más. Pedro Pablo Kuczinsky, el último mandatario peruano electo, renunció en marzo del 2018, una vez más bajo acusaciones de corrupción.

Y su sucesor, el interino Martín Vizarra, emprendió una limpia del sistema judicial, desarticulando el aparato judicial peruano después de detectar una red generalizada de reparto de favores y sobornos entre jueces, magistrados y autoridades.

Para cerrar el círculo, el actual gobierno peruano acaba de desmantelar a una red de despachos y abogados privados que se coludían con el sistema judicial, exhibiendo que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.

Vienen todos estos ejemplos de dos naciones latinoamericanas que tienen a cinco mandatarios contra la pared por actos de corrupción, mientras que en México sigue sin suceder nada.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su mandato el primero de diciembre del 2018, la expectativa sobre su lucha contra la corrupción era el mantra del nuevo gobierno.

Por supuesto que una serie de entramados corruptos, desde Pemex, la CFE, Fertinal, la Estafa Maestra y por supuesto el mundialmente famoso caso Odebrecht, fueron puestos como esperanza de dónde se ubicarían las primeras sacudidas.

Pero hasta ahora, a 116 días de gobierno, abundan las denuncias de corrupción en todos los frentes –Estancias y Albergues para Mujeres Maltratadas incluidos- pero no se identifican por ningún lado los rostros de esa corrupción.

La estrategia ya está causando estragos en la imagen del nuevo gobierno, que cada conferencia mañanera abre expedientes que no se acompañan con el castigo a esa corrupción de la que se habla. Y eso se llama impunidad.

Cuando el presidente López Obrador anunció la incorporación de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, los reflectores se instalaron sobre quien desde la Fiscalía para Delitos Electorales en el sexenio peñista investigó el caso Odebrecht, pero no pudo concluir porque lo cesaron. La presunción es que le castigaron en meterse donde no debía.

Incluido en las filas lopezobradoristas, Nieto ya apareció en dos ocasiones en La Mañanera, rindiendo cuentas de casos bajo investigación. Pero, una vez más, nada se asoma sobre quienes serán procesados.

El presidente López Obrador está obligado, en medio de tantas y tan valientes denuncias, a cerrar algunos de los círculos.

No puede correrse el riesgo de que el perdón y olvido imperan, mucho menos que existe incapacidad para acabar de integrar debidos procesos y consignar.

Brasil y Perú están dando sobradas pruebas de que sí se puede mandando a prisión a presidentes corruptos. México y la promesa de la Cuarta Transformación no deben quedarse atrás.