Corrupción en Segalmex: ¿Quién protege a Ignacio Ovalle?

¿Qué pasó?

• La bomba de corrupción de Segalmex está a punto de estallar. El caso ya está en tribunales: la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado y obtenido 15 órdenes de aprehensión contra funcionarios de la dependencia.

• Sin embargo, su ex director, Ignacio Ovalle, no ha sido involucrado en el proceso y ya fue acomodado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en otra posición del gobierno federal.

¿Por qué importa?

Segalmex es un hoyo negro de desfalco y corrupción en la administración de Andrés Manuel López Obrador, una conclusión en la que coinciden tanto la FGR, la ASF, la UIF, la SFP y el despacho privado Salles Sainz-Grant Thornton.

El contexto:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por 9.5 mil millones de pesos, convirtiéndose en un tsunami de corrupción inminente. La FGR ha recibido 38 denuncias de instancias de gobierno por presunto daño patrimonial a la dependencia.

Los detalles:

• La FGR ha solicitado órdenes de aprehensión contra 15 funcionarios de Segalmex por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, con respecto a una supuesta adquisición irregular de azúcar.

• Por alguna razón, la fiscalía no incluyó en la lista de los implicados al ex director Ignacio Ovalle, quien todavía estaba al frente de la dependencia durante el periodo en que se cometió el presunto delito.

• En abril pasado fue sustituido por Leonel Cota Montaño y nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el cual está adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

• De acuerdo con el portal Animal Político, el caso se deriva de una carpeta de investigación distinta a la iniciada por el presunto uso indebido de recursos públicos por un monto de 950 millones de pesos en operaciones bursátiles ilegales. René Gavira Segreste, ex director de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa fue vinculado a proceso tras haberlas autorizado.

• La actual denuncia fue presentada por la FGR ante un juez de distrito con sede en Oaxaca, que además de las órdenes de aprehensión autorizó 10 cateos a diferentes inmuebles, en contra de la empresa Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V.

• Según las indagatorias, la compañía en cuestión fue contratada -de manera directa y sin licitación de por medio- el 24 de abril de 2020 para la adquisición de 25 mil toneladas de azúcar, por un monto de entre 418 y 465 millones de pesos.

• Dicha compañía, constituida el 4 de octubre de 2018, comenzó a tener actividad comercial hasta el año 2020, precisamente con Diconsa. Además de la compra de azúcar señalada, entre 2020 y 2021, recibió de parte de Segalmex otros 178 contratos con valor de 148.8 millones de pesos para surtir productos a varias unidades operativas estatales en el sureste mexicano.

• Los fiscales aseguran que los recursos millonarios fueron pagados por adelantado a Carregin sin que se entregara la totalidad del producto solicitado por la Unidad Operativa de Segalmex, en Querétaro, como parte del Programa de Abasto Rural.

• El principal argumento de la FGR es que existió un acuerdo entre ex funcionarios y empresarios para favorecer específicamente a dicho proveedor, al no haber un contrato formal que amparara la compra, más allá de una “hoja de pedido” (con base en un acuerdo para agilizar compras ante la pandemia de Covid-19).

• Por tal motivo, los ex funcionarios fueron acusados por los presuntos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto del uso indebido de atribuciones y facultades.

• Entre las nuevas órdenes de aprehensión también figura René Gavira Segreste, pues su nombre aparece en la “hoja de pedido” de las 25 mil toneladas de azúcar a favor de Carregin, con el de otros ex funcionarios que la FGR busca capturar:

• Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial; Roberto Rivera Ramos, ex subgerente en la Dirección Comercial y a cargo de la programación de adquisiciones; y Jesús Morales Garza, ex gerente en la Dirección Comercial encargado de la contratación de granos y azúcar.

• Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos; Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal; José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General; Carlos Peralta Aburto, ex subgerente de presupuesto en la Unidad de Administración y Finanzas; Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora corporativa de gerencia de presupuestos en la Dirección de Finanzas, y José Rosalio Hernández García, ex coordinador corporativo de la Gerencia de Tesorería encargado del pago a proveedores.

• Sin embargo, la FGR también pretende fincar responsabilidades a ex mandos regionales: Hugo Armando Rosas Medina, ex subgerente de la Unidad Operativa Querétaro; Jorge Humberto González Bocardo, ex subgerente de abasto en la Gerencia Estatal Tlaxcala; José Elías Ávila Peña y Simón Escobar Copca, ex jefes del almacén rural de La Luisiada y San Luis de la Paz, Guanajuato, respectivamente, además de Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe de este último almacén rural.

• Por si fuera poco, la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero también se hizo extensiva contra seis integrantes de la firma Carregin, como es el caso de Jorge Saúl Romero Valencia y Daffne Ivanna Pomar Colin, identificados como accionistas, y José Miguel Ojeda Antonio, José Francisco Pagaza López, Eduardo Alejandro Murillo Landeros y Javier Adrián Jiménez Tinoco, en su calidad de apoderados.

• Trascendió que, además de las acusaciones presentadas contra ex funcionarios y miembros de Carregin, la FGR también tiene en la mira a otros dos empresarios vinculados a una compañía de prestación de servicios y otra de transportes.