Corrupción con rostro

Nadie puede regatearle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el mérito de romper el maleficio de tres sexenios sin asestar un golpe serio contra la corrupción en México.

Ni en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto se persiguió esa corrupción rampante que floreció sin límites, en el cinismo del “aquí no pasa nada”.

El caso Odebrecht fue la gota que derramó el vaso. Una constructora brasileña hace de los sobornos a los gobiernos de 12 países su modus operandi y en todos hay consecuencias. Menos en México y Venezuela.

Para aquellos que temían que México se venezuelanizara, ahí está la primera muestra de que ya no estábamos en la dictadura perfecta de un PRIAN que todo lo ocultaba, que a nadie perseguía.

Por eso la detención de Alonso Ancira en Mallorca y los cateos a las residencias de Emilio Lozoya Austin sacudieron las entrañas del sistema político y empresarial mexicano.

Porque se trata de la primera muestra de que la promesa de la lucha abierta contra la corrupción va en serio en el gobierno de la Cuarta Transformación.

El reclamo de seis meses de hablar y hablar sobre la corrupción en las Mañaneras por fin muestra los rostros de Lozoya y Ancira.

El mensaje es poderoso por al menos cinco razones.

Uno, porque no se trata de personajes menores. Hablamos del director de Pemex, la principal paraestatal, en presunta colusión con el director de Altos Hornos de México, uno de los empresarios poderosos y beneficiario de los favores del que fuera el PRI-gobierno.

Dos, porque es una fotografía muy clara de aquello a lo que el presidente López Obrador bautizó desde hace años como “La Mafia del Poder”. El jeque del petróleo y uno de los zares del acero en México se unen en un amasiato de intereses para enriquecerse sin límite, a costa del erario. Cerca de 500 millones de dólares es el presunto botín, a simple vista.

Tres, porque de facto, si no elimina, al menos reduce la tentación de personajes públicos o privados a usar al gobierno y el dinero de nuestros impuestos para enriquecerse. Vuelve a darse el crimen con castigo.

Cuatro, porque es la primera ocasión en la que no es un gobierno extranjero –sea Italia, Guatemala o España- la que toma la iniciativa para capturar a un gran delincuente de cuello blanco. El caso fue llevado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero y por Santiago Nieto, el fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sigilo, sin filtraciones.

Cinco, porque los ciudadanos recuperan la esperanza de que la judicialización de este caso –y los que vienen- se instale la lucha contra la corrupción como la gran bandera para recuperar la dignidad nacional en todos los niveles, no solo en las cúpulas del poder.

Por lo pronto Javier Coello Trejo, el abogado de Emilio Lozoya, ya lanzó la primera advertencia. Su cliente no actuó solo y actuó en función de lo que aprobó el Consejo de Administración de Pemex.

Y en ese consejo despachaban los secretarios de Hacienda, Energía y Economía. Pero la amenaza más severa fue la de sentar en el banquillo al mismo ex presidente Enrique Peña Nieto.

Hace algunos días preguntábamos si la inhabilitación de Emilio Lozoya, decretada por la Secretaría de la Función Pública, era el principio o era el fin. Hoy sabemos que es apenas el principio de lo que será un fin.

¿Vamos también por la otra mitad de las compras fertilizadoras de Pemex? ¿Pasarán a investigación a Fabio Covarrubias?