Consejo Cívico exige a Samuel aclarar patrimonio

Tras la divulgación de una serie de investigaciones periodísticas que implican al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en casos de enriquecimiento inexplicable, el Consejo Cívico exhortó al político emecista a esclarecer cuanto antes el aumento patrimonial, tanto suyo como el de su familia.

“Consideramos que el gobernador tiene la responsabilidad de aclarar estos señalamientos a la ciudadanía de Nuevo León, así como el crecimiento significativo de su patrimonio desde que es funcionario electo. Esto incluye a sus familiares, quienes deben explicar la relación de sus negocios con empresas proveedoras del Estado”, se lee en un comunicado del organismo.

Dichos reportajes han revelado prácticas de triangulación en las que proveedores oficiales obtienen contratos del estado y, posteriormente, realizan pagos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF) a través de empresas “hermanas”.

Entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, el gobierno estatal otorgó contratos por 964.7 millones de pesos a Suministro MYR, una compañía de servicios de alimentación a penales y organismos públicos que destaca por ser la segunda empresa con el mayor monto de asignaciones públicas a nivel federal.

De manera paralela, Suministro MYR facturó 237.2 millones de pesos a una empresa “hermana” que comparte al mismo socio fundador y forma parte del mismo grupo económico, Proveedor de Productos Mexicanos Jace. La segunda compañía pagó 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

La cifra representa el 21 por ciento del monto de contratos estatales asignados a Suministro MYR. De acuerdo a los datos del SAT, los pagos se realizaron a partir del 15 de octubre de 2021, once días después del inicio de la administración.

Cabe hacer énfasis en que el despacho FJyF pertenece al mandatario estatal y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

A la luz de dichas revelaciones, el Consejo Cívico instó a García Sepúlveda a aclarar su relación con los despachos de abogados de los que era socio antes de asumir su cargo como funcionario electo, para evitar posibles conflictos de interés.

“Exhortamos al gobernador a clarificar el origen de su patrimonio y su relación con los despachos de abogados de los que era socio antes de ser funcionario electo, para evitar posibles conflictos de interés.

“Asimismo, solicitamos a la Contraloría Estatal que investigue todas las empresas mencionadas en medios, revise montos cobrados y servicios entregados, y garantice la selección de las mejores opciones para contratos de obra pública y adquisiciones”, señala el Consejo Cívico.

Por si fuera poco, diversos medios locales dieron a conocer que Samuel García posee un terreno de 17.6 hectáreas en Mesa de la Corona, una zona de alta plusvalía en San Pedro, en la que pretende construir una residencia de 2,800 metros cuadrados.

En su defensa, el emecista alegó hace varias semanas que dicho lote lo habría recibido como “dación de pago” por servicios prestados en FJyF desde 2005.

Otros señalamientos

Código Magenta dio a conocer que, en el gobierno de Samuel García, el DIF de Nuevo León ha realizado 14 pagos por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, un proveedor estatal que pertenece a un grupo empresarial que contrató los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados.

Las transacciones -que fueron reportadas originalmente por el medio Latinus-, repiten un modus operandi de triangulación financiera entre el gobierno del estado, sus contratistas y FJyF.

Esto se suma a casos como el de ECM Soluciones Fiscales: Miguel Ángel Rojas Galván, quien fue empleado de Firma Jurídica y Fiscal Abogados durante ocho años y que actualmente es el director Jurídico Tributario del gobierno estatal, asignó contratos por 140 millones de pesos a ECM Soluciones Fiscales, una empresa que comparte domicilio con el despacho propiedad del gobernador y su padre.

ECM Soluciones fiscales fue contratado para resolver litigios fiscales del gobierno de Nuevo León, una tarea que corresponde a la oficina pública de Rojas Galván.

A partir de que el gobernador Samuel García se instaló en la gubernatura, los dos despachos jurídicos de él y de su familia triplicaron sus ingresos al pasar de 632 millones de pesos que facturaron de 2015 a 2021 -antes de ser gobernador- a 1,781 millones de pesos que es lo facturado desde 2021 -cuando tomó posesión- a lo que va de 2024.