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10 de marzo 2020

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Comisión Anticorrupción prepara sanción contra El Bronco

Nuevo León

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León tiene listo el dictamen de sanción para el gobernador, Jaime Rodríguez “el Bronco”, y para su secretario de Gobierno, Manuel González. El acuerdo, que será votado por esta instancia parlamentaria el jueves a las cinco de la tarde, plantea la destitución e inhabilitación por seis años de ambos funcionarios.

Por Rodrigo Carbajal

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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León tiene listo el dictamen de sanción para el gobernador, Jaime Rodríguez “el Bronco”, y para su secretario de Gobierno, Manuel González. El acuerdo, que será votado por esta instancia parlamentaria el jueves a las cinco de la tarde, plantea la destitución e inhabilitación por seis años de ambos funcionarios.

El dictamen es la respuesta del poder legislativo local a la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) que determinó, desde junio de 2018, que Rodríguez Calderón y González Flores incurrieron en una falta legal por haber utilizado recursos públicos para la campaña presidencial del “Bronco”.

El poder judicial deliberó que le corresponde al Congreso de Nuevo León determinar la sanción y que debía hacerlo antes de diciembre de 2019. Ante el incumplimiento del poder legislativo local, la Sala Superior del TEPJF concluyó en febrero de 2020 que la Sala Regional Especializada es la instancia encargada de establecer si el Congreso incurrió en un desacato al no sancionar al gobernador y a su secretario de Gobierno. En ese sentido, se emitió un nuevo exhorto para los diputados, planteando como fecha límite el 24 de abril de 2020.

El dictamen de la Comisión Anticorrupción, que preside el diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, establece que, aún si el acuerdo es aprobado por el Congreso de Nuevo León, éste no entrará en vigor hasta que el ministro de la Suprema Corte Juan Luis González Alcántara Carrancá resuelva la controversia constitucional 310/219, derivada de un amparo promovido por Rodríguez Calderón.

El proceso de sanción de esta comisión es paralelo a la solicitud de juicio político que el senador Samuel García presentó ante el Congreso de Nuevo León en contra del “Bronco”. Los diputados locales no han logrado un consenso sobre el camino legal que debe seguirse para sancionar al gobernador y al secretario de Gobierno; si debe realizarse mediante un juicio político o a través de un acuerdo de la Comisión Anticorrupción.

La bancada de Movimiento Ciudadano ha intentado cerrar esta pinza legal promoviendo el avance de ambas vías. La opinión jurídica expresada en el dictamen de la Comisión Anticorrupción sostiene que, dado que se trata de una falta “grave y especial”, esa instancia parlamentaria tiene la facultad de establecer las condiciones de la sanción.

La diferencia entre el juicio político y el proceso de sanción de la comisión tiene un fondo de mecánica política: se requieren 28 votos para aprobar una sanción en el primer caso y 22 votos en el segundo. En un momento en el que la estrategia electoral rumbo a 2021 se vuelve cada vez más latente entre los grupos de interés al interior del Congreso, esta brecha de seis votos podría ser crucial para el futuro político del gobernador de Nuevo León.

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