Coahuila: La última de Andy

Los días de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán al frente de Morena están contados. Esa es la tesis que ha circulado durante meses entre los operadores políticos del movimiento de la Cuarta Transformación. El cambio, paralelo a los enroques de gabinete en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Agencia Nacional de Aduanas, se interpreta como parte de un esfuerzo explícito de la presidenta Claudia Sheinbaum por tomar el control de las elecciones intermedias de 2027. Es ahora o nunca.

Un activista territorial de la 4T, quien ha pedido permanecer en condición de anonimato, sostiene que la salida de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán significaría un reacomodo total en los acuerdos internos de Morena para la designación de los candidatos a las gubernaturas. “Si ‘Andy’ y Luisa María se quedan, te puedo decir exactamente quiénes serán los candidatos”, afirma la fuente consultada por Código Magenta.

Dentro del oficialismo, un grupo cercano a Palacio Nacional se ha movilizado para capitalizar el  rumor: a través de filtraciones y cabildeos pretenden instalar a Ariadna Montiel como la dirigente nacional de Morena. La secretaria del Bienestar, quien repitió en su posición tras el cambio de sexenio, representó un perfil clave para la operación territorial de la campaña presidencial de Sheinbaum en 2024. De acuerdo a la denuncia pública que hizo -en 2023- Marcelo Ebrard, el precandidato perdedor de la contienda interna de Morena, Montiel habría desviado miles de millones de pesos para que Sheinbaum fuera seleccionada como la candidata presidencial de la 4T. Se trata de un activo político confiable para la presidenta. Difícilmente puede decirse lo mismo de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán.

Sin embargo, los términos de la salida de Alcalde y de López Beltrán dependen, hasta cierto punto, de los resultados de las elecciones legislativas locales de Coahuila, la aduana política final previa a los comicios federales intermedios de 2027. El estado, el último bastión priista que no conoce la alternancia, renovará 25 diputaciones del Congreso: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Estarán en disputa la afinada maquinaria de movilización del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el plan de juego electoral diseñado desde el año pasado por Andrés Manuel López Beltrán. El secretario de Organización de Morena impuso a coordinadores distritales en marzo, operó la afiliación de 250 mil militantes de Morena en Coahuila y apostó por un polémico grupo político cuyas figuras más visibles son la senadora Cecilia Guadiana y su esposo, el delegado de programas federales en el estado, Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas. Victoria o derrota, Andrés Manuel López Beltrán será el dueño del resultado.

De hecho, las perspectivas no son alentadoras para Morena. El partido se ha fragmentado entre tribus. Cecilia Guadiana se ha confrontado públicamente con importantes figuras de Morena en el estado, como el senador Luis Fernando Salazar o los ahora candidatos a diputados locales, Antonio Attolini y Alejandra Salazar. ¿El motivo de la disputa? Acusaciones de desvío de recursos públicos a campañas anticipadas. El cisma en la 4T es todavía más profundo si se considera el papel antagonista que ha jugado, desde el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja. La ruptura de Mejía con Morena fue un factor fundamental para la victoria de Manolo Jiménez a la gubernatura en 2023.

Las elecciones de Coahuila han colocado el foco en un cuestionado operador de Morena, uno de los enlaces de Andrés Manuel López Beltrán en el estado: el empresario Gerardo Covarrubias, a quien la senadora Cecilia Guadiana llama “tío”. Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal en el primer tramo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, acusó a Covarrubias de tener vínculos con el crimen organizado. “Senador Guadiana, hábleme de las carpetas de lavado de dinero, de su relación con Gerardo Covarrubias y con los Zetas”, declaró Mejía Berdeja en la campaña a la gubernatura de 2023, haciendo alusión a Armando Guadiana, su rival en esa contienda y padre de la actual senadora por Coahuila.

Covarrubias se ha ganado el favor de algunos operadores políticos de la Cuarta Transformación mediante el financiamiento de movilizaciones masivas de decenas de miles de personas en eventos del partido y en mítines de la presidenta Claudia Sheinbaum. En septiembre de 2025, la presidenta sostuvo un breve encuentro con Covarrubias en Ramos Arizpe, Coahuila. Sus reuniones con Andrés Manuel López Beltrán son frecuentes, de acuerdo a personas cercanas al asunto. En el entorno de Guadiana, señalan a este empresario como el hombre del dinero detrás de las estructuras de Morena. En octubre de 2025, Covarrubias fue vinculado a proceso por el delito de evasión fiscal equiparada por 160 millones de pesos. De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República citadas por La Jornada, el empresario morenista, cercano a ‘Andy’ López Beltrán, también es objeto de una investigación federal por fraude pensionario, por el cobro ilegal de pensiones del ISSSTE por más de 5 mil millones de pesos.

En Morena, hay un ambiente de derrota. Andrés Manuel López Beltrán estableció como parámetro de “un buen resultado” la obtención de triunfos en dos o tres distritos electorales de Saltillo, Torreón y Monclova. En el gobierno de Manolo Jiménez, el clima no podría ser más distinto. “El PRI está manejando para ganar todo”, asegura a Código Magenta una fuente que participará en el proceso electoral. La estrategia del priismo tiene dos elementos: la pulverización del voto, alimentada por una operación para mantener dividido a Morena y la movilización del aparato de programas sociales. Dentro de Palacio de Gobierno, el encargado de la primera tarea es Diego Rodríguez, subsecretario de Gobierno y operador esencial del gobernador en temas políticos. La segunda tarea está encomendada a Gabriel Elizondo, secretario de Desarrollo Social, otro político del grupo compacto de jóvenes que rodean a Manolo Jiménez. Los críticos de esta estrategia cuestionan que el gobierno estatal pretende mantener “unas elecciones silenciosas” para “comprar menos votos”. También son escépticos de por qué, en la antesala electoral, se han registrado denuncias de extorsión contra funcionarios del SAT estatal por el cobro de hasta un millón de pesos a cambio del cierre de expedientes a notarías y a empresarios. Alfonso Danao, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y quien busca una tercera vía para el estado, señala: “Morena y el PRI apuestan por sus estructuras construidas en torno a sus programas sociales, mientras que nosotros apostamos por la participación ciudadana”.

De cualquier forma, en Morena se encendieron las alarmas. El grado de la emergencia quedó de relieve en una reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara de Diputados entre legisladores del oficialismo. Según un reporte de prensa, “el diputado Emiliano Álvarez transmitió la instrucción del partido”: movilizar el territorio. La presidenta Sheinbaum ha intentado influir de manera indirecta en la contienda, con la designación de un delegado a la sombra: Jorge Gaviño, secretario general del IMSS. Desde la Ciudad de México, sobre la hora, la 4T intenta corregir el rumbo de la elección coahuilense.

En Coahuila se juegan importantes intereses estratégicos más allá del balance político y de la narrativa previa a los comicios federales de 2027. El estado es un nodo invaluable del ecosistema T-MEC y será un jugador fundamental en la reactivación de la industria del gas y petróleo shale promovida por Palacio Nacional, mediante la explotación de la Cuenca de Burgos. De acuerdo a cifras del gobierno estatal, el estado podría contar con reservas de 20 mil millones de barriles de petróleo y gas equivalentes. Además, está en juego el futuro de una política de seguridad que, como pocos lugares en México, ha mantenido a raya a los cárteles.

Los resultados de Coahuila serán un determinante fundamental para el futuro político de Luisa María Alcalde y de Andrés Manuel López Beltrán. El fracaso de los comicios locales de Durango y de Veracruz quebraron el mito de que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador es un operador político nato. ‘Andy’ fue señalado como el responsable de la derrota.

De hecho, López Beltrán ha intensificado su actividad política en Tabasco. Fuentes cercanas a la familia López Beltrán indican que, en caso de que se concrete su salida, buscará refugio en el sur y estará marginado públicamente de la política.

Luisa María Alcalde, en cambio, anticipa un regreso al gobierno federal, posiblemente a través de la designación de una comisión en Presidencia, según personas cercanas a la dirigente nacional de Morena citadas por medios nacionales.

El 26 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Alcalde atajó los rumores sobre su potencial salida. Lo hizo de manera escueta: “No es así, bueno pues esa es la oposición o te diría algún columnista ahí de El Universal que no le atina una. Aquí voy a estar en Morena, yo fui electa por el Congreso Nacional de Morena y hasta que no determine una cosa distinta el Congreso Nacional estaremos aquí”.

La presidenta Claudia Sheinbaum está buscando tener un rol protagónico en las elecciones de 2027. También busca deshacerse de algunas herencias que dejó su antecesor en el gabinete, de acuerdo a un reporte del periódico El Universal publicado este domingo. Sheinbaum está molesta con los alfiles de ‘Andy’ López Beltrán: Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la Ciudad de México; Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT; y Horacio Duarte,  secretario general de Gobierno de la Ciudad de México.

Pero antes, la presidenta deberá definir los términos de la salida del hijo del ex presidente López Obrador. Esa decisión pasa por Coahuila, un estado que guarda un secreto en el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos efectuado en junio de 2025. ¿Los nombres clave? Lambrucar y Arnold Rojas-Tame.