CIBanco demanda en Estados Unidos al secretario del Tesoro y a la titular del FinCEN

CIBanco, la institución financiera mexicana que ha sido intervenida por el señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), presentó un recurso legal contra el Departamento del Tesoro ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. La queja está dirigida directamente contra el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y contra la directora del FinCEN, Andrea Gacki.

Código Magenta tuvo acceso a una copia de la queja promovida por CIBanco.

La querella, interpuesta el 17 de agosto de 2025 (expediente 1:25-cv-02705), busca frenar una orden de FinCEN que desconectaría al banco del sistema financiero estadounidense bajo una nuevo estatuto vinculado a sanciones por fentanilo.

Contexto: A finales de junio, FinCEN emitió por primera vez una orden amparada en 21 U.S.C. § 2313a (facultad creada por la ley FEND Off Fentanyl) para prohibir cualquier “transmisión de fondos” entre instituciones financieras estadounidenses y CIBanco, tras determinar que el banco representa una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”. La orden se publicó el 30 de junio y su entrada en vigor fue ampliada hasta el 4 de septiembre de 2025.

¿Por qué importa? Al demandar al secretario del Tesoro y a la directora de FinCEN personalmente en sus funciones oficiales (y al presentar la acción de FinCEN como defectuosa en el procedimiento y perjudicial para intereses estadounidenses), CIBanco ha retado legalmente las nuevas facultades de Washington contra las finanzas del fentanilo. Con la fecha de entrada en vigor fijada para el 4 de septiembre, la gran pregunta es si el tribunal otorgará un alivio temporal mientras se litiga el fondo del asunto.

CIBanco afirma que la orden pone en riesgo de quedar varados más de 40 mil millones de dólares en activos que administra en fideicomisos para beneficiarios estadounidenses (incluidos fondos de pensiones estatales y locales, grandes administradoras de activos, empresas e individuos). Además, sostiene que podrían interrumpirse pagos transfronterizos rutinarios vinculados al comercio y la inversión bilateral. El banco también subraya que se cortarían flujos diarios promedio de alrededor de 1,300 operaciones con Estados Unidos que suman alrededor de 800 millones de dólares.

Según se recoge en la queja, la orden sostiene que CIBanco facilitó servicios relacionados con organizaciones delictivas mexicanas (Cártel del Golfo, Cártel de los Beltrán Leyva y Cártel Jalisco Nueva Generación), citando episodios como una apertura de cuenta en 2023 “supuestamente para lavar” fondos y hasta 26,000 dólares canalizados por intermediarios vinculados a cárteles entre agosto y septiembre de 2024. CIBanco responde que la orden omite nombres, cuentas o detalles corroborables y que el banco no ha podido localizar operaciones que encajen con esas descripciones.

¿Qué alega CiBanco?

El banco sostiene que FinCEN impuso la medida más severa, la “sexta medida especial” del estatuto, sin una justificación razonada, sin considerar alternativas menos restrictivas (como imponer condiciones a ciertos corredores o excepciones para operaciones fiduciarias) y sin ponderar el impacto sistémico sobre actividades legítimas, incluida su amplia actividad fiduciaria con beneficiarios en Estados Unidos.

La §2313a se inspira en la Sección 311 de la Ley PATRIOTA y permite al gobierno federal de Estados Unidos un “menú” de medidas especiales, que van desde reporteo reforzado hasta prohibiciones totales de transmisiones de fondos. La queja de CIBanco afirma que FinCEN saltó directamente a la opción más dura y lo hizo mediante orden (en lugar de una reglamentación con aviso y comentarios), pese a factores que el estatuto exige sopesar, como impacto sistémico, efectos competitivos e intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, CIBanco afirma que no recibió aviso previo ni oportunidad de ser oído antes de la privación, y que la orden se basa en alegatos vagos y no específicos que el banco no puede investigar, pese a reiteradas solicitudes a Tesoro y FinCEN para obtener datos no clasificados como nombres, fechas y números de cuenta.

Los daños reclamados por CiBanco:

Cuatro de los cinco banco corresponsales en Estados Unidos ya cerraron cuentas de CIBanco; el último notificó cierre para el 21 de agosto de 2025, con un saldo cercano a los 100 millones de dólares.

Visa, la firma global de infraestructura del sistema de pagos, rescindió su relación el 30 de junio, inhabilitando más de 150,000 tarjetas prepago y bloqueando alrededor de 70,000 tarjetas de débito en el extranjero.

Contrapartes estadounidenses en el mercado de derivados anticiparon la terminación de coberturas y retuvieron colateral, generando pérdidas, según el banco.

Más de 38 millones de dólares en cuentas fiduciarias en Estados Unidos estarían efectivamente congelados porque los beneficiarios no pueden operar sin el fiduciario.

El banco solicita una medida cautelar preliminar y permanente que suspenda la orden, que el Departamento del Tesoro y el FinCEN rescindan la guía relacionada y el pago de honorarios legales.