Castigan corrupción de México… en EU

Los casos de corrupción y cohecho que se han registrado en el país por fin han sido sancionados, pero no por las autoridades mexicanas sino por el gobierno de los Estados Unidos, según informó Transparencia Mexicana.

Mediante un comunicado sobre el informe de corrupción transaccional, «Exportando corrupción 2020″, el organismo ciudadano dio a conocer que de entre el 2016 y el 2019 México no ha sancionado ningún caso de cohecho internacional.

» Entre los años 2016 y 2019, las autoridades de Estados Unidos reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero”.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó estos casos de corrupción internacional, recuperando millones de dólares producto de las naciones impuestas por estos hechos.

“Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos y derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recuperaron más de mil millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otros países”.

En el mencionado estudio se analiza la situación de 47 países que concentran el 80 por ciento de las extorsiones a nivel mundial, de los cuales en los años de 2016 a 2019 se abrieron 421 investigaciones sobre actos de corrupción.

«Sólo cuatro de los 47 países analizados actúan de manera decidida contra el cohecho internacional y nueve países aplican con poca eficacia las leyes contra las empresas que pagan sobornos al participar de operaciones comerciales o de inversión en el extranjero. Casi tres cuartas partes de los países actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos”, indicó el organismo ciudadano.

Transparencia Mexicana asegura que los pocos resultados que ha presentado México en cuanto a la investigación y sanciones de actos de corrupción internacional, son un contraste con el compromiso público que tiene la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción y la impunidad a pesar de que se cuenta con un nuevo marco legal para realizar estos procedimientos.