El caso Wallace: catorce años después

El falso caso Wallace. Un fraude judicial. Un secuestro fabricado. Los periodistas Guadalupe Lizárraga y Ricardo Raphael no han escatimado en adjetivos ni dureza para establecer lo que desde hace tiempo sospechaban: que al igual que el caso Cassez, el secuestro del desaparecido Hugo Alberto León Miranda fue un montaje del aparato de procuración de justicia, que estuvo motivado por el tráfico de miembros de la élite político-empresarial mexicana y que habría tenido como último fin promover la narrativa política de combate al crimen organizado de la administración de Felipe Calderón.

Después de casi catorce años, el caso Wallace ha regresado al primer plano de la agenda pública mexicana. Volvió con un artículo para la revista Proceso de Ricardo Raphael, “Un acta de 1970 revela otra mentira de Isabel Miranda”.

Isabel Miranda de Wallace se casó en primeras nupcias con Carlos León Miranda, su primo hermano. Juntos tuvieron un hijo: Hugo Alberto León Miranda. La evidencia está en el registro civil. Sin embargo, ella mintió al decir que su hijo, desaparecido el 11 de julio de 2005, era descendiente biológico de su segundo marido, José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Esta falsedad desbarata la hipótesis criminal con que se ha juzgado a los supuestos secuestradores del falso Hugo Alberto Wallace Miranda.

La tesis de Ricardo Raphael es sencilla: el caso judicial de Hugo Alberto se basa en dos pruebas que no se sostienen.

La primera, una confesión autoinculpatoria de Juana Hilda González Lomelí, quien fue procesada por los fiscales como el anzuelo que permitió el presunto secuestro. El argumento de Raphael es que, debido a que estas declaraciones no fueron ratificadas y que González Lomelí denunció haber sido torturada, esta confesión no debería tener valor jurídico.

La segunda prueba es una gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda González Lomelí seis meses después de la desaparición de Hugo Alberto. La captura de esta prueba ocurrió luego de que el departamento cambió de dueños, de que se perdió la cadena de custodia, de que los procuradores federales atrajeron el caso (a petición de Isabel Miranda, presuntamente) y días después de que los fiscales extrajeron la confesión de González Lomelí. Esto es fundamental, porque, según Raphael, éste será el hilo conductor de lo que podría ser “el gran fraude judicial de la historia”.

Esa gota de sangre corresponde en un cien por ciento a los marcadores de ADN de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, el segundo esposo de Isabel Miranda. Para Ricardo Raphael la respuesta a la siguiente pregunta es obvia: ¿si Hugo Alberto no es hijo de José Enrique, entonces por qué coincide el ADN?

No obstante, hay una segunda pregunta que no ha podido ser respondida, una cuya respuesta es menos evidente: ¿Quién y por qué realizó ese montaje?

El propio Carlos León Miranda ha corroborado la historia que Ricardo Raphael presenta con el acta de nacimiento de Hugo Alberto: se casó con Isabel Miranda en 1969, estando ella embarazada, y registraron el nacimiento de su hijo en 1970.

Ésta es la gran fisura en la narrativa de la Presidente de la asociación civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda, una mujer que se ha convertido en un factor de poder en los círculos de la política de seguridad del Estado mexicano. Y todo podría estar basado en una mentira.

Pese a que la desaparición de Hugo Alberto no está esclarecida y a que el presunto crimen podría seguir impune, lo cierto es que hay siete personas que han estado doce años en la cárcel por la manipulación del aparato judicial.