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11 de junio 2018

Política

Caso Odebrecht a la congeladora

LA PGR tiene evidencia necesaria para acusar a los sospechosos de corrupción de Odebrecht y Pemex, pero tiene una camisa de fuerza por el 1 de julio, de acuerdo a un análisis del NYT

Por Lourdes González

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Para no afectar al PRI en la contienda electoral en México, la investigación por presunto soborno de Odebrecht a Pemex se paralizó, de acuerdo a un reporte del NYT.

A pesar de tener la evidencia suficiente para fincar responsabilidades a exfuncionarios de Pemex por presunta corrupción con la brasileña, Odebrecht, el gobierno mexicano no actúa porque el PRI y su candidato presidencial no pueden correr riesgo de enfrentar otro escándalo, afirmó el medio estadounidense.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex fue señalado por funcionarios de la constructora brasileña de un caso de corrupción. Todas las acusaciones han sido negadas por Lozoya.

De acuerdo a una resolución judicial en Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la brasileña pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en países como Brasil, Argentina, Colombia, México y Venezuela.

En México se estima que pagó 10.5 millones de dólares para lograr convenios de obra pública entre 2010 y 2014, lo que generó más de 39 millones de dólares en utilidades, de acuerdo al fallo de Estados Unidos.

El medio estadounidense acusó que la indagación en México fue archivada según consultas a tres fuentes cercanas al caso.

El asunto Odebrecht dejó en otros países presidentes destituidos y funcionarios en prisión, pero en México las dos investigaciones abiertas están detenidas, al estilo de las averiguaciones políticamente sensibles en el país, agregó.

Santiago Nieto, ex titular de la Fepade tuvo a su cargo una indagatoria que identificó a una persona cercana al presidente Enrique Peña Nieto como sospechoso, pero el Gobierno despidió al fiscal y el proceso se paralizó, además que las respuestas a solicitudes de información tardan meses.

La PGR tiene en sus manos la evidencia necesaria para acusar a los sospechosos, pero no hay avances por presiones políticas con la contienda electoral en la recta final.

Algunas de las consecuencias que se conocen se limitan a la prohibición a Odebrecht, de operar en México por varios años, pero ningún funcionario ha sido acusado, según Azam Ahmed y Paulina Villegas, del The New York Times.

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