Caso Lozoya: ¿Y Fertinal?

La gran pregunta sobre la extradición pactada de Emilio Lozoya a México es si va a proveer información que sea suficiente para que la Fiscalía General de la República (FGR) abra un caso judicial contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex presidente, Enrique Peña Nieto; los dos únicos superiores jerárquicos del ex director de Pemex.

Esta idea se instaló en la agenda pública meses atrás, cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le dijo al diario El País que Lozoya podría acogerse a un acuerdo de cooperación. Ayer, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, refrendó esta tesis: “(Emilio Lozoya) se dijo dispuesto a colaborar en los delitos que se le imputan”.

Las implicaciones políticas y legales del caso Lozoya adquieren contexto a partir de un elemento clave: ¿Por qué la imputación de la FGR se limita a las transferencias de Odebrecht y al caso Agro Nitrogenados, y no se extienden al rol que jugó el ex director de Pemex en la compra de Fertinal?

La diferencia fundamental es que el dossier de Odebrecht y de la planta que AHMSA le vendió a Pemex están unidos por un mismo hilo conductor: las transferencias que Lozoya habría recibido en cuentas de empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas. La Fiscalía española ha documentado ampliamente que la constructora brasileña montó esa estructura de lavado de dinero.

Fertinal es un caso aparte. El alcance legal de esta operación es más amplio, dado que la compra sí fue avalada por el Consejo de Administración de Pemex. Es decir, salvo el voto en contra del consejero independiente Carlos Elizondo Mayer Serra, toda la estructura burocrática del gabinete energético de la administración de Enrique Peña Nieto dio el visto a bueno a una operación que, meses después, sería calificada por la Auditoría Superior de la Federación como fraudulenta.

Javier Coello Trejo, el abogado que hasta hace un mes estuvo a cargo de la defensa de Lozoya, recurrió constantemente al argumento de que esta sincronía política solo pudo haber sido coordinada por el presidente de México. “No se movía una hoja de un árbol sin que él lo ordenara”, dijo en una de sus intervenciones públicas.

La trama de Odebrecht y Agro Nitrogenados interesecta el caso judicial de Lozoya con el de Alonso Ancira, el presidente de AHMSA que todavía está litigando su proceso de extradición desde España. De acuerdo a un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que revisó documentos internos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el alcance de la investigación sobre la licitación de la refinería de Tula construida por la empresa brasileña incluye al ex director de Pemex y a un sujeto cuya identidad no ha sido revelada que era conocido internamente en el “departamento de sobornos de Odebrecht” como “Latino”.

Sin embargo, a diferencia de la operación de Fertinal, en el caso Odebrecht-Agro Nitrogenados no ha trascendido nexo evidente alguno con el ex presidente Peña Nieto.

En junio del año pasado, se presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) respecto a un presunto soborno recibido por Enrique Peña Nieto en relación al caso Fertinal.

Un mes después, el fiscal Alejandro Gertz Manero filtró al diario The Wall Street Journal que el ex presidente estaba siendo evaluado por la FGR como un sujeto de interés en una trama de corrupción, sin especificar si se trataba del caso Odebrecht,-Agro Nitrogenados o Fertinal.

La diferencia entre ambos casos toma relevancia a partir de la versión del periodista Darío Celis, quien sostiene que Emilio Lozoya pactó su extradición para ofrecer información que contribuya a la imputación de Luis Videgaray, mas no a la de Enrique Peña Nieto.

La información pública disponible sugiere que la investigación de la operación de Fertinal representa la ruta más corta para abrir un caso en contra del ex presidente. La omisión de incluir la venta de la compañía de Fabio Covarrubias A la imputación de Lozoya presentaría una oportunidad de discrecionalidad legal.

El caso Fertinal, además, es políticamente sensible para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ernesto Acevedo, subsecretario de Economía, fue director de la compañía de fertilizantes inmediatamente después de que se concretó la venta fraudulenta. Recibió una empresa que, en opinión de la ASF, estaba en “quiebra técnica”. Acevedo no presentó denuncia alguna.

La operación de Fertinal, además, involucra a uno de los empresarios más cercanos al actual gobierno. Arrendadora Internacional Azteca recibió una liquidación de alrededor de 400 millones de dólares que fue pagado por Pemex . El contrato de compra-venta incluyó el cumplimiento de los pasivos adquiridos por Fertinal. Además, entre los accionistas de la firma al momento de la adquisición, se encontraban dos empresas offshore cuyos representantes legales han actuado como asesores jurídicos de empresas del conglomerado Grupo Salinas.

Emilio Lozoya representa un activo jurídico y mediático para la 4T. Los críticos del gobierno de López Obrador sostienen que existe el riesgo de que la judicialización del caso representa una distracción mediática. No obstante, lo cierto es que el choque de Lozoya con sus superiores jerárquicos podría ser inevitable, en el entendido de que el ex director de Pemex está actuando bajo incentivos que lo orillan a colaborar con la FGR para lograr los mejores términos posibles para hacer frente a la acusación de la oficina de Gertz Manero.

A pesar de la importancia simbólica y política del caso contra Emilio Lozoya, el descarte de la investigación de Fertinal en esta imputación abre la puerta a la especulación sobre la deferencia que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado a su antecesor, Enrique Peña Nieto.