Caso Lozoya 2.0

¿Qué pasó?

• Al margen de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación en contra de Emilio Lozoya por presunta defraudación fiscal, de la cual se libró de momento al comprometerse a pagar más de dos millones de pesos para reparar el daño.

• Al mismo tiempo, Carlos Treviño Medina denunció que el acuerdo reparatorio ofrecido por su antecesor -en los otros dos procesos que se le siguen- es sinónimo de impunidad, por lo que pidió a la fiscalía apegarse a la ley.

¿Por qué importa?

• Emilio Lozoya es la figura de más alto perfil que permanece en prisión por presuntos actos de corrupción vinculados a la administración de Enrique Peña Nieto.

• El ex director de Pemex es acusado por la FGR de gestionar y recibir sobornos de la constructora Odebrecht para concretar la aprobación de la reforma energética. Lozoya ha buscado, sin éxito, acogerse a un criterio de oportunidad.

El contexto:

• A finales de enero pasado, un juez federal determinó que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, debe permanecer en prisión. El poder judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, cuya deliberación está relacionada con el caso Odebrecht.

• La judicialización del caso Odebrecht se ha acotado considerablemente. La acusación de la FGR en contra de Emilio Lozoya no incluye la tesis de un esquema vertical de corrupción y refiere que el último beneficiario de los sobornos de la constructora brasileña fue el ex director de Pemex y su familia.

Los detalles:

• De acuerdo con El Universal, la FGR acusó a Emilio Lozoya por el delito de defraudación fiscal, ante la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta del año 2016 por un monto de dos millones 695 mil 985.32 pesos. La denuncia fue presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

• Por espacio de 20 minutos se llevó a cabo la audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, a la que el ex director de Pemex compareció de manera virtual desde el Reclusorio Norte, en donde permanece preso por el caso Odebrecht.

• El abogado del ex funcionario federal, Alejandro Rojas Pruneda, informó al juez Felipe Delgadillo Padierna que su cliente ofreció pagar la deuda reclamada a la Procuraduría Federal de la Federación, el pasado 18 de abril.

• Por tal motivo, se solicitó diferir a audiencia y remitir el caso al Mecanismo Alterno de Solución de Controversias con la finalidad de concluir el asunto y evitar que se abra un tercer proceso penal en contra de Lozoya Austin.

• Tanto la FGR como la Secretaría de Hacienda (la parte ofendida) concedieron la petición al no oponerse a esta y requirió al Ministerio Público federal para que avise al centro de justicia, en un plazo de un mes, si se mantiene viva la petición de audiencia inicial o bien, si el caso será enviado a archivo.

• En cuanto a las acusaciones de lavado de dinero por la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes (Agronitrogenados) y por lavado de dinero y asociación delictuosa por presuntos sobornos (Odebrecht), Lozoya negocia un criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio (por 10.5 millones de dólares) para poder llevar dicho proceso en libertad.

• Sin embargo, ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, Carlos Alberto Treviño Medina, denunció que dicho acuerdo sería ilegal, ya que los daños causados por su antecesor superan por mucho dicha cifra.

• De acuerdo con el portal Animal Político, Treviño Medina envió una carta al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, donde afirma que si Pemex y la Unidad de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ceden al acuerdo, los delitos imputados a Lozoya quedarán en la impunidad.

• Para ello, Carlos Treviño pone como ejemplo lo que dice el artículo 30 del Código Penal Federal, el cual establece que “la reparación del daño debe incluir ‘cuando menos’ la indemnización del daño material y moral causado por los hechos que se le imputan al probable responsable y no solo la restitución de los bienes o de la cosa obtenida del delito”.

• La propia acusación de la FGR -presentada en enero pasado ante un juez- revela que Emilio Lozoya había ofrecido pagar 10.5 millones de dólares (alrededor de 220 millones de pesos) como reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

• Sin embargo, dicha cifra es mucho menor a los más de 5 mil 287 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como pérdidas y daños causados, precisamente por la entrega deliberada de dichos contratos.

• “Se ha pretendido desviar la atención de las condiciones que en realidad se tienen que cumplir para cubrir la reparación del daño, en términos de ley pues si esta se aplicara en sus términos, no únicamente debería partirse de la base de lo que Lozoya obtuvo como beneficio indebido derivado de las conductas que realizó. Las cantidades que ofrece serían apenas cercanas a lo que obtuvo ilícitamente, pero no constituyen la indemnización del daño causado”, afirmó Treviño en su escrito.

• Del mismo modo, el ex director de Pemex (del 2017 al 2018) hizo énfasis en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual marca que los acuerdos reparatorios son procedentes únicamente para delitos que se persiguen a partir de una denuncia y no de oficio, como es el caso de Lozoya.

• “Por lo anterior es claro que constituye una ilegalidad autorizar como reparación de daño una cantidad de dinero que no se corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Emilio Lozoya”, puntualizó Treviño.

• Según Animal Político para proceder con el acuerdo reparatorio, en favor de Lozoya, se requiere el aval de Pemex y de su Consejo de Administración, además del “perdón” de parte de la UIF en su calidad de ofendida, requisitos que deben ser validados por  el juez responsable, en este caso, Artemio Zúñiga.