Caso García Luna: ‘Business as usual’

Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Genaro García Luna de haber recibido sobornos multimillonarios a cambio de protección al Cártel de Sinaloa, Roberta Jacobson, ex embajadora de Washington en México durante la administración de Barack Obama y asesora del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Joe Biden, dijo que nunca tuvo información verificada que comprobara los vínculos del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado.

Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, fue mucho más directo cuando admitió que la agencia anti drogas estadounidense no realiza auditorías profundas a sus socios extranjeros en la llamada guerra contra las drogas. “Si investigáramos a cada funcionario extranjero con el que hemos trabajado, no podríamos dirigir nuestros recursos a la lucha contra los cárteles”, dijo recientemente a Vice News cuando le preguntaron sobre el caso de García Luna.

Derek Maltz, otro ex oficial de la DEA, declaró que sí existían sospechas sobre el rol de García Luna, pero que las agencias de inteligencia estadounidenses mantenían “un balance” de intereses cuando trabajaban con el funcionario mexicano, que hoy enfrenta cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública de México revela una profunda hipocresía en el epicentro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos.

Las acusaciones del Departamento de Justicia contra Genaro García Luna y contra el ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, prueban que en Washington existe la creencia de que las autoridades mexicanas al más alto nivel encargadas de combatir a los cárteles de la droga están coludidas con el crimen organizado.

Y a pesar de ello, el poder político en Estados Unidos insiste en presionar a las agencias de seguridad del gobierno mexicano para que cumplan los lineamientos de la guerra contra las drogas y de la política de descabezamiento de cárteles conocida como ‘The Kingpin Strategy’.

La Presidencia de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Presionado por la administración de Joe Biden, el gobierno de la Cuarta Transformación ha ratificado su compromiso con la captura de objetivos criminales de alto perfil.

En los últimos ocho meses, el gobierno mexicano detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa; Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación; Rafael Caro Quintero, quien era el objetivo criminal más buscado por la DEA; Juan Gerardo Treviño, el líder del Cártel del Noreste, que irrumpió la frontera comercial terrestre más importante de América del Norte; Erick Valencia Salazar, socio fundador del CJNG; y José Rodolfo Villarreal, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro Garza García y quien fuera uno de los diez objetivos más buscados por el FBI.

Estas detenciones reflejan prioridades de Estado del gobierno americano, no del gobierno mexicano. En el caso de Ovidio Guzmán López y de José Rodolfo Villarreal, la Fiscalía General de la República ni siquiera había solicitado órdenes de aprehensión en su contra.

Oswaldo Zavala, autor del libro ‘La guerra en las palabras: una historia intelectual del narco en México’, argumenta que “a nivel geopolítico, menos que un regalo para el presidente estadounidense, Joe Biden, la captura de Ovidio Guzmán evidencia que el gobierno de López Obrador vuelve a alinearse con la agenda anti drogas que históricamente rebasa las preocupaciones de los gobiernos en turno” y la compara con la primera detención de su padre, Joaquín ‘El Chapo Guzmán’, ejecutada en 2014, tres días después de la visita de Barack Obama a México.

Genaro García Luna representa el rostro de la hipocresía de la guerra contra las drogas. Durante años, fue el principal administrador de los miles de millones de dólares que Washington enviaba a México a través de la Iniciativa Mérida para combatir a las organizaciones criminales. Ahora, los fiscales del Distrito Este de Nueva York intentan convencer a un jurado de que la expansión del Cártel de Sinaloa no podría entenderse sin el ex secretario de Seguridad Pública.

Benjamin T. Smith, autor de The Dope, uno de los libros más completos sobre la política de drogas en México, escribió recientemente que el testimonio de Sergio Villarreal ‘El Grande’ en el juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, demuestra que lo que aparentan ser victorias de la guerra contra las drogas, realmente son batallas entre cárteles. Smith se refiere a la colusión entre el crimen organizado y funcionarios del Estado, un tema que hoy está bajo escrutinio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

La gran pregunta es ¿cuáles serán las consecuencias de las modificaciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a petición de Washington, está realizando en el mapa criminal de México? ¿Quiénes van a ser los ganadores y perdedores en esta dinámica de fragmentación y desplazamiento de cárteles de la droga?

En este momento, la atención del aparato de seguridad en México y en Estados Unidos está en una facción del Cártel de Sinaloa, que hoy es señalada por agencias de inteligencia de ambos países como el poder real detrás de esta organización: la de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El viernes de la semana pasada ocurrieron dos hechos simultáneos. En una Corte Federal de Chicago, Felipe Cabrera Sarabia, alias ‘El Ingeniero’, se declaró culpable de tráfico de cocaína y heroína. Esto ocurrió casi catorce años después de su detención en México y dos años después de su extradición a Estados Unidos.

La organización de Cabrera Sarabia, un ex escolta de Joaquín ‘El Chapo Guzmán, fue señalado en 2015 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la red de vínculos del ‘Mayo’ Zambada.

El segundo hecho simultáneo sucedió en Durango. En una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en la que participaron más de 200 elementos federales, fue detenido Gerardo Soberanes Ortiz, alias ‘G-1’, presunto operador financiero de la organización Cabrera Sarabia y señalado como un personaje cercano a Ismael Zambada.

Al igual que en el caso de Ovidio Guzmán, Soberanes Ortiz fue sustraído de su domicilio en la madrugada y llevado en un helicóptero Black Hawk del Ejército al aeropuerto más cercano para ser trasladado a la Ciudad de México.

Es decir, ‘business as usual’ entre México y Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas.