Caso Constellation Brands: el gobierno de AMLO escogió el peor momento para antagonizar a los empresarios

En la peor coyuntura posible, la del crecimiento exponencial de la pandemia del Covid-19 en México, y en la antesala de la peor recesión desde la Gran Depresión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a un dilema que podría significar el quiebre con el empresariado mexicano. Justo en el momento en el que más se necesita una coordinación entre el sector público y privado.

Eventualmente, el presidente tendrá que pronunciarse sobre el resultado del plebiscito ciudadano que, este domingo, puso a consulta la instalación de una planta de cerveza de la firma estadounidense Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

El 68.3 por ciento de los participantes de este ejercicio (10,219 votos, que representan el 1.46 por ciento de la lista nominal de Mexicali) se opuso al establecimiento de una fábrica que, de acuerdo a un estudio técnico de impacto ambiental de Alfonso Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte, consumirá el 44 por ciento de las reservas anuales de agua de la ciudad.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el máximo órgano de representación de la iniciativa privada en el país, emitió un comunicado criticando fuertemente la ausencia de una base legal para la consulta. “Se genera un entorno de incertidumbre jurídica”, puede leerse en el documento suscrito por la COPARMEX, la Concanaco, la Concamin, la Asociación de Bancos de México, el Consejo Mexicano de Negocios y otras siete instancias empresariales. “Esta consulta afecta la capacidad de México para traer inversiones e incrementa el riesgo económico que enfrentamos por la inestabilidad de los mercados financieros, el precio del petróleo y la convulsión internacional por la pandemia del Covid-19”, agregan.

El Ejecutivo Federal corre el riesgo de antagonizar a la clase empresarial mexicana en una coyuntura crítica. Las políticas de alivio económico que se discuten a nivel mundial requieren de la cooperación absoluta de la iniciativa privada: refinanciamiento de créditos bancarios a escala masiva, contención de despidos por un congelamiento temporal de la oferta, el aplazamiento del cobro de servicios básicos y la extensión de plazos de crédito a proveedores son algunas de las opciones consideradas por las autoridades globales para neutralizar el impacto económico de las medidas de control de la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, la posición del empresariado es clara: “La competencia global por las inversiones necesarias para la reactivación económica será intensa y México quedará en desventaja si se continúa generando incertidumbre al no respetar el marco legal vigente”, sostiene el texto publicado por el CCE.

El propio Andrés Manuel López Obrador reconoce que el país está por enfrentarse a una de las recesiones más profundas en décadas. JP Morgan proyecta que la contracción del producto interno bruto (PIB) de México en el segundo trimestre del año será de 15.5 por ciento. De acuerdo a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, el consenso de analistas pronostica que el balance final de la recesión implicará una caída del PIB de 3 por ciento para todo el 2020.

Esta narrativa de recesión, exacerbada por el conflicto potencial de la iniciativa privada con el Ejecutivo Federal, puede resumirse en el aumento del riesgo país en el último mes. El 3 de marzo, la diferencia (spread) entre la tasa de interés del bono soberano de México a diez años y el bono del Tesoro para el mismo periodo era de 532 puntos base. El domingo pasado, la cifra escaló a 662 puntos base.

La relación de los empresarios con el gobierno federal se ha deteriorado gradualmente en los últimos meses. El poco o nulo avance en la admisión de asociaciones estratégicas privadas con Pemex, la lenta respuesta del Estado frente a la pandemia y la posición oficial de no incurrir en un déficit fiscal para implementar un programa emergente de estímulo económico han forzado un desencuentro tras otro entre el presidente y la iniciativa privada. El discurso de Carlos Salazar Lomelín, el presidente del CCE reconocido por su actitud propositiva y conciliadora en el trato con la administración de López Obrador, se ha vuelto particularmente crítico.

“La consulta estigmatiza a actores económicos y la fuente de empleo”, explicó Salazar. “No hay regulación legal que obligue a nadie después de tener permisos a hacer una consulta”, refiere.

De acuerdo a cifras del CCE, Constellation Brands ha invertido 1,400 millones de dólares en la construcción de la planta de cerveza en Mexicali. El avance del proyecto es de 65 por ciento.

“Nos mandan a decir de la embajada”

La posibilidad de que se impida la instalación de una planta de una empresa estadounidense en México amenaza con agregar una nueva variable al delicado acto de equilibrio que el canciller, Marcelo Ebrard, ha intentado construir respecto a la relación con Estados Unidos.

La disputa legal y política del caso Constellation Brands se suma a las negociaciones bilaterales sobre la política migratoria conocida como Stay in Mexico, a la creciente presión del Departamento de Justicia para desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación y al cumplimiento de estándares laborales y ambientales provistos en el T-MEC.

Superficialmente, la administración de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador alinean su discurso al argumentar que existe una buena relación entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, la preocupación de Washington por el clima de inversión en México se hizo patente este mes cuando la embajada de Estados Unidos en México organizó una reunión con diplomáticos canadienses y europeos para discutir la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Esto marcó un nuevo punto de inflexión en el ánimo del presidente mexicano, quien ya había hecho público un desacuerdo con la embajada estadounidense, precisamente por el plebiscito de la planta de Constellation Brands. “Nos mandan a decir hasta de la embajada de Estados Unidos que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera del 3 de marzo.

No obstante, las reglas el juego cambiaron con la pandemia del Covid-19. La comunidad diplomática y de inteligencia de Estados Unidos sostiene abiertamente que está en el mejor interés de Washington asegurar la estabilidad económica y política de México ante cualquier shock exógeno. La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos estableció una línea de crédito flexible con el Banco de México para garantizar la demanda de dólares del sistema bancario mexicano, un pilar fundamental de la solvencia macroeconómica de México en momentos de estrés financiero.

La discusión de un potencial paquete de ayuda financiera de la administración de Donald Trump para paliar la recesión en México (como sucedió en 1995 en el gobierno de Bill Clinton) podría cambiar profundamente el balance de poder en las negociaciones de la relación bilateral, incluido el caso de Constellation Brands.

Una persona cercana a la toma de decisiones de COPARMEX explicó que la percepción de Gustavo de Hoyos, el líder de esta cámara empresarial, es que, en última instancia, la supervivencia de este proyecto depende de un solo hombre: Andrés Manuel López Obrador.

“El agua se defiende, el agua no se vende”

El problema no empezó ayer. La resistencia de colectivos locales en contra de la instalación de la planta en Mexicali data desde 2018, cuando se registraron los primeros choques de protestantes con policías municipales y estatales.

El reclamo tiene que ver con el uso del agua. En las pancartas de los manifestantes, incluidos algunos de los integrantes del grupo Café Tacuba, podía leerse la consigna “el agua se defiende, el agua no se vende”.

Mexicali está asentado en una zona desértica de alto estrés hídrico. La ciudad cuenta con un manto acuífero sobreexplotado que difícilmente puede ser recargado dado que la baja probabilidad de lluvia es una constante de todo el año.

Alfonso Cortés Lara, investigador del Colegio Frontera Norte, estima que la planta de Constellation Brands utilizará 20 millones de metros cúbicos de agua al año, el equivalente a casi la mitad de las reservas hídricas anuales de Mexicali o al consumo de un año de 750 mil personas. Su estudio sobre la opinión técnica de la manifestación de impacto ambiental de la fábrica de cerveza es el sustento numérico que dio lugar a la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que establece que la planta de Constellation Brands pone en riesgo el acceso al agua de la población de Mexicali.

“Los derechos humanos no se consultan”, dijo Cortés Lara al medio Pie de Página; una expresión que retrata el repudio de los colectivos de resistencia a la consulta promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y convocada por la Secretaría de Gobernación. “Legítima o no, la consulta es una ofensa en sí para la población de Mexicali y una decepción del proyecto del gobierno federal, porque se está buscando imponer una cervecera, aún en contra de la decisión de los mexicalenses”, aseguró a ese mismo medio Mauricio Villa, del colectivo Resistencias Unidas, quien denunció un acarreo de votantes, módulos reventados e irregularidades en las casillas del plebiscito del domingo.

Contrario a la percepción generalizada del empresariado mexicano, los grupos de resistencia a la planta de Constellation Brands nunca estuvieron a favor de la consulta. Desde el punto de vista de los colectivos, el plebiscito representa un mecanismo que impide el curso legal de la recomendación de la CNDH, un instrumento que es visto como la amenaza legal más sólida al establecimiento de la fábrica.

Entonces, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por una salida que no le reditúa ganancias políticas ni con los empresarios ni con la resistencia?

Las consultas de López Obrador: un fin en sí mismo

El caso de Constellation Brands tiene todos los elementos necesarios para ser considerado el prototipo del conflicto del siglo XXI: una disputa de suma cero por el uso del agua que exhibe los alcances y los límites del capitalismo “de las partes interesadas” (stakeholder capitalism, en inglés).

Se trata de un problema complejo que el gobierno federal decidió atajar, no mediante una mediación política, sino a través de una consulta pública. El presidente tomó esta decisión a pesar de que ni los empresarios interesados ni los activistas de la resistencia consideran válido este plebiscito.

La iniciativa privada argumenta que la realización de este tipo de ejercicios significan la principal amenaza a la certidumbre jurídica de la inversión.

Por otro lado, para los colectivos, las irregularidades de la consulta representan una prueba fehaciente de que el gobierno está alineado con Constellation Brands.

La administración de Andrés Manuel López Obrador no tiene un caballo al que apostarle en esta carrera, pero sí tiene un interés claro en que se haya llevado a cabo la consulta, de acuerdo a un análisis escrito en la revista Nexos por Javier Tello, politólogo por la Universidad de Oxford y la Universidad de Columbia.

Su tesis radica en que el proyecto de gobierno de la llamada Cuarta Transformación tiene como prioridad la redistribución de poder político a las mayorías. “La transformación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrados es un proyecto de cambio radical que busca incrementar el poder y alcance de la mayoría”, escribió Tello. Y el principal instrumento para la consecución de este objetivo, sostiene, es la consulta pública.

El gobierno federal no se ha pronunciado sobre el resultado del plebiscito de la planta de Constellation Brands. Un paso en falso podría minar el proyecto de López Obrador de establecer una democracia plebiscitaria de liderazgo, como plantea Tello; o podría quebrar la relación del Estado con el empresariado y exacerbar el impacto de la peor recesión en décadas.