Caso Chapo: ¿Quién cuida a los Presidentes?

Éste es el documento que iba a desnudar las relaciones del poder político con los cárteles de la droga en México. Es la transcripción filtrada de una audiencia entre los abogados del Chapo, los fiscales del Distrito Este de Nueva York y el juez Brian Cogan.

La defensa estaba lista para presentar un testigo que iba a declarar bajo juramento haber entregado 6 millones de dólares a Enrique Peña Nieto a nombre de la Federación, la organización que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, es altamente probable que esa declaración sea vetada de la Corte que está juzgando a Joaquín El Chapo Guzmán.

Ésta no es la primera vez que el juez Cogan o la fiscalía impiden que se toque a Presidentes y altos funcionarios de México en el juicio del siglo.

El gobierno estadounidense ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de los abogados del Chapo para cuestionar todo lo que tenga que ver con el soborno a altos funcionarios del Estado mexicano.

Esto ha ocurrido en al menos tres ocasiones:

La declaración inicial

Jeffrey Lichtman, el principal abogado del Chapo, mediatizó el juicio desde el inicio. Dijo que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto habían recibido dinero del Cártel de Sinaloa.

En un hecho altamente inusual, el Juez Cogan le pidió al jurado no tomar en cuenta lo que había dicho la defensa del Chapo sobre el los presidentes mexicanos.

Los memorándums secretos

Cuando Jesús “El Rey” Zambada declaró que Genaro García Luna, el todopoderoso Secretario de Seguridad de Pública de Felipe Calderón,  fue sobornado con 56 millones de dólares; el juez volvió a intervenir para limitar el enfoque de las preguntas de la defensa.

Brian Cogan llamó al abogado del Chapo a una consulta privada en la que le explicó que había recibido un memorándum sellado del gobierno estadounidense que pedía regular las preguntas que se le hicieran a Zambada. El juez ordenó que la transcripción de esta conversación fuera ocultada.

Lo mismo sucedió cuando Zamabda dijo que había sobornado a un funcionario de la Ciudad de México conocido como Regino, en probable referencia a Gabriel Regino, encargado del combate al narcomenudeo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El testigo incómodo

El lunes 19 de noviembre era la fecha pactada para presentar al testigo que habría de declarar que sobornó al actual Presidente de México. Ha pasado una semana y se ha vuelto un secreto a voces que lo que fuera que tuviera que decir este testigo nunca llegará al jurado o a la opinión pública.

Después de que el juez Cogan le informó a la defensa que limitaría el enfoque de sus preguntas, se espera que no sea escuchado uno de los testimonios clave del juicio del Chapo.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que el lunes 26 se presentó un testigo protegido cuya identidad ha sido reservada. De hecho, el juez le ha pedido a los dibujantes de la Corte que se abstengan de ilustrar su rostro.

La extrema secrecía con la que se ha llevado el juicio del Chapo se ha exacerbado por tres hechos que levantan sospecha.

Uno, que Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a la jurisdicción demócrata de Nueva York el último día de la administración de Barack Obama.

Dos, que el Juez Cogan, un republicano, sustituyó al juez demócrata que originalmente estaba a cargo del juicio.

Tres, las explosivas declaraciones de Eduardo Balarezo, el otro abogado del Chapo, quién calificó de sospechosa la muerte de Héctor Beltrán Leyva, alias el H, en un hospital de Toluca.

El juicio del Chapo presenta más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo único cierto es que él no es el único que está siendo juzgado. El sistema política mexicano también está en el banquillo de los acusados.