Caso Ayotzinapa: los innombrables de la 4T

¿Qué pasó?

La acusación contra Jesús Murillo Karam y el informe del Caso Ayotzinapa han despertado inquietud sobre el futuro de tres personajes clave en la estructura gubernamental de la 4T: Omar García Harfuch, Eber Betanzos y Arely Gómez

¿Por qué importa?

• El secretario de Seguridad de la CDMX negó la acusación de la FGR de que participó en un cónclave con Murillo Karam y Ángel Aguirre para construir la “verdad histórica” del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

• La declaración de García Harfuch, un importante funcionario del actual aparato de seguridad del Estado mexicano, pone en tela de juicio la versión de la fiscalía mexicana en relación a la judicialización del caso Ayotzinapa.

El contexto:

• Omar García Harfuch fue Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero durante la noche de Iguala de septiembre de 2014. Su nombre y el de otros funcionarios apareció en una libreta decomisada a Sidronio Casarrubias, un líder de Guerreros Unidos, cártel responsable del asesinato de los estudiantes.

• El pasado viernes, Jesús Murillo Karam, ex procurador General y ex gobernador de Hidalgo, fue detenido en su casa en Lomas de Chapultepec por los presuntos delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y tortura, relacionados al caso Ayotzinapa.

Los detalles:

• Durante la audiencia ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, en la que se hicieron las imputaciones en contra de Jesús Murillo Karam, la FGR sacó a relucir el nombre de Omar García Harfuch como parte de un cónclave que habría encabezado el ex procurador para comenzar a fraguar la “verdad histórica”.

• De acuerdo con los reportes, García Harfuch fue mencionado por la agente del Ministerio Público Federal del caso Ayotzinapa, Lidia Bustamante Vargas, quien aseguró que Murillo Karam sostuvo una junta con diversos mandos el 7 de octubre de 2014, dos días después de que la dependencia a su cargo atrajera el caso.

• Además del actual funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero y Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial.

• La información habría sido aportada por Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Tomás Zerón -actualmente prófugo de la justicia-, apegado a la figura del criterio de oportunidad (testigo protegido).

• García Harfuch ha negado las acusaciones al asegurar que no se encontraba presente durante lo sucedido, ya que había sido comisionado para apoyar en Michoacán desde el 8 de septiembre de 2014 hasta la fecha en la que presumiblemente se habría reunido con altos mandos, incluido Murillo Karam.

• Sin embargo, al margen de García Harfuch se han dejado de lado otros funcionarios que, más allá de haber participado en la construcción de la “verdad histórica” habrían sido clave para sostenerla por casi ocho años.

• Tal es el caso de Arely Gómez González, eventual relevo en la extinta PGR del hoy imputado Jesús Murillo Karam y del subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos, quien desde el 5 de noviembre de 2015 se hizo cargo de las indagatorias, con la finalidad de limpiar la imagen del Ejército y mantener ‘a raya’ al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

• De acuerdo con el periodista Óscar Cedillo, de Milenio, los nombres de dichos funcionarios han permanecido fuera de órbita dados sus actuales vínculos con el gobierno de la Cuarta Transformación.

• Y es que Arely Gómez se desempeña hoy día como contralora del Poder Judicial de la Federación, una posición estratégica desde la cual -además de su influencia para judicializar causas penales- se encarga de supervisar el manejo de los recursos asignados a ministros, magistrados, jueces, entre otros.

• Mientras que Betanzos encabeza la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, donde se el asesor “de facto” más cercano al auditor superior, David Colmenares, un puesto fundamental en la relación de la ASF con la FGR.