Cámara con las cámaras

¿Recuerdas el libro-bomba que le explotó a la senadora Citlali Hernández en mayo pasado?

Bueno, por eso y más, el Senado de la República decidió invertir -en serio- en su sistema de videovigilancia y sin licitación de por medio adquirió 600 cámaras de seguridad.

Hasta ahí todo bien, el asunto es que pagó a una empresa, a través de un contrato por adjudicación directa, 133 millones 400 mil pesos. Sí, 133 millones 400 mil pesos, o sea que cada cámara costó 222 mil 333 pesos.

¿Cómo para qué nos alcanzaría ese dinero?

Al gobierno le alcanzaría para pagar dos programas anuales de atención a las mujeres en situación de violencia de la Secretaría de Bienestar. O para pagar casi cuatro programas anuales de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

A nosotros, los de a pie, nos alcanzaría para no andar a pie y comprar 589 carritos compactos. O para comprar 66 casas valuadas en 2 millones de pesos.

Según Mauricio Farah, secretario de Servicios Administrativos del Senado, de haberse licitado la adquisición, no existiría la garantía de que que la información delicada se protegería debidamente. Lo cual obliga la pregunta: ¿Y por qué no podría existir esa garantía como requisito para concursar por la licitación?

En fin, la afortunada compañía, que no tuvo que competir y que se encargará de instalar, mantener y operar el valioso sistema de seguridad en la Cámara Alta de aquí a 2024 lleva el nombre de Grupo IDSec SAPI de CV, una empresa que, de acuerdo con su sitio web, se especializa en brindar sus servicios de monitoreo a diversas instancias del sector público.

Pero el exorbitante costo no es lo único que levanta suspicacias, pues como refiere el diario El Financiero, cuando Mauricio Farah era secretario general de la Cámara de Diputados, también contrató los servicios de Grupo IDSec, también por adjudicación directa.

Aunque esa vez el contrato fue de apenas 1 millón 280 mil 640 pesos, por el concepto de mantenimiento.