Cabildo de Veracruz interviene contrato de alumbrado público en operación privada

¿Qué pasó?

• El Cabildo del Puerto de Veracruz aprobó el 1 de abril de 2026 la requisa del contrato de alumbrado público operado por Wardenclyffe Veracruz Puerto.

• La medida implicó que el Ayuntamiento asumiera la operación del servicio que la empresa había desarrollado desde 2017 bajo un contrato de modernización del sistema de alumbrado público.

• El contrato está respaldado por un fideicomiso con fuente de pago en participaciones federales.

• Tras la decisión del Cabildo, la empresa promovió amparos para impugnar la actuación municipal. El caso será analizado en una audiencia constitucional el 23 de junio ante un Juzgado de Distrito con sede en Boca del Río.

¿Por qué importa?

• El caso está siendo observado por participantes del sector de infraestructura debido a que involucra un contrato de Asociación Público-Privada (APP) registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y respaldado por un esquema fiduciario.

• La discusión se centra en la actuación del municipio frente a un contrato de largo plazo celebrado con un operador privado.

• El resultado del juicio dependerá de la resolución del Poder Judicial sobre la legalidad de la requisa aplicada al contrato.

Los detalles:

• El contrato fue firmado en septiembre de 2017 para la modernización del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED y otros equipos asociados.

• De acuerdo con la empresa, la inversión realizada fue de aproximadamente 620 millones de pesos bajo un esquema ESCO (Energy Service Company), en el que la recuperación de la inversión se realiza a partir de los ahorros energéticos generados por el proyecto.

• Los promoventes de los amparos sostienen que la requisa fue aplicada con base en una figura prevista en la legislación municipal para concesiones de servicio público.

• Señalan que el contrato en cuestión corresponde a un esquema de Asociación Público-Privada regulado por un marco jurídico distinto.

• El punto central del litigio es si un Cabildo municipal puede intervenir este tipo de contrato mediante una figura jurídica prevista para otro tipo de instrumentos.

• La empresa refiere que desde enero de 2026, el municipio dejó de realizar transferencias al fideicomiso que administra los pagos del contrato.

El contexto:

• Las Asociaciones Público-Privadas son esquemas mediante los cuales gobiernos y empresas privadas desarrollan proyectos de infraestructura o servicios públicos bajo contratos de largo plazo.

• Estos esquemas han sido utilizados en distintos niveles de gobierno para financiar proyectos de infraestructura.

• El caso de Veracruz se encuentra actualmente en proceso judicial y no existe una resolución definitiva sobre la legalidad de la requisa.

• La empresa sostiene que la medida no se ajusta al marco jurídico aplicable a las APP, mientras que el Ayuntamiento ha defendido públicamente la intervención.

• La resolución del Poder Judicial determinará la legalidad de la actuación municipal en este caso.