Bonilla, el todopoderoso

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que es una pena lo que está sucediendo en Baja California con su gobernador electo, Jaime Bonilla, y con su partido, Morena, no es suficiente.

El hombre que tiene la promesa de devolverle a México la legalidad no tiene el derecho de escudarse en un “yo, como presidente, no me meto”, para dejar pasar lo que a todas luces es una jugarreta política que le puede costar mucho a la Cuarta Transformación. Recapitulemos la historia.

Jaime Bonilla es designado candidato de Morena para buscar la gubernatura de Baja California por un período de solo dos años. Era urgente empatar los tiempos políticos para que las elecciones locales y las federales fueran una sola.

Con la fuerza del Factor López Obrador, Morena y Bonilla le arrebataron la silla estatal al PAN y a su gobernador, Francisco “Kiko” de la Vega de Lamadrid.

Detrás de los grandes padrinazgos al candidato Bonilla se detectó la mano y la cartera de Ricardo Peralta, en esos días Director de Aduanas. Los pasos de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada bien valían una misa.

Pero una vez validado el triunfo y confirmado el gobierno por dos años, de la nada, espontáneamente y generosamente, el Congreso local de Baja California –mayoritariamente opositor a Morena- promovió un sorpresivo regalo.

Al nuevo gobernador: le extenderían su período por tres años más, sin pasar por el indispensable voto popular.

De inmediato sonaron las alarmas. Y los malquerientes de la Cuarta Transformación denunciaron que el experimento de la extensión de mandato sin urnas era para probar si podía repetirse, pero a nivel presidencial.

El presidente López Obrador paró en seco las especulaciones, descalificó el experimento de Baja California y firmó su carta en la que se comprometía a jamás buscar ampliar su período de seis años o a promover una reelección.

Pero el deslinde presidencial no fue suficiente para enfríar el caso. Yeidckol Polevnsky y Ricardo Peralta confirmaron la votación que les otorgaron diputados panistas y priistas, aún a contracorriente de lo que opinaban sus dirigencias nacionales.

Incluso el candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, denunció la maniobra ante la Fiscalía General de la República, precisando que los diputados que avalaron la Ley Bonilla habrían recibido entre 200 mil y 400 mil dólares para votarla.

De nuevo el presidente López Obrador censuró en una de sus conferencias mañaneras el ilícito, pero de nuevo sobre la opinión del inquilino de Palacio Nacional, Ricardo Peralta, reciclado tras su abrupta salida de Aduanas hacia la subsecretaría de Gobernación, salió a apoyar a su ahijado Bonilla.

El escándalo obligó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a deslindarse de su subalterno, declarando que como ministra que fue en la Suprema Corte, no validaba la extensión de tres años al margen del voto popular.

La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el 3 de octubre el triunfo de Bonilla y le dio su constancia de mayoría sólo por dos años, no por cinco.

Pero los intentos de golpismo electoral de Bonilla no cesaron. Y convocó a una consulta popular quesque pagada por el Congreso local para validar con una encuesta la cuestionada decisión.

Obvia decir que el aparato morenista-bonillista hizo de las suyas y el 70 por ciento de los que votaron avalaron lo que los electores en las urnas, el Presidente, la Secretaria de Gobernación, el INE y el Trife desconocieron.

La dupla Bonilla-Peralta pasaba por encima de todos, montada en defender el territorio aduanero, pasos fronterizos, y todo lo que eso significa. ¡Qué poder!

Y a propósito de tanta ilegalidad, ¿alguien vio que se asomara por ahí a Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena que con su silencio avala este asalto democrático?