Banderazo a los amparos

Los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones tienen el camino delineado, luego que un tribunal en Sinaloa revirtió la reducción salarial a una magistrada federal.

Con la primera suspensión provisional de amparo a la magistrada federal, se abre la puerta a que cualquier servidor público federal pueda ampararse contra la reducción de sueldos.

La magistrada del Tribunal Colegiado en materia del trabajo del décimo segundo circuito, Sonia Castro Rojas obtuvo la primera suspensión provisional para que no se le aplique “los autos de las Cámaras de Diputados y Senadores” en sus artículos inconstitucionales, que obligarían a bajarle su sueldo a partir del 1 de diciembre a menos de 108 mil pesos mensuales, que será el salario del presidente de la República.

Se critica la Ley de Remuneraciones por decir DF y no Cd. de México, pero el transitorio de la reforma a la CPEUM dice: «todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México».

— Martí Batres (@martibatres) November 5, 2018

El juez federal argumentó que la ley Federal de Remuneraciones que fue publicada el 5 de noviembre, es una transgresión directa al artículo 17 constitucional, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia.

La sentencia indica la necesidad de salvaguardar la independencia judicial, la ley debe garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo, por los períodos establecidos, su independencia y seguridad así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas.

Me da gusto informar que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta el precepto constitucional de que ningún servidor público podrá tener un ingreso superior al del Presidente de la República. pic.twitter.com/DV3Elm2lB7

— Martí Batres (@martibatres) November 5, 2018

Sin embargo, desde el 14 de noviembre, el ministro Luis María Aguilar trazó la ruta legal que podrían seguir los integrantes del poder judicial al aludir al amparo para contrarrestar cualquier violación a la Constitución y abuso de autoridad. También defendió los sueldos de los funcionarios judiciales.

“Cada peso de nuestra justa remuneración lo hemos devengado en años de dedicación, de trabajo y sin descanso”, expuso el presidente de la Corte.