Ayotzinapa: El derrumbe

Esta captura de pantalla indica que un coronel del Ejército ordenó el asesinato de seis estudiantes normalistas de Ayotzinapa la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Sólo hay un problema: estas dos palomitas azules del WhatsApp no habían sido incorporadas a la aplicación en ese entonces. Se trata de una fabricación, reconocida por el propio Alejandro Encinas y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

La credibilidad del caso Ayotzinapa prácticamente se ha derrumbado.

El GIEI, la organización más cercana a los padres de los 43 normalistas y que hasta hace meses era un aliado de la oficina de Alejandro Encinas, descalificó 181 de las 467 capturas de pantalla utilizadas por el gobierno para construir el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

¿Por qué importa todo esto? Primero, porque demuestra las fallas estructurales y los intereses encontrados para conseguir justicia en un caso en el que incluso llegó a existir una deliberada voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y después, porque el desarrollo reciente del caso Ayotzinapa abre un nuevo capítulo sobre la relación del poder militar con el poder civil en México.

El informe de la Comisión de la Verdad sentó la base de las acusaciones de Alejandro Encinas contra dos altos mandos del Ejército que ascendieron rápidamente después de la Noche de Iguala:

1. El general Alejandro Saavedra, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, quien se convertiría en jefe del Estado Mayor y en el candidato predilecto del general Salvador Cienfuegos para sucederlo como secretario de la Defensa Nacional.

2. El coronel José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar el asesinato de seis normalistas, y que sería ascendido a general brigadier. Actualmente se encuentra bajo proceso en una prisión militar.

Los abogados del general Rodríguez Pérez sostienen que las acusaciones contra su cliente son una fabricación orquestada por Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos que el martes en la mañana fue ratificado en su puesto por el presidente López Obrador.

Encinas cometió el grave error de incorporar material no verificado al informe de la Comisión, algo que admitió públicamente en una entrevista con The New York Times.

Esto ha derrumbado la credibilidad de la investigación del caso Ayotzinapa. La conclusión ha significado también el quiebre del GIEI. Dos de los cuatro miembros del grupo han terminado su participación por considerar que no existen condiciones para que la investigación llegue a buen puerto.

En los hechos, el control de la investigación pasó a manos de Alejandro Encinas a las del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Esto es una consecuencia de la renuncia de Omar Gómez Trejo, antiguo secretario técnico del GIEI, como fiscal especial del caso Ayotzinapa.

La salida de Gómez Trejo fue una reacción a la decisión de la oficina de Alejandro Gertz Manero de cancelar 21 de las 83  órdenes de aprehensión solicitadas por la fiscalía especial, particularmente aquellas acusaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Previo a la renuncia de Gómez Trejo, la unidad de asuntos internos de la fiscalía desplazó al equipo de la fiscalía especial en la investigación del caso.

El cambio de estafeta empezó con la acusación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, que ocurrió un día después de la presentación del informe de la comisión presidencial. La detención, a la que Gómez Trejo se oponía, se realizó en condiciones irregulares.

Dentro de la fiscalía se da prácticamente por hecho que los militares acusados por la fiscalía especial serán exculpados por la oficina de Alejandro Gertz Manero.

Es cierto que ha sido manchada la credibilidad pública del informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa.

Pero también es cierto que no hay explicación de por qué se cancelaron las 21 órdenes de aprehensión y que los casos abiertos contra miembros del Ejército están basados en otros dos elementos cuya validez está por decidirse en tribunales:

1. La declaración de testigos protegidos. Esto incluye a antiguos miembros del aparato de seguridad e inteligencia del gobierno mexicano.

2. Las escuchas obtenidas por la DEA a Guerreros Unidos y que muestran una evidente relación con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería.

¿Habrá impunidad? Eso se sabrá muy pronto.