Autoriza Corte UIF en Fiscalía de NL con facultades acotadas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de Nuevo León sí tiene facultades para crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Fiscalía General de Justicia del estado; sin embargo, acotó que esta instancia no puede ser la única autoridad facultada para congelar cuentas o inmovilizar activos financieros.

Por mayoría de votos, el Pleno declaró constitucional la reforma al artículo 33 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Nuevo León, aprobada en 2022 por el Congreso local, que permite que la UIF deje de depender de la Tesorería estatal y pase a la Fiscalía. La iniciativa había sido vetada por el gobernador Samuel García, quien argumentó una invasión a las facultades del Poder Ejecutivo.

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, precisó que el Legislativo local puede definir las atribuciones de una Fiscalía para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, al no tratarse de funciones exclusivamente administrativas.

No obstante, la Corte invalidó el apartado que otorgaba a esta Fiscalía la facultad exclusiva de congelar cuentas bancarias, al establecer que dichas atribuciones siguen correspondiendo tanto a autoridades federales como estatales, según el ámbito de competencia.

Durante el debate, el ministro presidente Hugo Aguilar expresó reservas sobre el modelo de investigación financiera planteado, al advertir que mezcla funciones administrativas y penales que, a nivel federal, recaen en instancias distintas. En contraste, ministras como Sara Irene Herrerías respaldaron la creación de la Fiscalía, aunque subrayaron que el acceso a información financiera debe limitarse a hechos ilícitos de su competencia.

La ministra Lenia Batres advirtió que la reforma podría vulnerar atribuciones del Ejecutivo estatal, mientras que la ministra Loretta Ortiz votó por invalidar disposiciones que, a su juicio, afectan el principio de división de poderes.

La resolución tendrá efectos retroactivos, al tratarse de materia penal, por lo que deberán dejarse sin efecto los aseguramientos de cuentas realizados bajo esta norma desde su entrada en vigor, el 13 de febrero de 2024.

Con este fallo, la Corte pone fin a una disputa legal de más de tres años entre el Congreso local y el Ejecutivo estatal, al tiempo que redefine los límites de la inteligencia financiera en Nuevo León.