“Autoritarismo competitivo”: La cara del nuevo régimen en México

Por décadas, la independencia judicial se mantuvo como un frágil contrapeso en México. Hoy, con la reciente Reforma Judicial promovida por el gobierno de Morena, México entra en un nuevo régimen político descrito por una pléyade de expertos en Derecho Constitucional como “autoritarismo competitivo”, donde las formas democráticas coexisten con prácticas profundamente antidemocráticas.

El sometimiento del Poder Judicial al voto popular ha sido presentado como un avance democrático. Sin embargo, un grupo de abogados críticos de la reforma argumentan que esta transformación podría consolidar un régimen de partido hegemónico, debilitando los contrapesos institucionales y la independencia judicial.

Roberto Gargarella, destacado constitucionalista argentino y coordinador del Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política, ha sido uno de los críticos más severos de la reforma. En sus redes sociales, afirmó: “La Reforma Judicial en México es inconstitucional / anticonvencional todo a lo largo: ilegal en términos procedimentales; abusiva en términos sustantivos; regresiva en términos institucionales; y peligrosa en términos políticos”.

El académico sostiene que la Reforma Judicial implica riesgos fundamentales para la democracia mexicana: “Estamos ante una erosión de los contrapesos institucionales que coloca al país en una pendiente peligrosa hacia un régimen de concentración absoluta del poder”. Para Gargarella, la elección popular de jueces que contempla esta reforma no fortalece, sino que debilita la justicia al convertirla en rehén de los vaivenes partidistas y electorales.

En este contexto, México se convierte en una anomalía democrática internacional, siendo uno de los pocos países en elegir popularmente a todos sus jueces. Esto no sólo facilita que Morena controle el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que, según Gargarella, establece un sistema hegemónico donde la legitimidad de las instituciones será siempre cuestionable debido a su politización extrema.

Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha señalado que la reforma representa un desmantelamiento de los contrapesos institucionales. En su análisis, advierte que la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial separado de la SCJN, junto con la creación de un tribunal de disciplina judicial, podría concentrar el poder en el Ejecutivo, debilitando la autonomía del Poder Judicial.

En ese tenor, Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha calificado la reforma como “profundamente regresiva”. En una entrevista, expresó: “La SCJN dejó pasar una gran oportunidad para resolver esta crisis constitucional. La reforma es profundamente regresiva”, hablando sobre el rechazo a una acción de inconstitucionalidad que en octubre de 2024 pudo haber invalidado la elección de jueces, magistrados y ministros.

De igual manera, Diego Valadés, ex ministro de la SCJN y académico emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha expresado su preocupación por la concentración de poder derivada de la reforma. En una entrevista, señaló: “Será inevitable hacer una reforma de la Reforma Judicial”. Valadés argumenta que la reforma debilita la estructura institucional del país y podría tener consecuencias negativas para la democracia mexicana.

Catalina Pérez Correa, profesora de Derecho en el ITAM e investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, ha advertido sobre los riesgos de politización de la judicatura: “La gente quiere reformar al Poder Judicial, pero no como se está llevando”.

La Reforma Judicial en México, lejos de fortalecer la democracia, podría estar consolidando un régimen de partido hegemónico, donde los contrapesos institucionales se debilitan y la independencia judicial se ve comprometida. Las voces de expertos como Gargarella, Garza Onofre, Martín Reyes, Valadés y Pérez Correa coinciden en señalar los peligros de una reforma que, bajo la apariencia de democratización, podría estar pavimentando el camino hacia un “autoritarismo competitivo”.