Atentado en Tamaulipas: ¿Quién dio la orden?

Las imágenes son brutales: el delegado federal de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, se arrastra por el suelo para salir de una camioneta en llamas que fue atacada con una granada. Mientras agonizaba, sicarios de un comando criminal lo rematan a tiros en el piso. La sangre, el humo y el fuego recorren las redes sociales. El mensaje llegó a Palacio Nacional el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una decisión trascendental: entregar el control de la Unidad de Inteligencia Financiera a Omar Reyes, un funcionario de toda la confianza del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

La ejecución en Reynosa, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ocurrió a plena luz del día, en una avenida principal de la ciudad y con violencia extrema. Claramente, el objetivo fue provocar una reacción. El asesinato de Vázquez Reyna fue planificado, profesional y profundamente simbólico. Se cruzó una línea roja que evoca el crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores íntimos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en mayo de 2025. Ya sea en las estructuras de los cárteles, en el sistema político, o en ambas instancias, hay personajes a quienes les incomodan las decisiones que se están tomando en el gobierno federal. 

En público, la Fiscalía General de la República comunicó que el móvil detrás del crimen contra Vázquez Reyna fue una reacción al decomiso reciente de 1.8 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa. El operativo fue ejecutado por el equipo de García Harfuch.

Sin embargo, en privado, fuentes de inteligencia fueron más específicas: atribuyen la responsabilidad material del homicidio del delegado de la FGR a la facción del Cártel del Golfo que comanda César Morfín Morfín, alias ‘El Primito’. Los operadores del asesinato, aseguran, se identifican como ‘Metro 36’, ‘Maro 42’ y ‘Metro 41’.

En mayo, ‘El Primito’ fue designado por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un jugador central en una red de huachicol que conecta al Cártel del Golfo con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El reporte del FinCEN señala textualmente: “Dado su control sobre los puentes de los puertos de entrada entre las regiones fronterizas de Tamaulipas y Texas, ‘Primito’ también cobra tasas a cualquier camión que traslade crudo a Estados Unidos a través de estas rutas. Sus subordinados y asociados le ayudan a falsificar documentos aduaneros oficiales para facilitar el contrabando transfronterizo de crudo robado”.

Parece inexplicable, pero Ernesto Vázquez Reyna fue asesinado porque viajó sin seguridad, sin escoltas y sin un vehículo con blindaje nivel 5. Quienes conocen a fondo la dinámica criminal de Reynosa sostienen que el delegado federal se sentía cómodo viajando sin protección porque tenía acuerdos con ‘El Primito’ y con su Estado Mayor. Vázquez Reyna fue delegado federal de la FGR en Tamaulipas por lo menos desde el año 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia. En este periodo, la facción del Cártel del Golfo que comanda César Morfín Morfín se fortaleció y el negocio del huachicol creció de manera exponencial.

El cambio de política de seguridad de la administración de Claudia Sheinbaum, particularmente la cruzada de García Harfuch contra los antiguos operadores del huachicol fiscal, fue la sentencia de muerte de Vázquez Reyna. El delegado de la FGR en Tamaulipas habría sido incapaz de respetar los acuerdos que colocaron al ‘Primito’ como uno de los grandes jugadores de la industria del contrabando de hidrocarburos en México.

Por omisión o complicidad, el delegado de la FGR en Tamaulipas permitió el ascenso de esta facción del Cártel del Golfo. Pero no fue el único. El actual secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, designado apenas el 1 de julio de este año, el general Arturo Pancardo, es un actor clave en el mapa de seguridad de Reynosa. Fue comandante de la Octava Zona Militar en esta ciudad. Antes, fue comandante del mando especial de Badiraguato, Sinaloa y jefe del Estado Mayor de la Cuarta Región Militar en Nuevo León y Tamaulipas.

El asesinato de Vázquez Reyna no puede entenderse sin el contexto nacional. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar en la Unidad de Inteligencia Financiera a un incondicional de Omar García Harfuch coincidió con una respuesta brutal y simultánea en distintas partes del país: la ejecución en Reynosa, el asesinato de un líder sindical en Cancún (Mario Machuca), el descubrimiento de restos humanos en bolsas, regados por la carretera en Poza Rica y un motín en el penal de Tuxpan.

Este último hecho es particularmente sensible para el equipo de García Harfuch. Al mismo tiempo que circulaba la noticia que Omar Reyes, titular del sistema penitenciario federal, sería el nuevo director de la UIF, los internos del penal de Tuxpan provocaron una irrupción violenta. El estallido se atribuyó, precisamente, a las presiones de la Mafia Veracruzana, antes conocida como el Grupo Sombra del Cártel del Golfo. Sí, otra vez el Cártel del Golfo.

En la trama hay un común denominador adicional. ¿De dónde es originario el general Pancardo, el mando que durante su paso como jefe de la zona militar de  Reynosa, por omisión o complicidad, permitió el ascenso de Los Metros del Cártel del Golfo? De Tuxpan.

Esto no es un indicador automático de culpabilidad ni representa la base de una acusación. Sin embargo, en un momento en el que la presidenta Claudia Sheinbaum disputa dinero, poder y posiciones con la herencia lopezobradorista y sus socios del huachicol fiscal, sería negligente no poner bajo escrutinio todos los elementos que rodean al asesinato de Enrique Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas. La trama exige, por supuesto, un enfoque en las redes políticas y empresariales de Reynosa, sobre todo, aquellas que han enfrentado cuestionamientos por potenciales vínculos con el huachicol desde instancias de inteligencia militar: el senador morenista José Ramón Gómez Leal, vinculado al número dos de Aduanas, Alex Tonatiuh Márquez; la empresa Grupo Burgos, con profundas conexiones a la estructura electoral de Morena de 2024; o el alcalde Carlos Ortiz, cercano al propio general Pancardo y quien fue detectado por agencias de inteligencia norteamericanas como un asistente a una reunión en el restaurante Pappadeaux en Pharr, Texas junto a Rafael Marín Mollinedo, número uno de Aduanas, y junto a José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las imágenes de sangre, humo y fuego de la ejecución en Reynosa son señales de una guerra vigente dentro de la 4T. La pregunta esencial: ¿Quién dio la orden del asesinato?