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25 de Enero del 2019

En México, criminalizar el aborto es la regla, no la excepción

Dafne McPherson pasó casi tres años en la cárcel por un aborto espontáneo. Como ella, miles de mujeres son criminalizadas por el Estado mexicano, sin importar las circunstancias. El problema está en lo más profundo de nuestras instituciones
Dafne McPherson fue absuelta por un juez de Querétaro del delito de homicidio calificado contra su hija recién nacida, cargo por el que fue condenada a 16 años de cárcel, y por el que estuvo tres años en prisión. Dafne fue acusada luego de tener un parto espontáneo en el baño de la tienda donde trabajaba. Eso sucedió el 17 de febrero de 2015. Fue hasta el 23 de enero de este año que salió de prisión, luego de demostrar que la muerte de la recién nacida fue por un alumbramiento en un sitio inoportuno y por falta de atención médica. Pero el caso de Dafne no es único. Aunque no hay un registro oficial, se estima que hay entre 600 y 800 mujeres en situaciones similares, de acuerdo a organizaciones como Las Libres, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y otros organismos en defensa de las mujeres.

¿Cuál es el problema de fondo? Nuestras leyes e instituciones:

La brecha

En México es legal abortar siempre y cuando el embarazo sea producto de una violación, la madre corra riesgo, haya una malformación congénita o genética del feto, inseminación artificial no permitida, o en los llamados “abortos imprudenciales” que suceden por accidente, enfermedad o porque el cuerpo de la madre rechaza el embarazo. Pero, en la realidad, esto no siempre se respeta.

Legislaciones

En 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México despenalizó el aborto para que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo por cualquier motivo, siempre y cuando fuera durante las primeras 12 semanas de gestación. Posteriormente, 17 entidades modificaron sus códigos civiles para garantizar el derecho a la concepción; lo que dio origen a la criminalización del aborto, aun cuando éste no era intencional. También derivó en la persecución de mujeres que llegaban sangrando a los hospitales por abortos espontáneos. "Más del 70 por ciento tiene que ver con abortos espontáneos, pero están criminalizadas por homicidio en razón de parentesco (un delito que tiene una pena mayor)", explicó a la BBC Verónica Cruzm directora de Las Libres. El aborto es ilegal en 31 entidades federativas, pero este se agrava cuando lo tipifican como homicidio con razón de parentesco. En ese caso la condena puede elevarse hasta 50 años en algunos estados.

Códigos penales

El código penal de algunos estados como Tamaulipas y Yucatán contempla que la pena es de uno a cinco años y de tres meses a un año, respectivamente. Sin embargo, en ambas entidades la condena puede sustituirse por un tratamiento médico integral. “El tratamiento referido en este precepto será provisto por las Instituciones de Salud del Estado y tendrá como objeto apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al fortalecimiento de la familia”, es el texto literal del código penal de Tamaulipas. En el Estado de México, la pena por abortar es de uno a tres años de prisión para la madre, pero si lo hace para ocultar la ‘deshonra’, la condena es de seis meses a dos años. Por otro lado, en estados como Oaxaca, Puebla y Zacatecas, la condena de prisión puede aumentar si la mujer tiene ‘mala fama’; es decir, que haya logrado ocultar el embarazo y que sea fruto de una unión ilegítima. La especificación de ‘mala fama’ también es aplicada en el Código de Penal Federal artículo 332 y puede elevar una condena de una mínima (seis meses a un año) a una máxima (de un año a cinco en prisión).

Ignorancia

México carece de un registro nacional de las mujeres presas por abortar, ya que algunas son encarceladas por razón de parentesco. Organizaciones civiles aseguran que el común denominador entre todas ellas es que son pobres o de escasos estudios y, en algunos casos documentados, las acusadas han sido indígenas que no hablaban español.

Factores que pueden ayudarlas

En el 2015, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar encabezó un proyecto de inconstitucionalidad de los artículos 332 (ya mencionado), y el 334 (que especifica cuando la mujer no será sancionada por abortar) del Código Penal Federal. El entonces ministro, intentaba ir contra la criminalización del aborto y además conceder un amparo a una mujer que era acusada de realizarse uno. Actualmente, Zaldívar es Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se espera que en su nuevo puesto siga defendiendo la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Por otro lado el 8 de enero de este año la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, destacó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se habían liberado 16 presos políticos, pero también señaló que hay una mesa de trabajo para revisar los 368 casos de as personas que fueron privadas de su libertad sin esclarecer del todo sus delitos. En ese discurso agregó que hay más casos de personas detenidas que tienen procesos en sus estados, no federales, y por el momento solo se enfocan en los segundos. Posteriormente,refirió que podrían comenzar a revisar las causas de carácter local, como los son las mujeres que han sido acusadas de aborto.