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29 de Abril del 2019

Así (no) se mueve Nuevo León

El gobierno del Estado de NL aún no logra llegar a un acuerdo con transportistas, quienes buscar aumentar las tarifas del transporte público
Miles de habitantes del área metropolitana de Monterrey resultaron afectados este lunes luego de que transportistas decidieron parar decenas de rutas. Esto como medida de presión frente a las autoridades estatales, con quienes mantienen una negociación por los aumentos a las tarifas del transporte público. El servicio fue suspendido de las 5:00 horas a las 8:00 horas aproximadamente, y coincidió con el regreso a clases de miles de alumnos. Esto provocó que cientos de usuarios permanecieran hasta una hora y media abarrotando las paradas de autobuses, en espera de las unidades. El Secretario de Gobierno, Manuel González, aseguró que los transportistas ya no realizarán paros e insistió en que será hasta el 7 de mayo que se lleve a cabo la reunión del Consejo de Transporte para definir las tarifas. "Estamos en el final de las negociaciones, todas de una manera u otra son medidas de presión para que esto funcione, el día de hoy será lanzada la convocatoria, pero irá y fijará los trabajos del Consejo para el 7 de mayo, como extraoficialmente se había comentado". "No vamos a permitir, aunque sea como medida de austeridad que ocurra esto (el paro), ellos están dispuestos a ayudar a la ciudadanía y no tendremos problema".

Preparan demanda

En tanto, abogados del despacho Huizar & Asociados, acudieran a dejar una iniciativa de ley para adicionar a Código Penal un capítulo y artículos correspondientes para sancionar a los concesionarios del transporte. "Se busca sancionar a concesionarios o permisionarios por lo ocurrido el día de hoy, ya sea que lo minimicen, reduzcan o cancelen el servicio a la comunidad y que sean sancionados con una pena de 6 a 12 años de prisión para que no tengan beneficio de ninguna condena condicional", indicó el abogado Fernando Martínez Huizar al noticiero regiomontano Info 7. El abogado criticó la búsqueda de mayores ingresos por parte de los transportistas a costa del bienestar de la gran mayoría de la población del Estado.